Ante la reducción aplicada al presupuesto de la institución y la tentativa de acortar su presidencia, el titular del INE se dijo preocupado de que existan propuestas para “controlar políticamente a la autoridad electoral”. Comisión Temporal propone ajustes al gasto para 2020; diputado no niega posible “revanchismo” detrás de la iniciativa para abreviar cargo de presidente
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En tan solo unos días el Instituto Nacional Electoral se hizo blanco de dos medidas reductoras impulsadas por legisladores de la 4T; se trata del recorte a su presupuesto, equivalente al nueve por ciento del monto total solicitado, y de la iniciativa para que la presidencia del organismo sea de tres años en lugar de nueve.
Sergio Gutierrez Luna, diputado Federal.
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El 22 de noviembre, diputados de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social (afines al proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por el Presidente López Obrador) avalaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en el que se contempla una reducción presupuestal al Instituto, ascendente a mil 71.5 millones de pesos. En tanto que el martes 26, también en San Lázaro, legisladores de las mismas fuerzas se sumaron a la iniciativa del morenista Sergio Gutiérrez Luna, referente a acortar el periodo presidencial del INE (de nueve a tres años).
A decir del consejero presidente del organismo público, Lorenzo Córdova Vianello, resulta “preocupante” que a la par de haberse reducido el financiamiento, existan propuestas de reformas electorales tendientes a “controlar políticamente a la autoridad electoral”, situación que a su modo de ver no proyecta “buenos tiempos para la recreación de la democracia”.
Consideró pertinente que los actores políticos, en general, asuman la responsabilidad de “cuidar la fortaleza del INE” y “de todos los órganos autónomos”.
PLAN DE AJUSTES NO EVITARÁ DÉFICIT DE 284.5 MILLONES
A propósito del Presupuesto (elaborado con el consenso de la Secretaría de Hacienda), se emitieron 302 votos a favor, 65 en contra y hubo una abstención.
De 17 mil 732 millones 367 mil 976 pesos, al órgano electoral solamente se le concedieron 16 mil 660 millones 795 mil 16 pesos.
Lorenzo Córdova mencionó que con el recorte presupuestario “habrá un impacto, sin duda. Habrá programas que tendrán que posponerse inevitablemente”.
El Instituto informó que el presupuesto relativo a gasto operativo se solicitó en el ánimo de “llevar a cabo, entre otros servicios, la expedición de cerca de 16 millones de credenciales, atender los comicios locales de Coahuila e Hidalgo, e iniciar en septiembre la elección más grande de la historia: el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se estima que acudirán 96 millones de ciudadanas y ciudadanos”.
Presumiblemente, en 2021 habrá seis millones más de personas con derecho a votar y se renovarán 15 gubernaturas, 29 congresos locales, así como los ayuntamientos en 30 entidades; lo cual equivale a cerca de tres mil 200 cargos en disputa.
Córdova aseguró que el órgano electoral no va a transferir a la ciudadanía “el costo de una decisión tomada por las y los diputados”, de manera que esa instancia “no dejará de entregar la credencial para votar”. En cuanto a la organización de los comicios, mencionó que se estaban estudiando medidas, en aras de afectar “lo menos posible” la certeza electoral.
FOTO: INE /CUARTOSCURO.COM.- Lorenzo Córdova Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la institución en la antesala de la aprobación del PEF, la reducción presupuestaria -considerada la “más grande de la historia del INE”- podría situarlo en una “zona de riesgo, porque se trata de organizar una elección para permitir la recreación de la democracia”. En tal sentido, “la paz pública, la estabilidad política y la estabilidad económica dependen de que haya elecciones confiables”.
El reporte igualmente indicó que “el recorte, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral”.
Por lo pronto, el 4 de diciembre, la Comisión Temporal de Presupuesto, presidida por el consejero Benito Nacif, propuso suspender proyectos de inversión y posponer “hasta el límite establecido por ley” el arranque de “actividades mandatadas como parte del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y los 32 procesos electorales locales coincidentes”.
Tales ajustes serán sometidos a consideración del Consejo General el 11 de diciembre.
