Esta semana se inició con la entrega de la solicitud para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desincorpore los terrenos que se ubican alrededor de la parte canalizada del Arroyo Alamar en Tijuana, para que sean entregados al Gobierno del Estado y regularizar los asentamientos humanos en esa área.
El delegado único, Alejandro Ruiz Uribe, informó a ZETA que aún no cuentan con el dato preciso de cuántas familias se podrían beneficiar con estas acciones, aunque también se busca la recuperación de terrenos tomados irregularmente por algunos empresarios y destinarlos para obra pública.
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“Cuando se canalizó el Río, la parte colindante a esa canalización, como la primera etapa del Río, el Gobierno Federal la desarrolló y luego se la entregó mediante una desincorporación de bienes al Gobierno del Estado. Lo mismo ocurrió con la segunda y con la tercera etapa. Esa parte del Alamar no ha sido entregada al Gobierno del Estado y ya fue invadida”, expresó Ruiz Uribe.
Alrededor de la canalización del arroyo se ubican varios asentamientos, caracterizados por estar conformados por casas con paredes de madera y pisos de tierra que en su mayoría carecen de servicios públicos como agua potable, electricidad y drenaje, al no ser considerados propiamente como colonias o fraccionamientos.
El funcionario federal aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en toda la disposición por otorgar las facilidades que se requiera a nivel estatal para agilizar los trámites correspondientes a la desincorporación de los terrenos y que pueda avanzar en la regularización de los hogares que ya se edificaron en el área.
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El delegado también señaló que el crecimiento de los asentamientos irregulares se debió al desorden que generaron las administraciones anteriores, al detener la continuidad de desarrollo en esta área, donde se concentran familias provenientes de otros estados de la república que migraron en la búsqueda de mejores oportunidades de vida.
Comentó que una vez que se logre la desincorporación de los terrenos, se procederá a realizar un censo para identificar a las familias interesadas en obtener la regularización de sus hogares; estimó que el proyecto podría quedar listo antes de que concluya la administración de Jaime Bonilla como gobernador.
