La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), giró, este martes 19 de octubre, una ficha roja para buscar en 194 países la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes cuentan con una orden de aprehensión en México, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
El pasado 29 de septiembre, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra Gómez Mont Arena y Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong (2012-2018).
La FGR señaló que los implicados -entre los que está Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron 2 mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS. De los ex funcionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encuentran José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya cuenta con citatorio para una audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
La FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
LOS PROBLEMAS LEGALES DE GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO
Desde el pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados por supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que un juez giró una orden de aprehensión en contra de ambos.
Se presume que Gómez Mont Arena y su esposo se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría de ser detenidos. Pero los problemas legales de ambos no son recientes. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma. En 2016, la presentadora de televisión fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
De ser encontrada culpable, Gómez Mont, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión. Sin embargo, ayer martes 28 de septiembre, la conductora de televisión aseguró que las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido casi 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero.
“Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista”, afirmó Gómez Mont Arena a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Instagram, en el cual indicó, también, que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.
Asimismo, la conductora de televisión dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de que afirmó ser inocente, al no haber cometido algún delito. “Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, expresó.
Inés Gómez Mont Arena es sobrina de Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), y quien desde el 10 de noviembre del 2008 hasta el 14 de julio del 2010 se desempeñó como el titular de la SEGOB durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
