Después de un análisis y trabajo de campo, la Oficina de Defensoría de la Infancia, AC, determinó que por lo menos en 18 escuelas en siete estados de la República Mexicana, los niños son víctimas de abuso sexual, tocamiento y penetración. Lo que más llama la atención: “el silencio, cómplice, de la Secretaría de Educación Pública y de la Fiscalía General de la República”
Niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad, son víctimas de abuso sexual en sus escuelas por parte del personal docente, administrativo y de intendencia en al menos 18 escuelas de siete estados de la Republica. Desde hace 10 años, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil (ODI), identificó los primeros casos.
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El primero data de 2011, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) los buscó para que apoyaran en la atención a más de 30 denuncias de abuso sexual contra niños y niñas de entre 3 y 5 años en una escuela preescolar pública de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Este caso los hizo recordar otro que representaron en 2008, donde una niña de 5 años de edad denunció ser víctima de abuso sexual en su escuela. La menor comentó en su declaración que había hasta seis adultos involucrados, además que ella no era la única víctima. 
La niña narró acciones similares a las que se reportaron por más de diez niños en 2011: agresiones sexuales y psicológicas utilizando objetos sucios, excremento, violencia física, jeringas con agua, entre otras, eventos de sedación y en una ocasión por lo menos, la presencia de bebés como víctimas del abuso en el lugar.
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En 2018, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) los volvió a contactar sobre un preescolar público en la CDMX, que al igual que en 2011, la primera denuncia destapó un enorme número de niños y niñas víctimas de abuso sexual en el plantel. En este caso fueron 49 niños y niñas denunciantes.
En este escenario, la ODI decidió buscar si este patrón se repetía en alguna otra parte del mundo, y encontraron coincidencias en Israel y Canadá, siendo la primera nación la que reportó mayores coincidencias y víctimas.
Para dar con esta información, obtuvieron la ayuda de organismos gubernamentales y civiles, policiales y de asistencia a nivel internacional como End Violence, Interpol, Homeland Security (ICE), NECMEC e International Justice Mission.
Voltearon de nuevo a lo que sucede a nivel nacional y detectaron 37 casos en todo el país que compartían coincidencias, de estos, la organización solo pudo conocer a detalle lo declarado por las víctimas de 18 escuelas en siete entidades del país, entre estas Baja California, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México.
Pese a las pruebas presentadas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, denuncian una inacción por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la FGR para atender esta problemática, ya que tratan estos casos de manera individual y no profundizan en la investigación.
MENORES SON GOLPEADOS, TOCADOS Y HASTA PENETRADOS
Los testimonios de las niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil en centros escolares obtenidos por la ODI, son perturbadores. Los menores relatan violencia física, penetraciones con múltiples objetos y aseguraron ser obligados a presenciar otras violaciones o relaciones sexuales entre adultos.
Los lugares donde eran violentados en su mayoría son el aula de clases, los baños, las oficinas privadas, cuartos de servicio e incluso en algunos casos los menores fueron sacados de la escuela y llevados a un domicilio particular donde había más adultos o niños (incluso recién nacidos), con equipo de videograbación instalado.
El informe señala que 13 de los casos describen abuso frente al salón o la escuela entera.
“En un caso, por ejemplo, el maestro es denunciado por un vecino que desde la ventana de su edificio observa que se abusa de los niños y niñas en el patio de la escuela”.
Los niños y niñas de 16 escuelas, reportan agresiones por más de un adulto ejerciendo las agresiones de manera directa o estando presente, observando o grabando mientras sucede el abuso, apunta la ODI.
“En 17 escuelas las víctimas describen acciones de encubrimiento, sea porque las familias al denuncia
r ante la escuela no reciben respuesta alguna, o bien que los niños y niñas narran haber pedido la ayuda de algún adulto en la escuela sin éxito”, detalla el estudio.
Al menos en seis escuelas, los niños y niñas refieren presenciar actos sexuales entre adultos que participan en la agresión. En siete escuelas las víctimas narran ser obligadas a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas.
Mientras que en 16 de las escuelas se registran casos en los que niños y niñas describen ser desnudados y amarrados, ser obligados a orinar sobre otras personas o a introducir las manos en orina mientras son agredidos. En cuatro escuelas se reporta el uso de máscaras o disfraces, y en una escuela los niños y niñas reportan ser disfrazados como animales y obligados a ladrar.
“En 14 escuelas los niños y niñas refieren que les toman fotografías o grabaciones durante el abuso sexual. En seis escuelas las víctimas refieren que las sacaban de la escuela. Algunos comentan ser llevados a casas donde encuentran adultos que no conocen y otros que allí hay niños y niñas desconocidos”, reportan.
Además, en otras 19 escuelas denunciadas, de las cuales se obtuvo menos información, la ODI detectó que en tres de estas, durante el abuso había cámaras o se tomaban fotografías; en ocho escuelas se denuncian agresiones por múltiples adultos de manera conjunta y en dos se refiere que los niños y niñas eran obligados a realizarse tocamientos entre sí.
