El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, este viernes 24 de septiembre, que funcionarios y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aplicaban una especie de “chantaje” al Gobierno Federal para que les fueran otorgados recursos para viajes con “lujos y extravagancias”.
El mandatario nacional explicó que gracias a sus influencias en los medios de comunicación y con la intelectualidad “orgánica” al servicio de los regímenes “neoliberales”, los funcionarios y científicos podían presionar para que se les entregaran partidas presupuestarias.
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“Ahora que hay esta polémica con los del CONACYT, tenían una asociación civil un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto hasta para sus lujos”, afirmó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Y como tenían mucha influencia y buenas agarraderas y buenas relaciones con los medios y con la intelectualidad orgánica del régimen, era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
López Obrador expuso que en gobierno pasados, a estos académicos se les pagaban viajes a congresos con cargo al Gobierno, lo cual implicaba un lujo. Asimismo, lamentó que la comunidad científica recrimine a su Administración la falta de apoyos a la ciencia y tecnología, sólo porque fueron cortados los lujos y extravagancias a las que estaban acostumbrados.
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“Y cuando ya desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica que habían hecho nada. Coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos”, dijo el político tabasqueño.
“Se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social, en lo humano y no poseer valores porque eso es lo que hizo el neoliberalismo, individualizó, dejó sin dimensión social, humana, la educación, la investigación ojalá y se pueda conseguir”, afirmó el mandatario nacional.
“Es un grupo de investigadores que formaron una asociación civil: recibían dinero para choferes, celulares, servicios, restaurantes de lujo, viajes al extranjero; inmueble de lujo en Coyoacán sin justificación”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal respecto a una indagatoria llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR).
Misma que solicitó a un juez federal órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por “delitos patrimoniales en contra del erario público”, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
López Obrador presentó un fragmento del informe sobre el caso que le envió la directora general del CONACTY, María Elena Álvarez-Buylla Roces, en el que se describe que de 2002 a 2018 investigadores del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico recibieron 100 millones de pesos para proyectos y 471 mdp para gastos de operación.
Dichos gastos de operación consistían en choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios de 40 personas, pago de impuestos, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero. Se documentó también que el FCCyT adquirió un inmueble de lujo en el centro de la alcaldía de Coyoacán, con recursos que no justificó ante el CONACYT.
Además, el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2017 que justificó omisiones de autoridades federales en relación al rescate de cuerpos e investigaciones por la tragedia en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.
“Pero yo le pregunto a la gente, ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? ¿Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo? Que se investigue y si hay corrupción que se castigue. Tiene que acabarse con la impunidad, sea quien sea”, dijo López Obrador.
El mandatario nacional aseveró que su Gobierno ejerce una inversión constante en desarrollo tecnológico, lo cual ha generado importantes avances en innovación de la ciencia mexicana y que ya se ha puesto en marcha en algunos proyectos, como el desarrollo de ventiladores y vacunas anti COVID-19.
“Ahora es investigación aplicada, el CONACYT ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense, [se hicieron] ventiladores para atender enfermos de COVID-19, en los momentos que más se necesitaba”, además de desarrollar la vacuna Patria, de la que López Obrador aseguró “va bien en su desarrollo, está demostrando que es eficaz”.
El presidente López Obrador, una vez más contra la comunidad científica.
Al presumir los logros de Sembrando Vida, acusó que hoy su Gobierno invierte en ciencia y tecnología; porque en sexenios anteriores solo se "pagaban lujos" a investigadores.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 24, 2021
FGR INSISTIRÁ EN CONSEGUIR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció, la noche del pasado 22 de septiembre, que después de que Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, negó las órdenes de aprehensión que solicitó contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por “delitos patrimoniales en contra del erario público”, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), las solicitará de nueva cuenta.
“[…] después de que había sido filtrada a los medios dicha solicitud [de orden de aprehensión] cuando ya se había presentado ante la autoridad judicial, esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso”, indicó la FGR a través de un comunicado.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”, detalló la Fiscalía.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución”, insistió la FGR.
“[…] y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, dijo la Fiscalía, en su comunicado.
