Entre el 90 y 95% de ese sector en Baja California pretende ampararse contra los nuevos gravámenes aprobados por el Congreso del Estado el viernes 24 de abril por diputados de mayoría morenista, pero propuestos por Jaime Bonilla Valdez. Según Rubén Márquez, representante del sector en Mexicali, ya contactó a casi todo su gremio y siguen considerándolo inconstitucional, además de inmoral, pues en lugar de buscar cómo apoyarlos en medio de la crisis sanitaria, pretenden ahorcarlos aún más. El secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo, reconoce que tuvieron que modificar las reformas, debido a que las planteadas el 31 de diciembre presentaban errores importantes
Publicidad
La crisis mundial ocasionada por la enfermedad COVID-19 parece no importarle al gobernador Jaime Bonilla Valdez en sus intenciones recaudatorias, y, en una accidentada sesión extraordinaria celebrada el viernes 24 de abril, el Congreso del Estado -de mayoría morenista- remendó la pifia cometida el 31 de diciembre de 2019, cuando se aprobó una serie de gravámenes a los combustibles fósiles -gasolina, gas y diésel-, con los que pretendían recaudar alrededor de 700 millones de pesos en solo un año.
Argumentando una preocupación ecológica, Bonilla Valdez dio luz verde a la escalada de impuestos incluidos de último minuto y ordenó la modificación de la Ley de Hacienda y de Ingresos 2020, cuando ni siquiera estaba publicada en el Periódico Oficial del Estado.
En aquella propuesta, la medida cobraba el 2.5% por litro vendido a cada usuario, lo que ocasionó una serie de amparos por parte del sector gasolinero. De hecho, el Poder Legislativo contabilizó 156 demandas, a las que se sumó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Publicidad
Ante la reforma aprobada el 24 de abril, el representante de los gasolineros de Mexicali anunció una “pandemia de amparos” contra la medida, la cual consideraron inconstitucional además de inmoral, toda vez que viene a mermar aún más su situación económica, afectada hasta en un 70% a causa de las medidas de aislamiento promovidas para combatir el coronavirus.
Manifestacion por alza de impuestos
La medida fue aprobada por los diputados Monserrat Caballero, Miriam Cano, Rosina del Villar, Araceli Geraldo Nuñez, Julia Andrea González Quiroz, Juan Meléndrez, Juan Manuel Molina Víctor Morán Hernández, Eva Gricelda Rodríguez, Víctor Navarro, Ramón Vazquez Valadez y María Luisa Villalobos, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los legisladores sin partido Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda.
Mientras que en contra estuvieron Carmen Leticia Hernández (Morena); Gerardo López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Rodrigo Otáñez, del Partido de Baja California (PBC); David Ruvalcaba Flores, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Elí Topete Robles, de Movimiento Ciudadano; Eva María Vásquez y Loreto Quintero, del Partido Acción Nacional (PAN). El presidente de la Mesa Directiva, Luis Moreno, se abstuvo de sufragar.
LA SESIÓN
La película se repite en cada oportunidad. Los diputados de Morena y sus aliados que integran la XXIII Legislatura, aplastaron a la oposición con su mayoría y aprobaron dos impuestos clave.
Las dos propuestas más polémicas eran el impuesto a los combustibles y a las plataformas digitales de transporte. El primero, por ser una tasa impositiva hacia los combustibles, insignia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que su precio no incrementaría, sobre todo la gasolina; el segundo, por representar un golpe a la economía de los usuarios de este tipo de transporte, sobre todo en el sector restaurantero, uno de los más afectados por la crisis generada por la pandemia.
La sesión comenzó después de las dos de la tarde, cuando inicialmente fue programada al mediodía. Muy pocos diputados acudieron al recinto legislativo, ya que la contingencia sanitaria los motivó a realizar sesiones a través de plataformas digitales como Zoom.
