El Partido Encuentro Solidario, PES, analizará actuar legalmente contra el gobernador Jaime Bonilla Valdez luego que el funcionario de Morena dedicó 13 minutos en cuestionar y denostar a su precandidato al gobierno del Estado, a través de su página oficial en la red social Facebook en la trasmisión del 27 de enero, operada con erario y personal del gobierno de Baja California.
“Lo que está haciendo no es correcto, él no puede quitarse la investidura de gobernador para hacer sus declaraciones como él quiera, como cualquier persona en lo privado. Él es el gobernador del Estado, él fue electo para gobernar el Estado por un tiempo determinado. No se puede inmiscuir en la vida política de otros partidos y menos en el tema electoral. No puede participar en el proceso electoral. Él no es llamado a esta fiesta popular que tiene que ser un proceso electoral que el 6 de junio vamos a ir todos a votar. Él solo está invitado ese día a ir a votar y que coadyuve a la autoridad electoral a que las cosas sean pacíficas”, explicó Alfredo Ferreiro, presidente estatal del PES en Baja California.
“Nosotros estamos siendo cuidadosos, no solo de Jaime Bonilla, sino de todo aquel que haga actos anticipados de campaña y sobre todo: los que están en la función pública. El que se alejen de participar en el proceso y metan las manos porque estarían cometiendo un delito electoral. Hoy por hoy existe una fiscalía para delitos electorales en el Estado y nosotros como miembros de una coalición estamos muy confiados en el que va a prevalecer el estado de derecho”, comentó Carlos Jiménez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI en Baja California.
Los mensajes políticos a favor o en contra de partidos, aspirantes, precandidatos o funcionarios que ha hecho el gobernador Jaime Bonilla Valdez son parte del primer expediente del Observatorio de Conductas Electorales de Baja California, a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales (FDE), que se presentará durante los primeros 10 días de febrero y que comprenderá un reporte a partir del 7 y hasta el 31 de enero de 2021. Luego de observar se abre el expediente para investigar y que se determine si se trata de un delito o una infracción y así proceder, con o sin denuncia de algún ofendido.
“Tenemos un observatorio de conductas electorales. Partimos de la presunción de inocencia y debemos cuadrar lo que observamos con lo que dice la ley electoral”, comentó Carlos Barboza, Fiscal de delitos electorales en Baja California.
“No está gobernando el Estado, él está hablando, muchas de las cosas que habla son de situaciones personales”, comentó Alfredo Ferreiro, presidente estatal del PES en Baja California.
“Él no puede participar en la elección, él tiene que entender eso y creo que nadie se lo ha dicho, pero él no puede participar activamente, ni hablar en contra ni denostar a ningún partido político”, comentó el presidente del PES en Baja California. “Vamos a estar al pendiente, porque no queremos incrementar el golpeteo en el Estado, es lamentoso (sic) lo que está pasando en nuestro Estado… Todo lo vamos a estar valorando y cuando creamos que podamos denunciarlo, lo vamos a hacer”, advirtió Ferreiro.
Aunque las campañas empiezan formalmente en abril de 2021, la defensa de los partidos políticos o precandidatos ofendidos podrían hacer referencia a los artículos constitucionales 41 y 134. En ambos casos bajo el argumento de violar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad.
El artículo 41 de la Constitución establece que “desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral, no podrán transmitir propaganda gubernamental salvo las excepciones contenidas en la Constitución Federal”.
El artículo 134 de la constitución también establece que los recursos públicos deberán aplicarse con imparcialidad: “Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
