Una de las pruebas más importantes de la fiscalía contra los tres elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación acusados de secuestro, fue subestimada durante la audiencia de vinculación a proceso realizada el martes 3 de noviembre. La defensa a cargo de Guadalupe Vásquez no pudo desacreditar todos los señalamientos contra sus representados, pero logró desestimar el proceso de reconocimiento físico realizado por el Ministerio Público, una de las pruebas importantes que relacionan a los acusados con el caso. Se espera que hoy viernes 6, uno de los uniformados se entregue para iniciar su lucha jurídica; faltarían cuatro implicados
Para la jueza Sara Perdomo, existen suficientes pruebas que acreditan el secuestro del empresario ETG en Mexicali, pues varios testimonios recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE) confirman y coinciden en que la noche del 6 de agosto, ocho sujetos con vestimenta policial lo privaron de su libertad por varias horas en su propio rancho, ubicado en la colonia Castro de Mexicali, muy cerca de la carretera al aeropuerto.
Publicidad
También queda claro que durante varias horas fue golpeado mientras las esposas le inmovilizaban sus manos, pues la FGE recabó evidencia de lesiones en diversas partes de su cuerpo, además de manchas hemáticas al interior del inmueble donde estuvo cautivo.
Sin embargo, para la juzgadora existen dudas importantes en el procedimiento de reconocimiento físico de los uniformados efectuado por el Ministerio Público, lo que deja una fisura en el caso que armó la FGE contra Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Noria y Leonardo Ornelas (Se presumen inocentes, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP) no se encuentra muy firme, pues al parecer la diligencia no se llevó a cabo conforme a las exigencias establecidas en la Ley.
Son ocho los presuntos responsables del crimen, de los cuales tres ya fueron detenidos, pero se espera que, de no ocurrir algo extraordinario, hoy viernes 6 de noviembre, otro de los implicados, de nombre Carlo Emmanuel Herrero Soto, se entregue para enfrentar la acusación en su contra.
Publicidad
EL CASO
La mañana del 3 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los tres agentes acusados de secuestro agravado, señalamiento que podría mantenerlos por más de 50 años en prisión.
El Ministerio Público a cargo de los abogados Guillermo Pérez y Alberto Machado, basa sus acusaciones en una denuncia anónima, siete testimonios de testigos y el reconocimiento físico, con lo que establecen que el 6 de agosto de 2020, un grupo de desconocidos vestidos con equipo táctico y cubre bocas, que tripulaban un pick-up Chevrolet Silverado color blanco y un sedán Mitsubishi color verde, les cerraron el paso cuando salían de su rancho
Los sujetos gritaron “¡Policía!” y obligaron a ETG y a su acompañante a descender de la unidad GMC Sierra que tripulaban, mientras eran encañonados con armas largas. Uno de los implicados, de “acento chilango”, le ordenó descender para posteriormente esposarlo y golpearlo.
En ese lugar le dijeron que “era malandro” y les entregara el dinero, pero el ofendido dijo que pertenecía a un grupo de asociaciones civiles. Eso no importó y, tras revisar la unidad, encontraron la cantidad de 127 mil pesos y 3 mil dólares en efectivo.
Los agresores lo obligaron a ingresar nuevamente al rancho para que les indicara dónde se encontraban las cámaras de vigilancia. Una por una, fueron destruyéndolas, así como el disco duro donde se almacenaban las imágenes. El ofendido olvidó una de estas y al ser descubierta le propinaron una golpiza.
La víctima observó parcialmente los rostros de algunos cuando tomaron vino y cerveza de su mini bar. También identificó algunos motes como “El Mudo” o “El Comandante”.
Allí le exigieron llamar a su esposa para que les llevara más dinero, o de lo contrario matarían a su familia y la “cortarían en pedacitos”. Ante la amenaza accedió y, tras contactarla, le dio instrucciones de la ubicación de 800 mil pesos y 22 mil dólares resguardados en su casa.
Los secuestradores le indicaron que el dinero sería recibido en el Kilómetro 11.5 de la carretera al aeropuerto, el cual dejaría en unos arbustos.