Mientras los legisladores llevaban a cabo la sesión, a las afueras del Congreso se manifestó un reducido grupo de empresarios encabezado por Miguel Ángel Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, además de Ernesto Elorduy Blackaller, de la Confederación Patronal de la República Mexicana y Rodrigo Llantada Ávila, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes entregaron un documento y mostraron su inconformidad sobre e “albazo” legislativo que pretendía aumentar los impuestos.
Habían pasado las primeras tres horas y media -de las seis que duró la sesión con todo y recesos- cuando se subió a pleno el Dictamen 65 de la Comisión de Hacienda que incrementaba el precio del combustible 17 centavos por kilo de emisión de Co2.
La justificación de la iniciativa refiere que anualmente se registran 893 decesos por complicaciones derivadas directamente de la contaminación, como principal responsable ubica al padrón vehicular que excede el millón 100 mil unidades, según la iniciativa. Por ello se planteó un esquema de cobro a empresas del ramo gasolinero que no se traslade a los usuarios, según refiere el apartado 136-2 de la Ley de Hacienda.
Según la iniciativa, el 20% del recurso recaudado sería para los municipios, mientras que el otro 80, será propiedad del Estado para proyectos y campañas enfocadas al combate a la contaminación.
El abogado Javier Sánchez consideró que esto resulta imposible, debido a que la Constitución establece claramente que los municipios tienen la libertad de ejercer su gasto como les convenga, sobre todo porque dicho recurso se incluiría en el fondo total de las percepciones municipales.
El dictamen contaba con transitorios que de manera inmediata eliminaban los artículos 8 BIS y 8 TER, de la Ley de Ingresos del Estado, además del Tercer Transitorio del Decreto 39 y los artículos 156-4, 154-5, 156-6 y 156-7, de la Ley de Hacienda del Estado, dejando sin efecto sus cobros posteriores.
De inmediato los diputados de oposición reclamaron que el impuesto tiene un fin meramente recaudatorio y no fija criterios específicos para el combate a la contaminación, por lo que dudaban de su utilidad.
“Inoportuno” incrementar impuestos” en BC; PRI no descarta amparo contra nuevos gravámenes
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Jiménez Ruiz, informó que cabe la posibilidad de que el instituto político presente un recurso contra los gravámenes que aprobó el Congreso del Baja California a la gasolina y el servicio de plataformas de transporte. Medidas que para el dirigente partidista resultan excesivas justo cuando el país se encuentra en estado de emergencia por la propagación del coronavirus.
“El bolsillo de los bajacalifornianos se encuentra muy lastimado, tal vez necesitemos presentar otro amparo para corregir las malas decisiones de la actual administración”, expuso en alusión a la aprobación del Dictamen 65, encaminado a reformar la Ley de Hacienda del Estado e impulsado por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Semejante proyecto fue aprobado el 24 de abril con 15 votos a favor, 7 en contra y una abstención, en una votación en que se impuso la mayoría de Morena y diputados afines.
En cuanto al amparo que el partido tricolor presentó el 11 de febrero contra la creación e incremento de impuestos en BC, Jiménez Ruiz detalló que “se encuentra sub júdice (bajo juicio)”, por lo que los priistas están “a la espera para ver qué procede”. Las cargas tributarias aprobadas el 31 de diciembre de 2019 por concepto de gasolina, fueron sustituidas con el nuevo gravamen.
En ese sentido, se trata de 17 centavos por cada litro adquirido por propietarios de gasolineras. La otra medida aprobada el mismo viernes 24 de abril, consiste en 1.5% sobre la ganancia que obtienen las plataformas de movilidad (Uber, Didi).
“La reforma a la Ley Orgánica del Congreso se dio para sesionar virtualmente sobre temas preponderantes para las familias bajacalifornianas y no para afectarlas; por eso es inoportuno y excesivo que se aprovechen para legislar a favor del incremento de impuestos en un momento tan delicado como éste”, expuso el priista.
