El 7 de junio, un juez federal confirmaría
la suspensión provisional que se otorgó al
Club Campestre contra el intento de
expropiación del gobernador Jaime Bonilla
Valdez. Gobierno y directivos del centro
deportivo siguen en pláticas, pero se
desconocen las propuestas que se han planteado
La defensa legal del Club Campestre de Tijuana respondió la demanda de juicio ordinario civil 505/2021, interpuesta el 4 de mayo de 2021 por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez para pedir la nulidad del título de propiedad que tiene del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, sobre el predio ubicado en Bulevar Agua Caliente, bajo el argumento de que se cometió fraude procesal en el juicio de prescripción positiva 764/1969.
En el documento de defensa, al que ZETA tuvo acceso, abogados del Club Campestre de Tijuana tildaron de falso y negaron que el procedimiento origen de la sentencia de prescripción positiva sea producto “de actos fraudulentos, pruebas falsas, actos simulados como gratuitamente lo señala maliciosamente” el gobierno estatal.
La defensa expuso que la demanda -signada por Amador Rodríguez Lozano- no incluyó copias certificadas del juicio de prescripción positiva que pretende anular, como lo exige el Artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles vigente, mismas que constituyen el documento base de la acción de la demanda y que dejan al Club Campestre de Tijuana en “un estado de indefensión que no le permite conocer con certeza los datos e información para poder plantear en forma certera y adecuada su defensa”. Esto transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica (debido proceso).
Especialistas consultados por este Semanario, explicaron que cuando falta el documento base de la acción de cualquier demanda civil (como denuncia el Club Campestre), el juez debe prevenir y, de no cumplir, la demanda es desechada.
“Aunque se haya admitido la demanda por el juez, si se comprueba que no está el documento base de la acción, quedará desechada por la instancia que la recibió o por un superior jerárquico”. Es decir, no porque la demanda se haya admitido sin el documento base de la acción, está garantizada su procesabilidad.
En el documento, la defensa del Club Campestre indica que no es admisible que alguna de las partes pretenda anular el juicio de prescripción, argumentando que se llevó a cabo de forma fraudulenta, ya que por haber intervenido en el proceso -en este caso el Gobierno del Estado de Baja California- estuvo en condiciones de aducir y demostrar, por ende, los vicios en los cuales se sustenta el supuesto fraude que ahora alega el gobierno de Bonilla.
Además, la defensa del Club Campestre expuso que la administración estatal “carece de acción y derecho para demandar la acción de nulidad de juicio concluido”, ya que los únicos legitimados son los sujetos que han sufrido un daño como consecuencia del acto que reclaman o quienes pretenden que se les reconozca, constituya o declare un derecho.
Según lo que narra la propia demanda interpuesta por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, la administración estatal advierte que el predio no formaba parte de su haber patrimonial. “De ello se sigue que el hoy actor no tiene legitimación activa, pues el juicio cuya nulidad reclama no le genera ninguna afectación”, en tanto en ningún momento fue propietario del bien inmueble.
Los abogados consultados destacaron que el juicio durará por lo menos cinco años, y de invalidar el título de propiedad del Club Campestre de Tijuana, se nulificarían aquellos de propiedad de los inmuebles ubicados sobre el Bulevar Agua Caliente y la Avenida Sonora.
SE CONCRETARÍA SUSPENSIÓN DEFINITIVA
De acuerdo con el portal del Consejo de la Judicatura Federal, el 7 de junio de 2021 está programada la audiencia incidental en el juicio de amparo 316/2021, interpuso por Club Campestre de Tijuana contra el intento de expropiación por parte de Jaime Bonilla Valdez.
En esa audiencia incidental de suspensión provisional, el juez puede confirmar la suspensión provisional, negarla o modificarla con algunos ajustes. Sin embargo, de acuerdo con expertos, lo más probable es que la audiencia se difiera por la naturaleza y complejidad del asunto.
Con ello subsiste la suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de ordenar y ejecutar en perjuicio de Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, “orden de desposesión, desalojo, lanzamiento o cualquier acto que perturbe la posesión, uso y disfrute que dicha quejosa ostenta sobre el inmueble”, identificado con la clave catastral AC-017-000, la cual fue determinada el 6 de mayo, luego que el juicio de amparo 316/2021 fuera promovido por el apoderado legal del Campestre, Fernando Cervantes Guajardo, mediante el abogado Juan Marcos Gutiérrez.
A propósito, Roberto Quijano, vocero del Club Campestre, explicó a ZETA que la importancia de la audiencia incidental de suspensión provisional radica en que, de mantenerse la suspensión provisional u otorgar la suspensión definitiva, el gobierno de Baja California no podrá publicar el decreto expropiatorio aun cuando en el proceso que se lleva a cabo en la Secretaría General de Gobierno, se determine que el club no justificó la ausencia de utilidad pública.
El 6 de mayo, la defensa legal del Club Campestre impugnó la Declaratoria de Utilidad Pública que la actual administración estatal publicó en el Periódico Oficial en abril, acto con el que inició el proceso de expropiación contra el recinto privado.
Actualmente, la Secretaría General de Gobierno está en la etapa de cerrar el expediente y dictar una resolución en ese proceso de expropiación, aunque no hay claridad respecto a cuándo podría ocurrir.
Quijano destacó que “ha habido acercamientos con funcionarios del Estado y con el gobernador, la intención de las partes, es encontrar la forma de solución de esta situación, que no se lleve a cabo la expropiación; creo que el Gobierno del >Estado ha estado en el mejor de los ánimos, lo cual celebramos, ya se le explicó al gobernador de manera muy clara cuáles son las actividades que el Campestre realiza en favor de la ciudad”.
Para concluir, expuso que “indudablemente los tiempos electorales han detenido esto, pero seguramente en cuanto termine el plazo, mitad de la próxima semana, se van a reanudar las pláticas”, aunque tampoco se conoce qué falta para establecer un acuerdo entre ambas partes.
