En “fast trak” y con cuatro votos a favor, legisladores afines a Morena aprobaron por mayoría el dictamen 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso de Baja California, con el que el gobierno del Estado trasladará a los municipios la atribución del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
En la sesión virtual -de este lunes 26 de julio de 2021- en la que sólo se citó para aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, no hubo ningún legislador que hiciera algún comentario al respecto y mucho menos cuestionara la propuesta. Los integrantes de la Comisión que votaron a favor son Elí Topete Robles, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, Alonso Edgardo Leyva Pérez y Víctor Hugo Rodríguez Castro. En tanto, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona no pudo votar al tener problemas técnicos.
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En la sesión virtual el director de Consultoría Legislativa, Francisco Tenorio refirió sin detallar que la iniciativa pretende modificar los artículos 1, 14, 15 17, 19, 20, 52, 57, 67,91 101, 108 y adicionar los numerales 122, 123, y 124 de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable en el estado de Baja California.
Así como también modificar el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, con el propósito de transmitir a los municipios la atribución en el manejo del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que hasta hoy vienen ejerciéndose por el estado por conducto de las entidades paraestatales como son las Comisiones Estatales de Servicios Públicos.
Lo anterior en aras de respetar el artículo 115 de la Constitución Mexicana que establece que los Ayuntamientos son quienes deben brinden el manejo de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
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No hacer el cambio legislativo para que los municipios se hagan cargo de dicha facultad “resulta en perjuicio del erario de los municipios al no contar con los recursos derivados de la prestación de dichos servicios, así como de la población en general, ya que cada municipio tiene su propia problemática en la materia que debe ser atendida de forma específica por su gobierno local”.
“El marco jurídico que rige el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento se encuentra estancado y debe ser analizado, actualizado, modernizado para que se adapte a las nuevas condiciones sociales, administrativas y operativas que prevalecen en la actuación de los organismos operadores responsables de brindar los servicios de agua potable a la población”, añadió Tenoro al leer el dictamen.
Estos cambios legislativos han sido vistos como una manera de tratar de eludir la responsabilidad que tendrá el Ejecutivo estatal por las auditorías de Fisamex por las que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha cobrado más de mil 700 millones de pesos.
En opinión del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías de aprobarse el cambio legislativo en el pleno del Congreso local podrían verse más afectadas las finanzas públicas de los Ayuntamientos ante los recursos legales contra los cobros de Fisamex.
