La designación del magistrado Alejandro Isaac Fragozo, deja en evidencia el poder que mantiene su todavía compañera María Esther Rentería Ibarra, quien se encargó de gestionar varios de los votos en favor de su allegado; el resto los cabildeó nada menos que su amigo, el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández. Con el respaldo de 10 de sus compañeros, el flamante presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado llega a la posición en medio de una pugna de poder que alcanza esferas fuera del Poder Judicial, además de cargar sobre sus hombros una enorme losa por una acusación de hostigamiento sexual de una de sus ex subordinadas, Rosa María Segura. Señalamientos que si bien ya superó en dos ocasiones, él tendrá que enfrentar ante la justicia federal
El cabildeo sustentado en intereses políticos, influencias externas que permean dentro del Poder Judicial y unas cuantas traiciones, son parte de lo que ocurre cada tres en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para la designación del magistrado presidente.
En esta ocasión, el martes 3 de noviembre se nombró Alejandro Isaac Fragozo López, cargo que alcanzó apenas dos años después de ser nombrado integrante del máximo tribunal del Estado, tras ser respaldado por la mayoría de los diputados de la pasada XXIII Legislatura, caracterizada por su marcado tinte blanquiazul.
La designación se da en un escenario complicado, pues además de contar con un tribunal donde operan tres magistrados súper numerarios, se encuentra en una severa crisis económica, con un adeudo a su propio Fondo Auxiliar del Poder Judicial y el impago de más de 214 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo, surgido cuando el gobernador era Francisco Vega de Lamadrid. Sin mencionar las carencias sufridas por entes como el Servicio Médico Forense (Semefo), donde los cadáveres se amontonan ante la insuficiente infraestructura para atender la demanda.
No conforme con ello, el Poder Judicial se encuentra ante dos retos inmediatos: la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 ante los diputados, el cual pretenden sea de mil 700 millones de pesos; y la batalla legal que se avecina contra los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, en el “encordado” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la preservación del Consejo de la Judicatura.
A lo anterior se suma la crisis personal que lleva consigo el flamante magistrado presidente desde el 13 de febrero, cuando se le abrió un expediente (0202-2020-04960) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de hostigamiento sexual. Querella interpuesta por la secretaria de Estudio y Cuenta, Rosa María Segura González, por supuestos comentarios y tocamientos de los que fue víctima cuando era subordinada de Fragozo López.
Si bien la FGE archivó el caso argumentando falta de elementos y el juez de apelación Bernardino Ahumada ratificó la decisión del Ministerio Público, el caso será llevado ante la justicia federal por medio de un amparo, con la intención de que se revise a detalle el trabajo de los fiscales especializados en delitos de género.
Aunque el tema jurídico permanece en análisis, políticamente continúa generando impacto, pues mientras Fragozo sostiene que las acusaciones en su contra son infundadas y falaces, el próximo 9 de noviembre se llevará a cabo una manifestación a las afueras del Poder Judicial en Mexicali para exigir justicia en torno al caso de Segura González.
RENTERÍA Y “EL TITI” TOCARON PUERTAS POR FRAGOZO
Todavía la noche del 2 de noviembre, la reelección de Jorge Ignacio Pérez Castañeda en el TSJE era un hecho. El cabildeo y las proyecciones dirigían al menos nueve votos a la causa del ahora ex presidente.
Fuentes dentro del Poder Judicial precisan que la puja por Pérez Castañeda era operada por el magistrado Jorge Armando Vásquez, quien todavía la semana pasada pretendía la presidencia, pero dimitió sus intenciones en favor del juez especializado en materia de adolescentes. El respaldo inmediato fue por parte de los magistrados Olimpia Ángeles Chacón y José Luis Cebreros.
De manera paralela, se describió la intromisión del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, apoyando al cabildeo sobre todo hacia los dos magistrados súper numerarios Carlos Alberto Ferré Espinoza y María Dolores Moreno Romero, con la intención de que sufragaran en favor de Pérez Castañeda.
Para el día de la votación, Vásquez y Jorge Ignacio habían conseguido los votos de Sonia Mireya Beltrán, Karla Patricia Amaya, Jesús Espinoza Orozco y el recién nombrado Nelson Alonso Kim Salas.