Abordado por ZETA, el líder del Revolucionario Institucional mencionó que el equipo jurídico del partido revisaría el código concerniente a la organización y funciones del Congreso, en aras de establecer si hubo o no violaciones al procedimiento legislativo con el cual se aprobaron las nuevas obligaciones fiscales.
También se dijo “cierto de que el tema de los energéticos, de gas, gasolina y diésel es competencia exclusiva de la Federación, de tal suerte que los impuestos estatales no proceden”.
Agregó que los abogados del PRI están “valorando esas circunstancias para la interposición del recurso de amparo”, y en ese sentido remató: “En cuanto estemos en la posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer”. Eduardo Andrade Uribe
David Ruvalcaba Flores, del PRI, refirió que ya se cuenta con una verificación vehicular, cuyo objetivo es precisamente reducir las emanaciones de contaminantes, por lo que, en lugar de aumentar los impuestos, se debería impulsar un esquema más eficiente en este rubro.
Por su parte, el diputado Gerardo López, del PRD, criticó que intenten disfrazar un impuesto a través de la protección del medio ambiente, y dudó que no pudiera ser trasladado al ciudadano. Rodrigo Otáñez, del PBC, mantuvo una postura similar, pero agregó que el impuesto volvería menos competitivo a Baja California, además de que aumentaría a inflación, pues todos los productos se gravarán de manera subsecuente.
En respuesta, el diputado Juan Manuel Molina y las legisladoras Rosina del Villar y Monserrat Caballero, desestimaron los señalamientos, asegurando que su intención era proteger la ciudad incrementando los impuestos para usar ese recurso en proyectos y campañas estratégicas para reducir las emisiones.
Los tres aseguraron que la oposición pretende confundir a la ciudadanía, toda vez que el gravamen no se pasaría al consumidor final, porque estaba prohibido en la misma Ley.
Quien se mantuvo congruente con su votación el 31 de diciembre fue la diputada morenista Carmen Hernández, la cual cuestionó toda la justificación y argumentos que motivaron el impuesto, asegurando que requerirían más información para solventar esta tasa impositiva, ya que eran pocas las estaciones de monitoreo que se tenían en operación, además de considerar que el recurso recaudado debería ser manejado por un consejo especializado en el combate a la contaminación y no exclusivamente por el Estado.
A partir de ese momento, el resto del debate se volvió estéril, o como lo calificó Ruvalcaba, argumentos de “ideología barata”, al afirmar que combate el “conservadurismo” o criticar a los gobiernos anteriores para justificar sus nuevas políticas.
Al final, 15 votos de Morena y sus aliados fueron suficientes para avalar la iniciativa.
ACTOS DEL CONGRESO, PLAGADOS DE IRREGULARIDADES: ANADE Y GASOLINEROS
Entre el 90 y 95% del sector gasolinero de BC buscaría ampararse contra las medidas impulsadas por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y aprobadas por los diputados de su partido, reclamó el representante del sector gasolinero en Mexicali, Rubén Márquez, para quien la reforma no “frenó” las demandas anteriores, ya que los cobros de los primeros cuatro meses permanecen vigentes.
Más allá del golpe a sus finanzas –que rondan entre el 50 y 70%, acorde con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Javier Sánchez, las acciones cometidas por el Poder Legislativo están plagadas de irregularidades, partiendo de la sesión misma, la cual se llevó a cabo de manera digital, cuando ni la Constitución o la Ley Orgánica lo contemplan.
Según su dicho, en pasadas sesiones, el Legislativo aprobó llevar a cabo sesiones online, pero nunca fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, sino que solo se incluyó en la Gaceta Parlamentaria por ser una modificación interna.
Por tratarse de una reforma a la Ley Orgánica, dijo, debió pasar al Ejecutivo para su publicación, por lo que buscarán un amparo de forma y fondo que suspenda también lo realizado por el parlamento aquel día.
Tanto Rubén Márquez como Javier Sánchez, consideraron que el impuesto tiene otro tipo de irregularidades, como el que existe un tabulador que convierte a litros o kilos el combustible que se consume y se convierte en Co2.
