Los módulos de repatriación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atienden alrededor de 400 menores de edad migrantes no acompañados y que son repatriados a Baja California.
A este número se agregan los 430 infantes que se encuentran en los dos albergues con los que cuenta el DIF en Mexicali y Tijuana, señaló la directora de la institución, Consuelo Huerta Cruz, durante la comparecencia de la titular de Sibso en el Congreso local, por la Glosa del II Informe de Gobierno.
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Reconoció que hay atraso en la aplicación de estudios psicológicos y socioeconómicos que se solicitan en los juzgados, derivado de la falta de personal.
“Yo ofrezco una disculpa pública para todas aquellas personas que han recibido en otras épocas y otras administraciones un trato no digno” manifestó Huerta Cruz ante la crítica del diputado Juan Manuel Molina respecto a la tardanza de la aplicación de los estudios socioeconómicos y psicológicos que retrasan la justicia familiar.
El presidente del Congreso también denunció que hay casos en los que un menor de edad es sacado de la ciudad en la que reside para ser trasladado a un albergue.
Por otro lado, Huerta Cruz comentó que están en proceso de adopción 78 menores, de las cuales 50% han sido concretadas en el último año. Es decir, 39 de 2 mil 200 niños en el sistema, pero no todos los menores están sujetos a adopción.
“Recordemos que dentro del sistema tenemos niñas, niños y adolescentes que están en algún proceso de Fiscalía, otros que están en proceso de reintegración con su familia y que se están haciendo estudios”, los cuales no “dependen tanto” de la agenda del DIF sino que se empata con la agenda de los tutores o padres.
Refirió que están operando 92 casas hogar que ayudan a atender a los más de 2 mil niños. “Estamos a la espera de ejercer un recurso (2.5 mdp) que se divide por persona a las casas hogar que estamos a dos semanas de hacer esta distribución”. Adicionalmente se les apoya con despensas y atención médica.
“Sé que muchas ONG que han tratado de cumplir con los parámetros que marca la ley se han visto atoradas por diferentes procesos caros, un esquema de asesores externos que está en la Ley de Protección Civil que los cobran hasta 100 mil pesos para un estudio de riesgo”, indicó Molina García.
Por otro lado, la titular de Sibso, Alma Sarahí Arellano Rosas, ha ejercido 50 por ciento de su presupuesto (2 mil 216 mdp), debido a que el recurso no le ha sido entregado por la Secretaría de Hacienda.
Ejemplificó que se han ejercido 40.3 por ciento asignados a apoyos de previsión social, 58% del destinado a apoyar a la población por deslizamientos y 54.5% del fondo del programa de adultos mayores.
