Aunado a las bajas ventas debido a la pandemia de COVID-19, los microempresarios enfrentan inseguridad, indigencia y criterios estrictos en el cumplimiento de reglas por parte de la autoridad que no apoyó a los emprendedores
Detrás de un plástico en el umbral de una tienda de instrumentos musicales, Guadalupe Paz cuenta que desde que cambió a Verde el semáforo epidemiológico derivado de la enfermedad COVID-19 y reabrió el establecimiento ubicado en Zona Centro, ha recuperado un 10% de los clientes que tenía antes de la pandemia.
Al ser un local pequeño, la comercialización de los productos se hace sin dejar pasar a los clientes al interior de la tienda, en aras de conservar la sana distancia. La joven considera que también les perjudica el que “hay mucho indigente” en la demarcación y actualmente el Ayuntamiento ejecuta obras de construcción.
Con la disminución de la clientela, también redujo el horario de trabajo. “Antes estábamos de diez de la mañana a ocho de la noche, pero ahorita dependiendo cómo esté el día, cerramos a la cinco o seis”, apuntó Paz, quien desde hace tres años trabaja en el pequeño negocio.
En otra calle del Centro, un empleado de una ferretería comentó que aun cuando hay “más movimiento de personas”, todavía falta 30% para llegar a los niveles previos a la pandemia. Así que esta tienda también modificó su horario. Abre hora y media después (09:30 horas).
En materia de seguridad, el dependiente también señala que “ahorita no se ve a patrullas o policías que estén en la esquina” y, si bien este comercio no ha sido víctima de la inseguridad, supo de un negocio cercano -dedicado a la venta de pollo- que fue asaltado semanas atrás.
Gina Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Tijuana dijo a ZETA que factores como la inseguridad, la falta de apoyo gubernamental y el costo de mantener protocolos sanitarios, contribuyen a que la recuperación de estos negocios sea paulatina y diferenciada.
Los giros que más se han beneficiado reportan incrementos de ventas del 40% y son aquellos que comercializan diferentes artículos en bazares, así como servicios para el cuidado de la belleza. Mientras que el sector más afectado es el de eventos sociales.
A propósito, Luis Tapia, propietario de un negocio de video y fotografía para eventos sociales, compartió que luego de que cerró durante meses, en febrero pasado reabrió y, aunque opera al 50%, considera que no ha habido recuperación, ya que el año pasado sufragó alrededor de 148 mil pesos solo para pagar la renta del local que tiene en la colonia Las Huertas.
“Tengo una nómina de seis personas, no despedí, pero los seis estuvimos parados hasta nuevo aviso”, apuntó el joven empresario, quien no pensó en cerrar su negocio definitivamente, porque lleva siete años en el mismo y volver a comenzar hubiera sido aún más difícil.
Previó que el próximo año se verá realmente quién sobrevive en este giro, ya que 80% de los eventos que se están llevando a cabo son del año pasado, y muy pocos son nuevos “porque no hay lana”.
En ese sentido, la presidenta de la Canacope estimó que recuperar los niveles de actividad y de derrama económica que se tenían antes de la epidemia del virus SARS CoV-2 llevará por lo menos doce meses más.
SECTOR COMERCIO PIERDE DOS MIL EMPLEOS
En entrevista con este Semanario, Gina Villalobos expresó que al cierre de 2020 se perdieron 320 negocios, debido a la falta de apoyo de la autoridad y de capacidad de los tres órdenes de gobierno para enfrentar la pandemia de una manera adecuada en cuanto al aspecto económico. “No hubo apoyos para el empresario, ni una consideración, ni una buena política fiscal que apoyara al emprendedor para salir adelante con sus obligaciones”, expuso.
A ello se sumaron la restricción de la movilidad y “el criterio tan cerrado” en cuanto a cuáles eran esenciales y cuáles no, “cuando nosotros como organismos siempre consideramos que desde el punto de vista económico y para que no se perdieran tantas microempresas, se tenían que abrir todos, respetando medidas sanitarias”, afirmó la titular de la Canacope Tijuana.
Cabe señalar que ninguno de los empresarios consultados fue acreedor a algún apoyo gubernamental, situación que lamentaron.
En contraste, en lo que va del año se han creado 60 negocios, sobre todo de giros como farmacias, ropa y accesorios para mujeres, servicios para arreglo personal, loncherías y neverías.
En otros casos, los negocios migraron de tener un lugar fijo a vender en línea a través de frame page y redes sociales, sin considerar a aquellos que lo hacen mediante plataformas internacionales.
Otras de las pequeñas empresas que se vieron severamente afectadas fueron las escuelas particulares, en especial las de preescolar, “escuelas privadas pequeñas que batallaban para sostenerse y que la pandemia vino a terminar” o están esperando que regresen los niños a clases, aunque sea en un sistema híbrido (presencial/distancia), porque tienen la esperanza de recuperar parte de la matrícula que perdida, que en porcentaje osciló entre 30 y 40% de alumno que se fueron al sistema educativo público.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que a lo largo de la pandemia (febrero 2020-mayo 2021) Baja California perdió 2 mil 193 empleos formales en el sector comercio. Con ello, registró 147 mil 835 trabajadores.
No obstante, al cierre del quinto mes del año, la creación de empleo registrado en el Seguro Social en la entidad tuvo un incremento anual de 7.7%, impulsado sobre todo por el aumento de 30 mil puestos de trabajo en la industria manufacturera.
TIJUANA, CIUDAD CON MÁS ROBOS VIOLENTOS A NEGOCIOS
De enero a mayo de 2021 se perpetraron 2 mil 103 robos a negocios en Baja California. Cantidad superior a la registrada un año antes (2 mil 029), según la estadística de la Fiscalía General del Estado.