Por ejemplo, el documento establece -sin mayor justificación- que la gasolina tiene un factor de emisión de 2.196 kilogramos de Co2 por litro adquirido; el diésel, 2.471 kilogramos de Co2 por litro consumido; el gas natural alcanza los 2.690 kilogramos de Co2 por kilogramo adquirido; y finalmente, el gas licuado de petróleo genera emisiones de 3 kilogramos de Co2 por kilogramo adquirido.
Con base en ello, se pretende cobrar el impuesto de 17 centavos por kilogramo de Co2. Sin embargo, no queda muy claro si el impuesto se pagará por litro adquirido o por emisiones.
A juicio de ambos, los diputados tomarán la interpretación que más les favorezca, por lo que consideran que cobrarían 0.17 pesos por cada kilo de Co2: por cada litro de gasolina que se venda, se pagarían 42 centavos, prácticamente lo mismo que con el impuesto anterior, de manera que la gasolina subiría aproximadamente 50 centavos por litro, sumándose a la enorme carga tributaria del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Juan Manuel Molina García, diputado morenista, insistió en que este impuesto no podría trasladarse a la ciudadanía, ya que lo prohibieron claramente en ambas leyes en su Artículo 136. Sin embargo, tanto Márquez como Sánchez plantearon que, si bien no se trasladaría directamente, el gravamen encarecería otros rubros, por lo que al final sí sería pagado por la ciudadanía en otros servicios del mismo combustible.
Rodrigo Llantada Ávila, presidente del CCE, fue más allá al asegurar que un impuesto de este peso, afectaría enormemente el reducido margen de ganancia que tienen las empresas gasolineras, pues contrario a la creencia popular, algunas incluso están operando en números rojos.
A su juicio, el propio gasolinero analizaría el despedir empleados o incluso operar sin despachadores, como ocurre en varias partes del mundo, lo que generaría una pérdida de puestos de trabajo.
Rubén Márquez también criticó que no se pueda trabajar con las reglas claras al inicio del año, pues le parece increíble que casi a mitad de 2020 se modifiquen las leyes de Ingresos y de Hacienda, las cuales deben definirse desde el año anterior.
Aunque Molina ha dicho que existen antecedentes sobre modificaciones a la Ley de Ingresos, consideran que solo debe darse en cuestiones muy especiales. En tanto que el vicepresidente de la Anade aseveró que este señalamiento debería realizarse desde el propio Congreso, pero por su conformación lo cree imposible.
Márquez criticó que se les cobre por emisiones que ellos no realizan, pues se limitan a la venta del producto y quien realmente lo quema es la ciudadanía, y por este elemento no debería afectarse al sector.
FEDERACIÓN NOS MOSTRÓ NUESTRAS IRREGULARIDADES: MARIO ESCOBEDO
Quien reconoció que el trabajo legislativo realizado el viernes 24 de abril fue por un error en el marco jurídico establecido el 31 de diciembre de 2019, fue el secretario de Economía Sustentable, Mario Escobedo Carignan, ya que la Procuraduría Fiscal de la Federación les hizo ver las omisiones que provocaron los amparos en contra de la iniciativa.
De ahí que se efectuaran las modificaciones para no aplicar el impuesto directamente a la gasolina, sino a la contaminación -concretamente al Co2-, y para evitar que impactara en la sociedad, se estableció que solo se le cobrara al vendedor.
En la misma exposición de motivos del dictamen, refieren una tesis con número de registro 2017229 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “… por lo que resulta que quienes obtengan ingresos por la venta de sustancias contaminantes, contribuya para resarcir el daño al ambiente, para que coadyuven con las acciones para que el Estado debe realizar para lograr dicho fin”.
En esta hipótesis sustentan gran parte de la iniciativa presentada, respaldada por las leyes generales de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de Cambio Climático, en las cuales se advierte que pueden establecer mecanismos para recaudar dinero que sea utilizado para resarcir el daño a los ecosistemas.