La magistrada María Esther Rentería -quien dejará su cargo en diciembre de este año, al cumplir los 70 años de edad- tenía al menos tres candidatos para ocupar la presidencia: Columba Amador Guillén, Mirian Niebla Arámburo y Alejandro Isaac Fragozo López.
Niebla Arámburo fue la primera en “bajarse” de la contienda por decisión propia y Amador Guillén fue obligada por Rentería Ibarra a posponer sus aspiraciones de dirigir el máximo tribunal del Estado.
La decisión de apoyar a Fragozo López no fue una casualidad, sabiendo la estrecha relación que tiene con el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, actualmente uno de los hombres más poderosos de la vida política en Baja California.
“El Titi” Ruiz se unió al cabildeo con algunos magistrados cercanos como el propio Salvador Ortiz Morales, quien dimitió del cargo como presidente del TSJE el 4 de agosto a causa de las presiones de Rentería y Vásquez, quienes -por única ocasión- unieron fuerzas para derrocarlo y apoyar a Pérez Castañeda de manera provisional.
Los votos que consiguió Rentería eran los de Mirian Niebla, Perla del Socorro Ibarra Leyva, Gustavo Medina y Columba Amador Guillén, pero resultaban insuficientes para ganar la contienda, por lo que Ruiz Hernández se encargó de convencer a Ortiz Morales y de “robar” la decisión de los contrarios.
“Básicamente fue un enfrentamiento entre la ‘T’ grande y el señor de en frente”, declaró una fuente allegada al tribunal, en referencia velada a Guillermo “Titi” Ruiz y Amador Rodríguez Lozano, donde resultó airoso el primer mencionado.
Al momento de la votación se dio un debate intenso donde participaron tanto Vásquez como Rentería, sobre sí la votación debía realizarse de manera inmediata, o sí primero se presentaran las propuestas de mejora del Poder Judicial; la discusión llegó a tal nivel que se tuvo que pedir orden en la sesión por parte del entonces presidente del TSJE.
Se procedió a una votación inmediata, la cual se llevó a cabo por medio de sufragio secreto, resultando ganador Alejandro Isaac Fragozo López, con 10 votos, mientras que Pérez Castañeda -quien apenas en agosto fue respaldado de manera unánime para sustituir a Ortiz Morales- solo consiguió siete, lo que sugirió una evidente traición por parte de dos magistrados en beneficio del grupo de Pérez Castañeda y del propio Vásquez.
MINIMIZA FRAGOZO “EMBATES” DEL PODER EJECUTIVO
El novel magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, minimizó las reformas constitucionales y las presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo, que eliminan la designación de magistrados por medio de la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura del Estado, asegurando que no son “embates directos” contra la institución.
Durante una conferencia de prensa realizada al término de la sesión, aseguró que continuará con la lucha por defender el Consejo de la Judicatura, pues este era el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de manera colegiada. Adelantó que en menos de quince días se estaría interponiendo la controversia constitucional contra la desaparición del mismo y se está trabajando en la elaboración del caso; solicitarán la suspensión definitiva para evitar la desintegración del órgano encargado de la administración de justicia.
Respecto a la acusación sexual, negó tajantemente que haya tenido conductas lascivas en agravio de Rosa María Segura, y afirmó, todo señalamiento en su contra carece de verdad, al grado que tanto el MP como el juez de apelación, consideraron que no había daño psicológico a la víctima ni delito por perseguir.
Respecto al presupuesto para el próximo, refirió que se pedirán más de mil 700 millones de pesos, cuando el presupuesto no ha incrementado de manera sustancial en los últimos 10 años. Y consideró lamentable que de los más de 53 mil millones de pesos del Estado, solo el 1.5% sea para la impartición de justicia.
Elvira Luna Pineda
GRAN MOMENTO PARA IMPULSAR POLÍTICAS DE GÉNERO EN PJ: ELVIRA LUNA
La presidenta del Foro de Abogadas de Baja California, Elvira Luna Pineda, no quiso posicionarse específicamente sobre las acusaciones de hostigamiento sexual por parte de Rosa María Segura González contra Fragozo López, pero consideró que esta situación es ideal para establecer políticas de género dentro del órgano jurisdiccional.