Tales datos indican que Tijuana es la ciudad con mayor incidencia de robos de este tipo en BC, ya que al cierre de mayo contabilizó mil 153. La mayoría, mil 033, fue cometido con violencia.
Para Gina Villalobos, la inseguridad que padece la ciudad “es un eterno reclamo” que los pequeños comercios hacen a las autoridades, ya que los negocios “están acostumbrados a que tienen que tener por lo menos 200 pesos en caja, porque de verdad que peligra su vida si no le dan algo al delincuente”, quien “ya no solo amenaza, sino que saca la pistola para disparar”.
Consideró que la impunidad hace que la delincuencia no tenga freno y ataque a los negocios sin importarle que los locales cuenten con cámaras de seguridad, estén ubicados en un centro comercial o en un área muy transitada, tenga rejas o botón de emergencia.
Entre las zonas más afectadas por ilícitos, destacan los fraccionamientos Mariano Matamoros, El Florido y la delegación Sánchez Taboada.
“Ellos van por todo porque no hay un combate a la delincuencia como tal, ni en el aspecto preventivo, ni de perseguir el delito y mucho menos en la impartición de justicia”, reclamó la lideresa empresarial.
“Nosotros nunca hemos percibido que haya un decremento en la estadística, lo que pasa es que la gente no denuncia, lo considera una pérdida de tiempo. Hemos hecho campañas internas de promoción de denuncia, pero lo cierto es que no han tenido efecto porque no hay resultados favorables que animen a la víctima del delito a dar continuidad a una carpeta de investigación por robo. A veces hay un valiente que denuncia y a las semanas ve regresar al delincuente al mismo lugar y asaltarlo de nuevo”, añadió.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos más frecuentes contra unidades económicas en BC fueron el robo o asalto de mercancía, dinero e insumos, así como el robo hormiga. El costo promedio del delito por unidad económica fue de 54 mil 152 pesos.
Durante los últimos meses de 2020, el comercio en pequeño fue objeto de extorsiones telefónicas, “como ya era muy conocido que te hablaban para decirte que tenían a un conocido secuestrado, ahorita cambió la modalidad y te dicen que te están hablando de una notaría, que te comuniques con un abogado o llaman al dependiente de un comercio y le dicen: ‘Tu patrón dice que saques la chequera o que lleves el dinero y lo deposites a cierta cuenta’”, describió Gina Villalobos.
Esto estaba siendo “muy común” para el personal que hacía guardias, por lo que la Canacope tuvo una reunión con la Fiscalía General del Estado, dependencia que le informó que dichas llamadas provienen de penitenciarias ubicadas en el Centro del país, sin que haya algún consignado por ese delito.
MULTAS DE 5 MIL PESOS POR INCUMPLIR PROTOCOLOS SANITARIOS
Villalobos comentó que un negocio pequeño destina al menos 15% de sus ingresos a aplicar permanentemente los protocolos sanitarios contra el coronavirus, aunque depende del tipo de negocio, del aforo y los clientes que tengan para estar desinfectando.
En esta etapa (semáforo Verde) el sector no ha resentido que haya una campaña de verificación o de persecución en cumplimiento de las normas, ya que se ha percibido que actualmente la autoridad está trabajando mediante denuncias sobre quienes no están cumpliendo con las reglas.
César Abraham Heredia Rodríguez, director de Inspección y Verificación del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, señaló que al día se realizan alrededor de 100 verificaciones y que en los primeros 15 días de junio se sancionaron a 37 establecimientos, “desde bares, restaurantes y tiendas de ventas diversas” por incumplir con los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19. Principalmente por sobrepasar los aforos permitidos y a veces no cuentan con las medidas sanitarias como el que haya personal sin cubre boca, detalló el funcionario local, quien precisó que los restaurantes tienen permitido un aforo del 85%, los salones de eventos sociales al 75% y el resto varía.
La sanción por incumplir con estos protocolos sanitarios puede ser una multa desde 5 mil hasta 25 mil pesos, pero en promedio las multas impuestas han sido de alrededor de 5 mil pesos.
Agregó que hay alrededor de 50 inspectores para las nueve delegaciones, los cuales son distribuidos en la ciudad según el tamaño y la problemática que presente cada demarcación para hacer verificaciones, mientras que otras inspecciones se hacen por medio de denuncia.
Margarita Cano, estilista y dueña de una estética sobre el Bulevar Gustavo Díaz Ordaz, dijo que además del dinero que se destina a los protocolos sanitarios, el gobierno “nos obligó a pagar un permiso” de recolección de basura y a tramitar la licencia de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
A decir de la entrevistada, por su negocio paga 800 pesos al mes, “si no tengo ese permiso, no me dejan trabajar y me pueden clausurar”, cuando antes eso no era obligatorio, porque el Municipio se llevaba la basura.
“Lo que más nos está afectando, es lo de la basura que nos obligaron y el nuevo permiso que a fuerza quieren que tengamos, pero que es muy difícil tener y no sabemos bien si cuesta”, se quejó la señora, en cuyo negocio ya solo quedan tres trabajadores de los siete que había antes de la pandemia, luego de disminuir el trabajo y los ingresos.
Heredia Rodríguez comentó que de las cerca de 400 sanciones que se han impuesto en el año, al menos el 80% han sido porque los comercios no tienen el contrato de recolección de basura, por lo que es “muy común”.
En estos casos, los establecimientos se hacen acreedores a una multa, “si tienen mucha basura la sanción crece, pero es uno de los tantos requisitos que tienen que tener en regla”, finalizó Cano.