De acuerdo con registros internacionales de End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), la mayoría de las víctimas de explotación sexual en línea son niñas. Mientras que 94% del material de abuso sexual en línea detectado, involucra imágenes de niños y niñas menores de 13 años.
CASOS EN BC
En Baja California, el estudio retoma dos casos con los mismos patrones, uno data de 2014, donde un conserje habría abusado sexualmente de una menor de edad en un kínder de Mexicali; sin embargo, este hombre resultó absuelto de los cargos. El segundo tuvo lugar en 2015 en Tijuana, ambos centros educativos de carácter público.
El caso se registró en el prescolar “3 de Mayo de 1535”, donde 19 niños y niñas de entre 3 y 5 años sufrieron abuso sexual por parte de un maestro y una maestra en el salón de clases, con la complicidad de un conserje, la directora de la institución y la inspectora de Zona.
Los niños y niñas eran desnudados y amarrados con las manos atrás de su espalda, golpeados y alzados de los brazos mientras los tenían atados. Los obligaban a tocarse entre ellos, además de inventarse juegos para abusar de ellos como “los doctores y las enfermeras”, o “a los policías” o “a los encuerados”.
El abusador señalado por los niños era el recién contratado profesor de inglés, Luis Gerardo Lugo Cirerol, quien impartía tres clases semanales, de una hora cada una, a cinco grupos de la escuela, a saber, los grupos 2º “A”, 2º “B”, 3º “A”, 3º “B” y 3º “C”.
Luego de huir una vez iniciadas las investigaciones en su contra, fue capturado en Puebla por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, el 14 de septiembre de 2016.
Los padres de una de las víctimas contaron parte de lo que les dijo su hijo al notarlo con cambio de humor y reacciones irreconocibles. Le preguntaron si habían sucedido cosas raras en su salón con el maestro de inglés:
“Mi hijo muy angustiado y con pena me dijo que sí, que el maestro les tocaba sus partes de enfrente y de atrás, de él y de sus compañeros, me dijo que habían sido varias veces y que a los niños que se portaban mal se los sentaba en las piernas, me dijo también que la maestra les pegaba con una varita”.
Otra de sus víctimas contó a su mamá que “el teacher en una ocasión la había tocado, pero una compañera de ella me dijo a mí y a su mamá que el teacher había tocado a mi hija, que le había bajado el pants y le había tocado sus partes íntimas, y que mi hija comenzó a gritar. Le pregunté a mi hija por qué no me había dicho nada, y me dijo que porque le daba vergüenza”.
De acuerdo con la declaratoria de los infantes, el conserje y la maestra entraban al salón para desatarlos y vestirlos luego que el profesor de inglés los dejaba. Según el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), las autoridades de la escuela siempre excusaron al profesor.
La dependencia informó a este Semanario que de 2015 a 2021, ha emitido recomendaciones relacionadas con el tema de abuso sexual en escuelas. Adicionalmente se informó que hay tres expedientes en integración relacionados con el mismo problema.
“Cabe precisar que la CEDHBC no tiene competencia para investigar delitos, por lo que los expedientes abiertos en los que se presume abuso sexual, están relacionados con señalamientos en contra de servidores públicos”, se aclaró.
“FGR Y SEP, CÓMPLICES EN SILENCIO”: DENUNCIANTES
Sobre el informe “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, ZETA entrevistó a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y coautor de dicho documento, quien subrayó la inacción por parte de las autoridades responsables de atender e investigar esta terrible problemática.
Explicó que estos casos lamentablemente no llegan a juicio, al haber un problema de fondo: la rendición de testimonios por parte de los niños y niñas víctimas, aunado a la poca capacitación de los ministerios públicos para obtener declaraciones utilizando los protocolos correctos, que afectan durante el desahogo de las pruebas luego de levantada la denuncia.
Por otra parte, Pérez insistió en que la FGR debe hacer una aproximación con una mirada completa de estos casos y no de manera aislada o fragmentada como ahora sucede, beneficia a las redes criminales. “Con esto se genera un escenario para que redes criminales de pornografía infantil en la web profunda y otros espacios, se vincule con redes o grupos de pederastas, y esto con las omisiones de las autoridades genera una condición de riesgo para niños y niñas de escuelas, particularmente los más pequeños, quienes están más en riesgo”, comentó.
De acuerdo con el informe coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guízar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Luis Daniel Vázquez y Juan Martín Pérez, se destaca que la mayoría de las escuelas con estos casos están en zonas urbanas, en los segmentos más pobres de estas.
Con este informe, “estamos haciendo un Llamado de urgencia, hay todos los indicios para suponer que hay una red criminal que aprovecha la vulnerabilidad de las escuelas para fines criminales, esto seguirá hasta que las autoridades realmente tomen cartas en el asunto”, subrayó Pérez García, para concluir:
“Lo que llama la atención profundamente es el silencio, cómplice, de la Secretaría de Educación Pública y de la Fiscalía General de la República, no hay respuesta ante el informe, pese a toda la evidencia. Es muy lamentable y esperemos que no signifique aceptación de responsabilidad. Hay que destacar que estos hechos documentados en 10 años trascienden la administración actual, y se necesita una respuesta de Estado”.
