Aunque en la página electrónica de la Fiscalía General de la República comandada por Alejandro Gertz Manero, no aparece más el enlace al sitio de recompensas sobre los criminales más buscados de México, en archivos digitales de lo que fue la Procuraduría General de la República, aún quedan vestigios de aquellos que son “objetivos prioritarios” para ser aprehendidos.
Por lo menos aparecen 16 nombres, y se ofertaba una recompensa desde los 5 hasta los 30 millones de pesos, a quienes ofrecieran información que llevara a la captura de alguno de esos criminales considerados peligrosos, la mayoría con actividades en el narcotráfico y el crimen organizado.
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La lista está conformada así:
Ismael “El Mayo” Zambada García, líder criminal del Cártel de Sinaloa. Nemesio Oseguera “El Mencho”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Juan José Esparragoza Moreno, del Cártel de Sinaloa. Mario Alberto Bayardo Hernández, de Los Bayardo. Juan Pablo Guijarro Fragoza, del Cártel de La Línea. Juan Pablo Ledezma Rodríguez, del Cártel de Juárez. Óscar Morales Alvarado y Raúl Jiménez Santamaría, de la organización La Flor. Maxiley Barahona Nadales, de Los Zetas. Clarence Butchereit Ortega, de La Línea. Alfonso Chávez Ruiz, de La Familia Michoacana. Jaime González Piñas, de La Línea. Miguel Hernández Barrón, de Los Zetas. Pablo Mondragón Peña, de Los Caballeros. Además de Juvenal Burciaga y Edgar Omar Dueñas Castro, sólo identificados como criminales organizados.
Como la lista de recompensas de la PGR ya no se continuó abasteciendo, le hacen faltan nombres como el de Adán Salazar Zamorano, líder criminal de “Los Salazar” o su hijo, Jesús Alfredo Salazar; o los jefes de células del Cártel de Sinaloa, los hermanos René y Aquiles Arzate; e incluso los nombres de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán.
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Sólo considerando los que dejó la PGR y aquellas cabezas criminales que la FGE no persigue, son 21 capos de la droga y el crimen organizado que a estas fechas viven en México en la impunidad. Son responsables del trasiego de toneladas de droga de México hacia el mundo, particularmente a Estados Unidos, y motivo de la narcoguerra que se vive en varios estados de la República. En los primeros 32 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han dejado más de 93 mil ejecutados.
Estos criminales, y otros que no aparecen en lista alguna de los más buscados, pero que están identificados en los estados de la República, son quienes ordenan a sus células de sicarios, matar a rivales, a enemigos o por placer. Y quienes siembran, producen, distribuyen, trafican enervantes. Pero ninguno de ellos, aun teniendo todas las agravantes, es considerado enemigo del Estado o investigado para generarle orden de aprehensión. Tienen plena impunidad.
Y esa ha sido la dinámica de la primera administración federal de izquierda en México: no a los golpes espectaculares, no al enfrentamiento, no al combate a los criminales, lo que se reduce a la política de “Abrazos, no balazos”, instaurada por el Presidente López Obrador.
Pero hay otros sectores que sí son investigados por la FGR. Por ejemplo, aunque el ex mandatario Enrique Peña Nieto y sus principales colaboradores siguen impunes, hay políticos del PRI y del PAN en la mira de la Fiscalía General de la República. Lo mismo algunos empresarios que fueron parte de lo que el Presidente identificaba como la mafia del poder.
Llama particularmente la atención, la intensa investigación que el fiscal Gertz Manero ha emprendido contra 31 científicos, miembros todos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un cuerpo colegiado asesor autónomo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de hecho, del Poder Ejecutivo, conformado por investigadores científicos acreditados en el Conacyt.
La FGR de Gertz Manero solicitó a un juez -bueno, no a cualquier juez, sino al adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México- órdenes de aprehensión contra 31 científicos por “uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”. Gertz quiere encarcelar a los científicos, con los narcotraficantes, con los criminales organizados más buscados.
Por fortuna, el juez no concedió las órdenes de aprehensión. Justificó que “los hechos imputados por (la FGR) no podían analizarse a la luz del derecho penal, porque en esencia, se estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto de quienes durante 2013 y hasta parte de 2019, tenían cargos directivos en éste, con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido de los artículos 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en la época de los hechos”, según se publicó en el diario El Universal.
En efecto, los recursos que la FGR dice que los científicos desviaron, fueron entregados de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes por el Conacyt, para ser administrados por el Foro.
El hecho fue revelado hace unos días por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien develó que la investigación de la fiscalía derivó de una denuncia presentada por la actual directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla.
Hay quienes en este acto de Alejandro Gertz Manero, ven una venganza contra los científicos, pues desde 2010 había solicitado ser aceptado y clasificado como Investigador SNI-III. Ser parte, pues, del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 3. Cuestión que le fue negada, por no cumplir con requisitos, de manera sistemática… hasta que Morena arribó al poder. En 2020, finalmente Gertz Manero se convirtió en miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
El caso es que, con su actitud y acciones, don Alejandro ha convertido a México en el país que persigue para encarcelar a sus científicos, y es omiso para procurar justicia a narcotraficantes, criminales organizados y políticos corruptos que permanecen en la impunidad, pues ante la negativa del juez de Almoloya para conceder las órdenes de aprehensión contra los científicos, la FGR apelará.
Y así atestiguamos el caso, de (al menos) 21 narcos impunes y 31 científicos investigados, que ahora se suman al cúmulo de acusaciones respaldadas por boca del Presidente López Obrador, para las cuales nunca se presentan pruebas, al menos no de manera contundente, pública, transparente y puntual.
