Jesús Quiñónez Márquez era director de Enlace Internacional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California cuando, en julio de 2010, fue detenido al cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No fue el único. Cuarenta y tres personas más fueron aprehendidas por elementos del FBI (Buró Federal de Investigación), en un operativo que llamaron “Luz Verde”. A Quiñónez, por entonces uno de los funcionarios de más confianza del procurador Rommel Moreno Manjarrez, lo aprehendieron bajo cargos de conspiración criminal y delincuencia. Se le acusó y el aceptó ser culpable posteriormente, de haber conspirado para lavar dinero del Cártel Arellano Félix y proporcionar información a quien en aquella época lo encabezaba, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, detenido en 2014 en Tijuana, Baja California. En efecto Quiñónez, quien primero alegó inocencia, después se confesó culpable. Admitió a la fiscal Laura Duffy haber ayudado a miembros del CAF para que evadieran un arresto por doble asesinato, además de proporcionar información y aprovechar su cargo en la PGJE para proteger a Sánchez Arellano y encubrir sus actividades criminales. Por los delitos que se le imputaron en la Unión Americana, por los cuales fue juzgado y sentenciado a una pena de ocho años de prisión, Quiñónez Márquez nunca fue procesado en México. En 2017, después de siete años tras las rejas, fue puesto en libertad y deportado hacia México. Impune en el país en que cometió los delitos que aceptó en la EU para proteger al Cártel Arellano Félix, está de regreso. Jesús ha sido visto laborando en la Secretaría General de Gobierno, adonde llegó contratado por Amador Rodríguez Lozano. Con todo y sus antecedentes penales, la declaratoria de culpabilidad, la aceptación de haber contribuido para que Fernando Sánchez Arellano y otros miembros del CAF evadieran la justicia y lavaran dinero, Quiñónez regresó a trabajar en el gobierno que presume la Cuarta Transformación.
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