“Por esas razones, el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, agregó la FGR.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan. La FGR considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho”, dijo la Fiscalía.
“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, finalizó la Fiscalía General de la República.
#FGRInforma: Posicionamiento sobre la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (@Conacyt_MX).
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— FGR México (@FGRMexico) September 23, 2021
JUEZ NIEGA EN DEFINITIVA GIRAR ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA 31 CIENTÍFICOS DEL CONACYT
Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, negó el pasado 22 de septiembre, las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de los 244 millones de pesos (mdp) que durante seis años otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).
El juez federal consideró que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretenden atribuir a los indiciados, es decir que no existe la tipicidad del delito. La FGR busca imputar a científicos los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como lavado de dinero y delincuencia organizada, porque los integrantes del FCCyT, supuestamente recibieron ilegalmente 50 mdp por parte del CONACYT durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“La FGR [cuyo titular es Alejandro Gertz Manero] puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, difundió el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una tarjeta informativa, citada por diarios nacionales.
En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado -siete días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJ] resolvió que el CONACYT si podía entregar recursos al foro- la FGR solicitó a Salazar Hernández, las órdenes de captura, pero el juez federal las negó, por “considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
Luego, el 21 de septiembre, la Fiscalía General de la República pidió por segunda vez las órdenes de aprehensión contra 31 científicos, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el CONACYT al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Por estos hechos, la FGR inició la carpeta de investigación FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, en la que coincidió con la denunciante, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del CONCAYT, en que fue ilegal que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces encabezado por Enrique Cabrero Mendoza, transfiriera recursos a una asociación civil como el FCCyT.
Sin embargo, el diario Reforma señaló que aunque la FGR imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el dinero en cuestión tenía dos fuentes legales, el Fondo Institucional (FOINS) y el Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Programa F002).
AMLO CONFIRMA IMPUTACIÓN CONTRA LOS CIENTIFICOS
Ese mismo 22 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó sobre el tema que “el que nada debe, nada teme”, y que tenía entendido que sí existía una investigación en curso por supuestos malos manejos en el CONACYT.
“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el CONACYT. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo. No tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo”, señaló el mandatario nacional.
“Nosotros tenemos que acabar con la corrupción. Nada de, cómo se llama lo que se investigó del sexenio pasado, la ‘Estafa Maestra’, universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero. Rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española. Ya no, no debe de haber impunidad para nadie”, señaló el político tabasqueño.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ FEDERAL
En su primera sentencia, Salazar Hernández estimó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”.
Además, el juez federal señaló que “las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -que ya no contempla la existencia de la citada asociación civil-, y que su realización es previa a la reforma efectuada a la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Así, al encontrar, en su momento, “asidero legal la aportación de recursos económicos por parte del Consejo al Foro [Consultivo, Científico y Tecnológico], en su reconocido carácter de asociación civil, entonces los hechos no podían analizarse a la luz del derecho penal”, abundó el juez de control, en una tarjeta informativa.
Por último, Salazar Hernández indicó que en las demás acusaciones penales -uso ilícito de atribuciones, peculado operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada- el Poder Judicial Federal tampoco avaló los señalamientos de la FGR, por lo que se negaron las ordenes de aprehensión solicitadas, en todos sus términos.
LOS IMPUTADOS POR LA FGR
La lista de imputados contra quienes se pidió la orden de aprehensión la encabezan el ex director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza; así como los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López; y el ex Oficial Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
También Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva, y, Elías Micha Zaga.
Además, Inocencio Higuera Clapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro, Rafael Pando Cerón, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, y, Rosa Eugenia Sandoval Bustos.
Asimismo, María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, y, Francisco Salvador Mora Gallegos.
El pasado 8 de septiembre, Cabrero Mendoza fue nombrado por unanimidad miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de su carrera fue director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM).
Por otra parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, fue coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico a partir de 2019. Anteriormente se había desempeñado como directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM y directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT.
Tagüeña Parga está nominada al premio Kalinga de Divulgación Científica, que otorga la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Es doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford y física por la UNAM, además, por su labor científica es investigadora nivel III del SNI.
