El sistema judicial federal mantiene bajo proceso penal por delincuencia organizada y contrabando de combustible al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, caso que contrasta con la posición de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien cuenta con el respaldo de la administración federal a pesar de los señalamientos en su contra por la difusión de audios que la involucran en presuntas gestiones irregulares ante autoridades extranjeras.
El 23 de julio de 2026, tras la vinculación a proceso en contra de Ruffo y siete coimputados, la jueza Alejandra Ramírez De la Vega ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del político y empresario ensenadense, en tanto a otros dos de los implicados se les decretó resguardo domiciliario por padecimientos de salud. La defensa legal de Ruffo Appel ha interpuesto diversos recursos ante el Poder Judicial de la Federación para combatir lo que califican como violaciones sistemáticas a sus derechos constitucionales.
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México radicó las demandas de amparo 827/2026 y 828/2026, promovidas ante presuntos actos de incomunicación y tortura sufridos por el quejoso dentro del penal de máxima seguridad. En la primera de ellas, se comisionó a un actuario judicial para verificar la condición física de Ernesto Ruffo y solicitar la ratificación de la demanda, debido a que el escrito inicial, proveniente de un juzgado en Colima que se declaró incompetente, no especificaba las autoridades responsables ni los antecedentes cronológicos de la incomunicación.
El segundo de los casos aborda alegatos de malos tratos físicos y psicológicos, aunque el juzgador requirió a la representación legal una narración sucinta de los hechos para dar curso al trámite. Estos recursos legales coinciden con las declaraciones públicas de Verónica Ruffo, hija del exgobernador, quien tras visitarlo en prisión sostuvo que su padre es un preso político y denunció la inexistencia de pruebas que sustenten las imputaciones de la fiscalía. Según su testimonio, el exmandatario fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana hacia la capital del país bajo condiciones que ella describió como persecución política.
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El equipo jurídico, integrado por los abogados Ismael Chacón Güereña, Juan Marcos Gutiérrez, en Tijuana, y Fernando Gómez Mont en el centro del país, ha señalado tres ejes principales de violación al debido proceso.
El primero refiere a la exposición pública de elementos de la carpeta de investigación por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la fiscal Ernestina Godoy Ramos y la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, antes de concluir la audiencia de vinculación. Chacón Güereña argumentó que la mandataria federal emitió opiniones de responsabilidad penal directa contra el imputado, vulnerando la presunción de inocencia.
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El segundo eje señala un trato discriminatorio, pues mientras otros coimputados en la misma causa penal 253/2026 se encuentran en sus domicilios o en penales de mínima seguridad, Ruffo Appel fue internado en el Altiplano bajo el régimen de delincuentes de alta peligrosidad. Finalmente, la defensa cuestionó el carácter privado de las audiencias de imputación y vinculación, figura que consideran inexistente en la legislación penal vigente y que contraviene estándares internacionales de transparencia judicial establecidos por organismos como Amnistía Internacional.
La detención de Ruffo Appel generó movilizaciones sociales en Tijuana, donde cientos de ciudadanos y militantes del Partido Acción Nacional se manifestaron para exigir “piso parejo” en la aplicación de la justicia. Durante estas protestas, se presentaron quejas ante la oficina regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se formalizó una denuncia penal contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ante la delegación de la FGR. La denuncia, respaldada por un grupo de 30 ciudadanos y encabezada por el abogado Juan Marcos Gutiérrez, señala a la mandataria estatal por la presunta comisión de ilícitos relacionados con el manejo de información sensible de las Mesas de Seguridad, la cual habría sido comprometida a cambio de beneficios personales en el ámbito penal.
Este señalamiento surge en el contexto de la filtración de audios en los que se escucha a Ávila Olmeda dialogar sobre la revocación de su visa estadounidense y la intervención de presuntos intermediarios del FBI para recuperar el documento. Ante la difusión de este material sonoro, la gobernadora Marina del Pilar presentó su propia denuncia contra quienes resulten responsables de la grabación y distribución de las conversaciones.
La mandataria calificó el incidente como una “emboscada” orquestada por su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, quien supuestamente le ofreció ayuda para gestionar la recuperación de su visa con el fin de grabarla de manera subrepticia. Marina del Pilar sostuvo que la publicación de estos audios tiene fines electorales con miras al proceso sucesorio de la gubernatura en 2027 y admitió desconocer los motivos oficiales por los cuales las autoridades de Estados Unidos le cancelaron el permiso de entrada a ese país.
A diferencia del proceso contra Ruffo, la administración federal ha mantenido una postura de defensa hacia la gobernadora; la Presidenta Sheinbaum negó enfáticamente que se utilicen las instituciones de justicia con fines políticos, asegurando que en el caso del ex gobernador panista existen evidencias sólidas sobre un fraude al Estado mexicano, operado mediante un modelo de contrabando de combustible que involucra a otras ocho personas detenidas.
Como un elemento distractor dentro de la narrativa oficial, durante la conferencia matutina del 29 de julio de 2026 se introdujo el tema de una posible investigación contra Ernesto Ruffo por presuntos nexos con el Cártel de los Arellano Félix ocurridos durante su gestión en la década de los noventa. La Presidenta Sheinbaum Pardo refirió que la FGR debe analizar si es pertinente abrir una carpeta por estos supuestos vínculos históricos, comparando la información reciente con señalamientos realizados en redes sociales por Felipe Calderón en 2017 y presuntas declaraciones de narcotraficantes que datan de 1993.
Esta mención sobre hechos ocurridos hace más de tres décadas, sin pruebas judiciales, sólo dichos, se produce mientras la defensa de Ruffo intenta acreditar que los actos reclamados en las demandas de amparo recientemente formuladas representan violaciones graves a los derechos humanos en el presente.
