Testigos denunciaron que la mascota sufrió maltrato durante meses antes de ser enterrada viva por su dueña en Los Cabos; sociedad civil acudirá ante juez federal en busca de un castigo más severo
La sociedad civil de Baja California Sur manifestó su inconformidad luego que el Poder Judicial determinara que la imputada por el asesinato de la perra Luna, quedara libre tras pagar una multa de mil 250 pesos por el delito.
Luna, una perra de raza pitbull, fue maltratada y enterrada viva. Evidencia entregada por vecinos y activistas, permitió que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) estableciera responsabilidad en el asesinato de la mascota a su dueña, Edith “N”.
Julio César Arriola, abogado dedicado a la defensa de animales, dio a conocer que la jueza a cargo del caso permitió suspender cualquier responsabilidad con el pago de una multa, la cuál podía ser cubierta en “abonos chiquitos”.
El litigante recalcó que ejercer maltrato animal es una afectación directa al interés público, por lo que las autoridades deberían estar enfocadas en evitar que estas conductas se repliquen; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado envía el mensaje equivocado a la población.
Arriola recordó que Edith “N” fue vinculada a proceso al existir datos de prueba por haber responsabilidad en la comisión del delito de maltrato de animal doméstico. El defensor particular solicitó la suspensión de proceso, figura jurídica para aquellos delitos que no son graves y, por alguna razón, se puede reparar el daño con una cantidad que la juzgadora puede imponer.
“Le comentamos al Ministerio Público que se opusiera a la suspensión del proceso y nosotros nos íbamos a oponer a la reparación del daño, porque no hay un daño que reparar. En el caso de Luna, era propiedad de la misma imputada, no es posible reparar un daño a ella misma. Al final, se trata de que sancionen esas conductas, aquí no hay daño que reparar. Hay una conducta que tiene que ser castigada, no reparando el daño. La muerte de Luna no puede tener un precio, no puede ser pagado con una cantidad a discreción del juez”, expuso el abogado.
Según Julio César, el criterio que utilizó la jueza para establecer una multa de mil 250 pesos, fue que Luna tenía 10 años de edad. Entonces, al ser una mascota “vieja”, valía la mitad que un perro en buen estado.
“La juez se conformó, no hizo caso de los argumentos que nosotros les expusimos. Entonces, aprobó la solicitud del imputado y de la defensa de que la muerte de Luna cuesta mil 250 y que ese dinero se puede pagar en abonos, como si fuera una tienda”, acusó.
Además, el Ministerio Público no se opuso a la propuesta de la defensa, ni solicitó medidas contundentes como servicio comunitario para que se vea el arrepentimiento de Edith “N” por la comisión del delito que se le imputa, “no aceptó su participación, ofende la postura del juez y del Ministerio Público que pidió prisión preventiva por la presión social de las manifestaciones masivas en La Paz; la comunidad de Los Cabos y de toda Baja California Sur está ofendida con la decisión de la juez, que favoreció a la imputada en todo momento”, dijo Arriola.
Las asociaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos de animales ya recurrieron a un juicio de amparo ante el Juez de Distrito. Buscarán instancias federales, ya que dicen no confiar en el Poder Judicial del Estado, ni en sus magistrados