Con esas medidas, quedaría sin renovarse el equipo del Sistema Integral y Monitoreo con antigüedad de cinco años, necesario para garantizar se administren adecuadamente “los tiempos de radio y televisión en dos mil 200 señales”.
Se postergaría la construcción de la sede para la Junta Local en Aguascalientes, así como la renovación de infraestructura en los Módulos de Atención Ciudadana y en Juntas Distritales.
Los alimentos para personal activo en horas extras y días inhábiles habrían de reducirse, y los talleres regionales para medios de comunicación (enfocados al mejor entendimiento de los procesos electorales) quedarían cancelados.
Por otro lado, está previsto que la instalación de los Consejos locales y distritales (los cuales se habilitan en época electoral) se aplace un mes y que el periodo para dietas y apoyo financiero a los órganos temporales y permanentes de la institución, sea menor.
El organismo informó que con todo y los ajustes contemplados (ascendentes a 787 millones de pesos), el INE iniciará 2020 con un déficit de 284.5 millones de pesos. Para amortiguar esta escasez se tienen previstas medidas adicionales, como aplazar contrataciones en plazas vacantes, aprovechar ahorros por licitaciones, implementar otros planes de austeridad -propuestos por la Junta General Ejecutiva y el Consejo General- y transferir el “costo de servicios proporcionados a otras instituciones” a través de convenios.
INICIATIVA ENCAMINADA A LA “SUBORDINACIÓN” DEL INE
La propuesta para reducir el periodo del presidente del organismo, la cual contempla cambios al Artículo 41 de la Constitución, recibió el respaldo de 126 diputados. De acuerdo con la iniciativa, “la presidencia del Consejo será rotativa cada tres años y recaerá en el consejero electoral que designe la Cámara de Diputados”.
Conforme a los legisladores firmantes, semejante rotación “generará mayor dinamismo en la toma de decisiones y erradicará la concepción monolítica de una sola persona -durante nueve años- en la representación legal y política de organismo”.
Córdova Vianello manifestó a su vez que la tentativa constituye una propuesta encaminada a la “subordinación política” del INE; lamentó que, en caso de prosperar, “la mayoría que resulta de las urnas es la
Consejo General no está bajo dominio de una sola persona: Vocal ejecutiva
La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California, María Luisa Flores Huerta, observó que las funciones de la institución “requieren una plantilla muy grande”, la cual se justifica “a través de todas las obligaciones legales que se tienen”; tomando en cuenta semejante envergadura, lamentó que actualmente se tenga que pensar “en ahorrar recursos a costa de una replaneación y de una reingeniería”, en vista del recorte aplicado al presupuesto del INE para 2020.
En entrevista telefónica, Flores Huerta observó que, de postergarse la instalación de los consejos locales y distritales del órgano electoral (como medida para afrontar la carencia presupuestaria), ello obligará a personal del Instituto “a tiempos muy reducidos”. Según detalló, “los consejos distritales entran de lleno a reclutar personal para supervisores y capacitadores, y van a entrar con un trabajo terrible; de hecho, ya de por sí manejan tiempos muy cortos”.
Calculó que conforme a los ajustes contemplados, tales consejos habrán de instalares a finales de noviembre y diciembre respectivamente, cuando regularmente se habilitan a inicios de esos periodos.
También alertó que si no se renueva el equipamiento en los Módulos de Atención Ciudadana, con el cual se atiende a “un sinnúmero de ciudadanos” (generándose “un desgaste en el propio equipo”), el servicio que normalmente se presta “con rapidez en los trámites” podría verse afectado.
En cuanto al plan de abreviar la presidencia del órgano electoral, manifestó que “la justificación para esta reforma” tiene que ver con “dar una nueva idea y una frescura”; sin embargo, “hay una realidad: el consejo general no toma decisiones. No son tomadas las decisiones por la presidencia, no son decisiones unilaterales”.
Para determinar si en la mesa de discusión procede o se descarta un asunto, “quienes lo deciden son la mayoría, en algunos casos; en otros, cuando la ley lo establece, la mayoría calificada”. De modo que en ese sentido “no es un tema decir que el Consejo General está bajo dominio de una sola persona por tantos años”, estimó la entrevistada. Eduardo Andrade Uribe
que va a decidir quién va a ser el presidente” del Instituto. Comentó que si la titularidad de este es definida por “las mayorías en turno”, evidentemente habrá “un debilitamiento de la autonomía”.
