Carroñeros

Hace unas semanas, una injusticia financiera terminó con el negocio de la familia Hank llamado Partido Encuentro Solidario (PES), instituto político que, haciendo absolutamente nada, se embolsaban alrededor de 80 millones de pesos al año, gracias a una pifia legislativa -de origen morenista- que volvió a los morados el organismo electoral con mayores prerrogativas en Baja California. Luego de una lucha de tres años y de alrededor de 200 millones de pesos, Morena, PT y PRI, echaron para abajo el cálculo electoral inequitativo y obligaron al Instituto Estatal Electoral (IEE) a replantear el modo de distribuir del dinero público… Pero no vaya a creer usted que lo hicieron de buena fe. No, para nada. La motivación que tenían era mezquina. Morena, a través del diputado Juan Manuel Molina, pretendía reparar -al menos medianamente- el error legislativo que le costó millones de pesos al Estado. Sin embargo, en lo que respecta a PRI y PT, la motivación es aún peor, pues según las impugnaciones presentadas por ambos partidos, el interés que tenían era que el dinero que se le otorgaba al PES fuera distribuido en los otros partidos políticos. Es decir, el perverso plan no era ahorrar dinero, sino que a todos les tocara una buena tajada. Según los escritos interpuestos por el PT y el PRI, se puede constatar que el objetivo de las impugnaciones era tener más dinero, lo cual es explicado, de manera abierta, como en la página 4 de la impugnación signada por el abogado tricolor, Joel Abraham Blas Ramos, donde dice lo siguiente: “Para purgar la contradicción apuntada y materializar verdaderamente la equidad ponderada en la sentencia, resulta indispensable aclarar la resolución para el efecto de que: los recursos que el IEEBC deje de ministrar al PESBC sean objeto de un recálculo y redistribución compensatoria entre los partidos políticos nacional con registro acreditado en la entidad”, a lo que en la aclaración de la Sala Superior, la respuesta para el PRI como para el PT, cuyo representante es Julio Rodríguez Villarreal, es la siguiente: “Los partidos incidentistas plantean diversos aspectos que, en realidad, están encaminados a modificar los efectos de la ejecutoria dictada por esta Sala Superior, la cual, como ya se dijo, es definitiva e inatacable. En efecto, lo que realmente pretende el PRI es modificar los efectos de la sentencia para obtener una redistribución compensatoria de recursos a su favor”, refiere el documento, mientras que en lo que respecta al PT, dice lo siguiente: “El PT pretende que las ministraciones que el IEEBC deje de entregar al PESBC no se devuelvan a la Secretaría de Hacienda de Baja California, sino que se redistribuyan igualitariamente entre los partidos del sistema político estatal, aplicando el mismo criterio nivelador que la Sala Superior ya validó para el cálculo hacia adelante”. En otras palabras, no sólo queda claro que los partidos no tenían un interés de justicia, sino de hacerse de más dinero, además de que -al parecer- no tienen muy claro qué es lo que querían impugnar. Tal parece que el juego no le va a salir a los “carroñeros”, pues la Sala Superior no redistribuirá el dinero a los demás partidos, sino que lo dejará en las arcas del Estado.