El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California determinó ordenar a la Secretaría de Hacienda del gobierno de Baja California cubrir la deuda que tiene con el Instituto Estatal Electoral, luego de advertir “una omisión injustificada” con la cual se acreditó “una vulneración a la autonomía de funcionamiento del IEEBC”.
La resolución se consumó en virtud del expediente MI-14/2020 interpuesto por el Instituto Estatal Electoral de Baja California en contra del gobierno del estado por no cumplir con “el depósito restante de los recursos económicos correspondientes al subsidio del mes de enero del ejercicio fiscal 2020”.
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El fallo se dio en sesión pública celebrada el 1 de abril, “atendiendo al máximo” las medidas sanitarias impuestas por el Consejo de Salubridad General y el “lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados”, en aras de “salvaguardar la salud de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden a sus instalaciones”, según dio a conocer el TJEBC.
De acuerdo con información proporcionada por el área de comunicación del IEEBC, “al mes de enero” la deuda con el Instituto fue de 982 mil 802.38 pesos.
En otro asunto, el Tribunal impuso una multa al Partido de Baja California, consistente en 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario des de 86.88 pesos), tras establecer que en el pasado proceso electoral “incurrió en la comisión de actos anticipados de campaña” en vista de “pautar antes del tiempo legalmente establecido un promocional televisivo”.
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La sanción procedió con la resolución del expediente PS-19/2019, presentado por Morena y en el cual obraba una denuncia contra Elvira Luna Pineda, quien contendiera por la alcaldía de Mexicali, a quien el partido de izquierda adjudicaba la contratación del tiempo en televisión; en el caso de ella el TJEBC determinó que no la infracción no procedía.
También se resolvió el procedimiento PS-67/2019 promovido por el Partido Acción Nacional en contra del diputado de Morena Mario Delgado Carrillo y otros legisladores federales por “probables violaciones a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda” toda vez que participaron en eventos de fechas 26 y 27 de mayo y de 1 de junio de 2019.
El recurso del PAN no prosperó en razón de que el TJEBC observó que “la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sustentado que la sola asistencia de legisladores a eventos o asambleas, no está prohibida”, y que la infracción se tendrá por existente cuando haya de por medio “descuido de las funciones que tienen encomendadas o coaccionen el voto del electorado”, lo que según estableció el órgano local “no aconteció”.
Finalmente, se discutió la participación de 8 diputados federales en una rueda de prensa celebrada por legisladores de Morena en Mexicali un día antes de la jornada electoral del 2 de junio de 2019. En este caso se les atribuían “probables transgresiones a las restricciones de libertad de expresión, así como a los principios de equidad e imparcialidad previstos en la Constitución Política Federal”. Las infracciones atribuidas se tuvieron por inexistentes “al advertirse que el acto denunciado no constituyó una reunión o acto público de campaña, así como tampoco se advirtieron elementos de propaganda o proselitismo electoral”.