El consejero presidente (quien asumió como tal el 3 de abril de 2014), refirió que al crearse la primera reforma electoral quedó establecido que los tiempos electorales no se determinasen por los del ámbito político; ello con el fin de garantizar independencia frente a los avatares de la propia política.
La iniciativa del diputado Gutiérrez Luna emergió en el marco de los posicionamientos de Lorenzo Córdova contra la ampliación de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (perteneciente Morena), así como de las impugnaciones que a propósito presentó el INE: una Acción Declarativa (presentada el 24 de octubre) y una Acción de Inconstitucionalidad (promovida a partir del 31 de ese mismo mes), recursos que finalmente fueron rechazados por las instancias competentes.
Uno de los diputados que firmaron la propuesta fue el legislador emanado de Encuentro Social, Héctor Cruz Aparicio.
Por lo que respecta al destino de semejante proposición, el político tijuanense refirió a ZETA que “la iniciativa ya no alcanza a sacarse en este periodo de sesiones”, el cual concluye el 12 de diciembre. Sobre ese particular, aclaró que la Comisión de Puntos Constitucionales no ha dictaminado todavía.
En dado caso, dijo, se podría convocar a sesión extraordinaria entre el 18 y el 20 de este mes, o entre el 15 y el 18 de enero. No obstante, a su modo de ver, el planteamiento no constituye “un tema urgente como para que Morena presione a la comisión para que dictamine”; de manera que, en ese contexto, el asunto pasaría al siguiente periodo (a iniciar el 1 de febrero).
En cuanto a su firma de apoyo, también puso en claro su posición: “Yo firmé la iniciativa para que se presentara, eso no quiere decir que de entrada tengan mi voto a favor (una vez que se dictamine al respecto)”.
Reconoció que es importante que se discuta la temporalidad de la presidencia del INE. Sin embargo, “no estoy a favor de que se recorte por capricho”, manifestó.
Se le preguntó si la medida podría constituir una suerte de venganza política, dadas las acciones emprendidas por Lorenzo Córdova y el INE contra la prolongación de la gubernatura en Baja California (estipulada en el decreto 351), a lo que Cruz Aparicio antepuso que si tal fuera el espíritu del planteamiento, él no votaría el proyecto correspondiente a favor.
“Yo de antemano, lo primero que les puse sobre la mesa es que no fuera un revanchismo, porque de entrada yo estoy en contra de la ‘ley Bonilla’. Si me percato de que es revanchismo, yo voy a votar en contra”, asentó.
Finalmente, afirmó que en caso de que la propuesta prosperara, Córdova Vianello no necesariamente dejaría de presidir el INE en automático, pues la definición de los efectos de la enmienda dependería de la discusión a la que en ese aspecto llegasen las fuerzas políticas.
AMLO respeta opinión del Tribunal sobre inconstitucionalidad de “ley Bonilla”
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara inconstitucional el decreto con el que se amplía de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se limitó a decir que respeta el resolutivo de esa instancia.
El 31 de octubre, la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación selló, en calidad de recibido, un informe que el ministro José Fernando Franco González Salas solicitó al TEPJF para conocer la opinión de esta instancia sobre la modificación del periodo de gobierno en la entidad.
La reforma a la Constitución de Baja California fue publicada el 17 de octubre, siendo que el 7 de ese mismo mes concluyó el proceso electoral correspondiente.
Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal determinaron que la denominada “ley Bonilla” quebrantó los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio; así como también los derechos a votar y ser votados (tal como ZETA dio a conocer en su edición del 29 de noviembre).
“Quiero decir que respetamos la decisión…”, dijo López Obrador. Mencionó que esa postura reflejaba haber en México un auténtico estado de Derecho. Y -finalmente- presumió que “eso demuestra que no somos iguales”.
Con todo y su respeto manifiesto por la determinación y la autonomía del Trife, la opinión técnica no es definitiva; de la misma manera que el tribunal tampoco constituye la última instancia con facultad para opinar, pues en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en plenitud de jurisdicción. Eduardo Andrade Uribe