La cantidad no satisfizo a los criminales y solicitaron más dinero. Por ello contactaron a un familiar de Tijuana para exigirle 50 mil dólares, pero les dijo solo contar con 50 mil pesos, pero podría conseguir otros 50 mil en ese momento.
Los supuestos policías aceptaron y le indicaron que el recurso sería entregado en un callejón ubicado junto a la plaza Mundo Divertido de Tijuana. Sin embargo, le advirtió que tendría que comprometerse a entregar mil dólares al mes hasta cumplir con el monto requerido. A cambio de ello se volverían sus protectores.
El dinero fue entregado, y, al cabo de unas horas, ETG fue liberado en un punto despoblado cercano a su rancho.
El testimonio refiere que la víctima decidió no acercarse al rancho hasta el 21 de agosto, donde encontró una nota pegada en su cerco, en el que denunciaban a un grupo de agentes estatales por estar “calentando la plaza”. Líneas abajo aparecían los nombres de ocho elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) que presuntamente participaron en el crimen.
Esa carta fue el arranque de la investigación por parte del Grupo Antisecuestros de la FGE, que solicitó una serie de careos para que la víctima reconociera a los ocho implicados. Más de 40 policías fueron requeridos para participar. Solo a los señalados se les citó abogado.
Todavía no culminaban los careos cuando se giró la orden de aprehensión por lo menos a cinco de ellos; dos permanecen prófugos de la justicia y al menos uno, no fue formalmente reconocido por los ofendidos, pues estaba de vacaciones fuera de la ciudad cuando se citó al careo.
Ante los señalamientos, la defensa particular a cargo de Guadalupe Vásquez, centró sus argumentos en las irregularidades realizadas durante el reconocimiento y que al menos uno de los agentes, Salvador Zepeda, estuvo comisionado a Ensenada del 31 de julio al 6 de agosto, con la intención de formar parte del equipo de protección de Carlos Flores, titular de la GESI.
Los primeros alegatos refirieron que se violó el debido proceso de los acusados, pues estaba inducido para señalar a los presuntos implicados. Como ejemplo, uno de ellos fue careado con otro agente que superaba los 1.80 metros de estatura, mientras que su cliente mide 1.67; en otro caso tenían tono de piel diverso y complexión; la Ley establece que deben tener características similares. Esto repercute en el señalamiento directo porque la víctima buscará apegarse lo más posible a su declaración y a menos las tres acusaciones tienen las mismas inconsistencias que obran en la carpeta.
De igual manera, cuestionó que se utilizó una artimaña para implicarlos, pues les pidieron llevar abogado, pero no los reconocieron como imputados, con el objetivo de que no tuvieran acceso a la carpeta de investigación.
“Lo único que vincula a mis clientes, es una denuncia anónima y un mentón y frente de uno de los secuestradores”, comentó Guadalupe durante la audiencia.
La jueza Sara Perdomo coincidió parcialmente con los alegatos del defensor y desacreditó los careos, una de las pruebas más importantes que vinculan a los acusados con el caso.
Respecto al oficio de comisión, cuestionó a la defensa si contaba con información adicional, como lista de asistencia de Salvador Zepeda, algún recibo de peaje, un video, testimonios o algo que permita confirmar que estuvo ese día en Ensenada, a lo que respondió de forma negativa.
Intentando contrarrestar la información, el agente del Ministerio Público aseveró que los agentes salieron de dicha ciudad costera antes del mediodía, por lo que pudo regresar a Mexicali y perpetrar el crimen. Sin embargo, la defensa exhibió que esa información no obraba en el expediente, por lo que no podía ser utilizada en el juicio de momento.
Perdomo consideró que sí bien existía un oficio de comisión, no era posible determinar -con esa única prueba- que Salvador no estaba en Mexicali a la hora del crimen, pues el documento solo sirve para ordenar el pago de viáticos, pero no confirma que en verdad estuvo en Ensenada.
Por la cercanía de las ciudades, Perdomo determinó que era posible regresar con tiempo para participar en el crimen, por lo que decidió vincularlos a proceso y otorgar un plazo de tres meses para recabar información complementaria.
