El gobierno de Baja California adeuda al Ayuntamiento de Tijuana mil 435 millones de pesos por concepto de participaciones federales no entregadas y los intereses generados. En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen observaciones a la Cuenta Pública 2017, 2018 y 2019 sin que ninguna se haya traducido en denuncias penales.
La mayor parte del adeudo que mantiene el gobierno estatal corresponde a la actual administración de Jaime Bonilla Valdez, que dejó de entregar 934 millones de pesos al gobierno municipal. Además de los 250 millones de pesos que datan del gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid, quien tampoco transfirió la totalidad del recurso federal que correspondía al municipio.
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En días pasados, la alcaldesa Karla Patricia Ruiz Macfarland dijo a ZETA que el gobierno estatal aún debía al municipio “como 500 millones”; sin embargo, versiones extraoficiales indican que el adeudo es casi tres veces mayor, a menos de dos meses de que concluya la gestión de Bonilla Valdez.
Al 10 de septiembre pasado, el gobierno del Estado debía 400 millones de pesos más recargos al Ayuntamiento de Mexicali, presidido por Guadalupe Mora Quiñones, también por participaciones federales no entregadas.
Mañana, 15 de septiembre de 2021, el secretario de Hacienda Adalberto González Higuera acudirá al Congreso de Baja California con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno de Bonilla Valdez, donde se espera se toque este y otros temas financieros.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina García comentó este martes que hubo varios actos de los municipios en los que se permitió al gobierno del Estado que no les entregaran participaciones federales para que el gobierno del Estado pudiera salir delante de sus compromisos financieros. Los cuales fueron informados al Congreso ya que se habían celebrado.
No obstante, no hay claridad bajo qué figura se hicieron tales acuerdos toda vez que por Ley las participaciones son inembargables, no pueden ser retenidas y deben transferirse a más tardar cinco días después de que el gobierno del Estado las recibió de la Federación.
Molina García comentó “¿Fue un convenio de coordinación fiscal Estado-municipio? Un convenio de coordinación fiscal Estado-municipio van a tener que acudir a la SCJN para poder cobrar. Nosotros como Congreso es un acto que ellos ejecutaron. Se tiene que analizar a detalle, no es un préstamo propiamente, sino me espero para recibir mis participaciones, utilízalas y luego entrégamelas, pero las participaciones tenían un destino”.
Por ello, el diputado morenista previó que el problema se quedará a la próxima administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
