La fracción del PT recalcó que circula información sobre pagos de cifras millonarias a trabajadores de la XV Legislatura; ahora auditará la gestión de las y los legisladores que terminaron funciones, para aclarar ante la opinión pública el uso que se le dio a los recursos del Poder Legislativo
El diputado coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, movió las primeras cartas de la rendición de cuentas, para examinar los resultados financieros de la legislatura que acaba de terminar.
Por medio de un punto de acuerdo, propuso que la XVI Legislatura del Congreso del Estado, a través de la Contraloría del Poder Legislativo y en coordinación con la Comisión Permanente de Cuenta y Administración, realice lo antes posible una revisión de las cuentas entregadas por la XV Legislatura.
En caso de resultar alguna anomalía, detalló que la Contraloría, una vez que concluya las investigaciones y los procedimientos ordenados por el Congreso local, deberá informar y proceder en términos de lo establecido por la fracción III del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
“Sin menoscabo de todo lo anterior, y con la finalidad de robustecer los resultados del trabajo que se realicen en términos de lo citado en los dos anteriores puntos, podrá llevarse a cabo, por conducto de la Comisión Permanente de Cuenta y Administración de esta XVI Legislatura, una segunda auditoría de carácter externo, con el objeto de verificar que el gasto realizado por la anterior Legislatura, fue en términos de los criterios generales para la operación administrativa de la dependencias del Poder Legislativo”, explicó en Tribuna.
El diputado recordó que en diversos espacios han surgido denuncias y señalamientos por supuestos pagos millonarios por conceptos de liquidación entregados a personal administrativo de la legislatura pasada. Aunque este tema aún no ha sido confirmado, por lo que una de los objetivos de la revisión de cuentas es aclarar esto ante la opinión pública.
“En diferentes medios de comunicación masiva, hemos leído y escuchado en días recientes, cómo se habla de cheques con sumas importantes de recursos que se pagaron a algunos funcionarios de la legislatura pasada, y es nuestra obligación saber si esos recursos fueron entregados o no, de forma legal”, dijo.
El punto de acuerdo también ordena la inspección y revisión del uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Legislativo.
Aclaró que, en caso de detectarse responsabilidades administrativas, se deberán aplicar los procedimientos correspondientes a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
En caso de encontrarse faltas administrativas graves, se ejercerá la acción de responsabilidad en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, sin dejar de lado -y de ser necesario- que presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes.
La iniciativa del diputado petista, Armando Días, fue enviada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política a revisión; una vez que termine la revisión, determinarán en votación si procede o no la auditoría.