Dijo desconocer detalles del caso donde se involucra al nuevo presidente del TSJE, pero confía en que tanto la FGE como el propio Poder Judicial harán una investigación objetiva.
Sin embargo, reconoció que los entes públicos del Estado -entre estos el Poder Judicial- carecen de mecanismos para prevenir y combatir la violencia de género y la discriminación, por lo que aprovechando la situación, es el momento ideal para elaborar un diagnóstico con expertos en la materia y determinar en qué grado se comete la violencia de género –como la sexual- dentro del órgano encargado de la impartición de justicia en el Estado.
La ex candidata a la alcaldía de Mexicali por el Partido de Baja California, indicó que existen muchos retos dentro del Poder Judicial, como el regreso a la normalidad a causa de la COVID-19 y existe un severo problema en la revisión de expedientes y acuerdos del boletín judicial, pues en Juzgados Familiares -por ejemplo- se tienen ya hasta mil sentencias o avances del juicios que no han sido publicados de manera oficial por la institución, debido a la saturación de trabajo.
Por último, Luna destacó que el rezago e ineficiencia se arrastran desde hace mucho, pero a causa de la pandemia, el Poder Judicial exhibió sus carencias.
FRAGOZO TENDRÁ DOS ENEMIGOS POLÍTICOS MUY GRANDES: ELÍAS FLORES
El presidente del Colegio de Abogados en Ejercicio Libre del Derecho, Elías Flores Gallegos, opina que el flamante magistrado tendrá en los poderes Ejecutivo y Legislativo, dos enemigos políticos que enfrentar, los cuales se entrometen en la actividad judicial cuando les viene en gana.
El abogado ensenadense respaldó la designación de Fragozo como nuevo titular de la institución, asegurando que se trató de una batalla entre experiencia y juventud, que terminó ganando uno de los principales actores de la nueva generación de magistrados.
A su juicio, los dos personajes más capacitados para ocupar el cargo eran Columba Amador Guillén y Alejandro Isaac Fragozo, pero al final las cartas se orillaron hasta el segundo, en una reñida elección contra Pérez Castañeda.
Flores Gallegos hizo un posicionamiento severo días antes de la elección de magistrado, donde descalificó a dos de los aspirantes: Jorge Armando Vásquez y al propio ex presidente Pérez Castañeda. El primero porque -asegura- dejó una desastrosa administración cuando ocupó la silla más alta del tribunal, al grado de contar con denuncias administrativas, penales y solicitudes de juicio político pendientes en el Congreso.
Por otra parte, Castañeda está próximo a cumplir los 70 años de edad, por lo que solo duraría en la presidencia un año tres meses y cualquier proyecto importante se vería afectado.
Respecto a las acusaciones hacia Fragozo López sobre el hostigamiento sexual, minimizó las actuaciones y aseguró que se trata de un tema político, toda vez que Rosa María Segura era protegida del magistrado Raúl González Arias y este último se acercó con Fragozo para pedir que mantuviera sus “beneficios”, además de que la impulsara para ser jueza, a lo que se negó tajantemente.
“Eso molestó a González Arias, también con el tema de que ella no quería ser jueza, se le va a respetar y apoyar como cualquier otro, pero no por una recomendación de un exmagistrado, en lo absoluto, estuvo en lo correcto al rechazar la petición de González Arias y se comprometió simplemente a actuar conforme a Derecho”, argumentó Flores.
Compartió que durante el juicio, Rosa María Segura no resultó afectada psicológicamente -según las periciales realizadas por la FGE-, lo que deja claro que está acostumbrada a este tipo de incidentes o está mintiendo.
La deuda más grande la tiene el Poder Judicial, pues pese a que se tuvo conocimiento de la denuncia ante la FGE, nunca se abrió una investigación administrativa sobre el caso, hecho que según los protocolos expuestos a ZETA en agosto pasado por Karla Pedrín, directora del Instituto de la Mujer del Estado, tuvo que efectuarse.
