Integrantes de las Resistencias de Baja California y la agrupación de jóvenes “Las Personas de Baja California”, coincidieron físicamente en las instalaciones del Congreso del Estado, donde -de manera paralela-, presentaron dos escritos contra diputados locales, además de anunciar una solicitud de juicio político.
Alrededor de las 10:00 horas del 1 de junio. ambas agrupaciones se dieron cita a las afueras del recinto legislativo, de manera accidental, puesto que desconocían mutuamente las intenciones del otro grupo.
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Los primeros -las Resistencias que surgieron a raíz de las manifestaciones en contra del gasolinazo y la fallida Ley de Aguas del estado -entre diciembre del 2016 y enero del 2017- acudieron para anunciar una serie de acciones legales contra los diputados de la pasada legislatura y de la actual, por diversas acciones realizadas.
Lidia Suárez, de la Resistencia, leyó un comunicado donde anunció que solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de su homóloga estatal, para que presente una acción de inconstitucionalidad contra la creación de la Secretaría de Manejo y Saneamiento de Aguas, la cual consideran que viola la Constitución Federal, al otorgarle atribuciones al Estado que son de competencia del Gobierno de México.
Afirman que centralizar el manejo del agua representa una ilegalidad y se contrapone con todas las tendencias nacionales e internacionales que pretenden asignar el manejo del agua a las comunidades, o bien, a los municipios, por lo que, además de contraponerse con las leyes vigentes, va contra todas las recomendaciones de Derechos Humanos en torno al uso del agua.
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Semanas atrás, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, presentó una iniciativa para la creación de una súper Secretaría que se encargaría del manejo absoluto del vital líquido, desde el agua de las ciudades, la agrícola, la de descarga, e incluso la proveniente de desaladoras, pese a que algunos de estos giros son tema exclusivamente federal.
Por su parte, la activista Cordelia Casas, anunció también una acción de juicio político ante el Congreso de la Unión, en contra de los diputados de la XXII Legislatura, el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y el entonces secretario Francisco Rueda Gómez, por la aprobación de la reforma al Octavo Transitorio Constitucional que modificó el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años, misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dio reversa hace unas semanas.
El argumento es que la reforma constitucional promovida por los legisladores transgredió gravemente las leyes mexicanas, lo cual consideraron sumamente grave. Como base del procedimiento promovido, Casas explicó incluyeron parte de lo expresado por el ministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien la calificó como un fraude constitucional y postelectoral.
Exigen rendición de cuentas y cumplimiento de propuestas a diputados
En un tema totalmente diferente, pero que se realizó a la misma hora a las afueras del recinto legislativo, el colectivo “Las Personas de Baja California”, presentó un escrito a los diputados de la actual legislatura, para exigirles que rindan cuentas y expliquen ¿cuántas de sus propuestas de campaña han cumplido durante su gestión?
Fernanda Flores, ex candidata a diputada independiente, fue una de las voceras del movimiento, quien señaló que se trata de un ejercicio de transparencia para saber si los legisladores realmente han cumplido con sus promesas de campaña, puesto que muchas de las iniciativas aprobadas no formaban parte de sus intenciones.
Comentó que les darán una semana de plazo, y si no reciben alguna respuesta, interpondrán una demanda de amparo para obligarlos a contestar.
Flores agregó que sus propuestas de campaña son públicas y están disponibles en las páginas de los organismos electorales, por lo que ya realizaron una revisión rápida y descubrieron que la mayoría de los legisladores no han cumplido los compromisos hechos con la ciudadanía.
Como ejemplo, Flores mencionó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual calificó de incompleto y sin avances, durante este gobierno, por lo que es necesario -aseguró- que se le tome la seriedad a este tema y se tenga un mecanismo para prevenir la corrupción que funcione.
