* “Extender consecuentemente el mandato emanado de las urnas de un gobernador por dos años para cinco años es más bien un atropello al orden democrático constitucional”
* “No sé si gobernar por dos años es una buena decisión, pero es una decisión que se tomó y se validó”
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* “No es cierto que (Bonilla) se haya registrado por cinco años”
* “La consulta no solo no tiene base legal, sino ningún elemento de certeza o de confianza”
* “La Constitución de Baja California hoy es muy clara: el gobernador electo en las urnas el 2 de junio dura dos años en su encargo”
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* “Confío en las instituciones; el día que las instituciones ya no sean confiables, pues ese día difícilmente podríamos seguir recreando la democracia”
* “En 2021 vamos a tener la elección más grande de la historia”
El doctor Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido en los últimos años no solo el árbitro de la democracia, también un protector de los derechos políticos electorales en México.
El INE es la institución que en 2018 celebró, organizó y cuidó la elección más copiosa de la que en México se tenga memoria, en la cual resultó ganador por primera vez en el país, un representante de la izquierda mexicana, un opositor consuetudinario en la política mexicana: el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La de 2018 fue, además, una elección sin conflictos ni sobras de por medio.
A partir de la emisión de la convocatoria para elegir gobernador en Baja California en 2019, y de manera intensa en las últimas semanas cuando la democracia corre peligro en el llamado “Estado 29”, Córdova ha defendido la legalidad no solo de la elección, también de la convocatoria que integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el propio gobernador electo intentaron cambiar para ampliar el periodo de mandato a cinco años, lo cual terminarían haciendo 36 días después de la elección, con una reforma a la Constitución local para ampliar el periodo del ejercicio del cargo.
A continuación, la entrevista concedida por el presidente del INE a ZETA.
— Con lo que sucedió en la consulta del domingo 13 de octubre, ¿corre riesgo la elección celebrada el 2 de junio de 2019?
“No corre ningún riesgo. Fue una elección que se hizo conforme a todos los parámetros legales, que fue validada por las instancias jurisdiccionales y cuyos resultados están firmes y son definitivos. Cuando digo esto, estoy diciendo también el sentido de la propia elección, es decir, además de elegir los otros poderes del Estado, un gobernador por dos años porque la propia elección incluye ese documento que fue validado, declarado válido por el tribunal electoral, que es la constancia de gobernador electo por un periodo de dos años. Entonces, creo que la elección no corre riesgo. Lo que corre riesgo en todo caso es el sistema democrático y el orden constitucional porque lo que ha venido ocurriendo desde el día siguiente a que la elección se llevó a cabo, con la intentona de cambiar las reglas del juego democrático una vez que este ya terminó y extender consecuentemente el mandato emanado de las urnas de un gobernador por dos años para cinco años, es más bien un atropello al orden democrático constitucional, pero no tiene que ver, digamos, con la elección.
“Ese orden democrático que forma parte de esa elección del 2 de junio, el que está viéndose atropellado con esta intentona burda por un lado, pero además, poco seria y digamos surrealista, en este episodio increíble en que un expediente de reforma constitucional se extravía en el Congreso sin que haya un tipo de consecuencias como en cualquier otro lado, si alguien extravía un material que sea válido, un expediente en materia constitucional, estaríamos ante una situación muy grave que implicaría consecuencias políticas y jurídicas que deberían deslindarse”.
— ¿De qué manera y cómo se está atropellando la democracia?
“Baja California históricamente es un laboratorio donde comenzaron a construirse algunos de los experimentos e instituciones democráticas que alimentaron el proceso de cambio político en el país hace treinta años. Pienso en la alternancia, en el primer padrón electoral ajeno al gobierno, en la primera credencial para votar con fotografía… en fin, que hoy sea un laboratorio donde están ensayándose graves atropellos democráticos.
“Hay una intentona en el Estado de Baja California que involucra a múltiples actores, del Legislativo, de los cabildos, de los ayuntamientos y del propio Ejecutivo por avalar algo que implica una grave alteración de las propias reglas de la democracia y el orden constitucional federal, que es muy claro, porque la Constitución establece con todas las letras que esas reglas del juego sí se pueden cambiar siempre y cuando se cambien de manera anticipada a que la elección, es decir, el juego democrático, se lleve a cabo.
“Aquí lo que están queriendo cambiar son las reglas del juego que ya terminó, y en ese sentido sí me parece que es muy delicado y si no se revierte por las instancias competentes, en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaríamos convalidando… vuelvo a utilizar la metáfora del laboratorio: un experimento trágico para la democracia constitucional que se está ensayando en ese laboratorio democrático hace treinta años y que hoy no lo está haciendo ya”.
— Durante los tiempos de precampaña y campaña, la convocatoria fluctuó entre los dos y los cinco años de periodo gubernamental por los recursos que se interpusieron por miembros y aliados de Morena ante tribunales electorales. ¿Esto afecta la certeza o autenticidad del resultado de la elección ante una convocatoria finalmente de dos años?
“No, de ninguna manera, porque la Constitución era clara para a todas luces haber sido impugnado ese cambio constitucional en 2014, nadie lo impugnó y no sé si sea una buena o mala decisión la que se tomó entonces de organizar una elección y establecer un gobierno para un periodo de dos años, pero es algo que ya ocurrió en otras entidades, en Veracruz, en Puebla. Ha habido varios casos en los que los periodos han sido disminuidos, incluso en la elección del 1 de julio de 2018 en la que se renovó el Ejecutivo federal, implica una elección con toda legitimidad en la que resultó electo el Presidente Andrés Manuel López Obrador no para cinco años, sino para cinco años y diez meses, como una manera de ir ajustando los propios calendarios electorales. No es la primera vez que ocurre, e insisto, no sé si gobernar por dos años es una buena decisión, pero se tomó y se validó.
“Con esa norma constitucional se convocó a la elección en diciembre pasado, con esas reglas constitucionales se hicieron los registros de los candidatos. Si alguien lo impugnó y al final del día fracasó en su intento de modificar desde el registro de candidatos la duración del gobierno en caso de ganar la elección, es otra historia, pero nunca dejó de haber en el orden de la elección de Baja California un mandato claro y específico que estaba plasmado en la Constitución del Estado en un transitorio, y que indicaba que se iba a elegir un gobernador por dos años. Bajo esa premisa, el 2 de junio salieron los bajacalifornianos a votar para elegir un gobernador de dos años, y se entregó una constancia al ganador indiscutible de la elección para gobernar el Estado por dos años, no por cinco, como hoy se pretende”.
— El gobernador electo Jaime Bonilla Valdez asegura que se registró por cinco años, ¿sabe Usted dónde está el error?
“No, no es cierto que se haya registrado por cinco años, es lo que él dice y efectivamente impugnó su elección por dos años, en su momento el tribunal local entiendo que validó ese registro con una mayoría de dos votos de sus integrantes, pero fue revocado por la última instancia, que es la que tiene la última palabra: la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación. Lo que vale no es el interludio jurídico, sino la decisión definitiva, así que en ningún momento estuvo en duda lo que mandata la Constitución. Lo demás son argucias legales y se vale que cada quien las exponga”.
— Parece que ahora sí los diputados publicarán la Ley para su entrada en vigor, lo que van a hacer a pocos días de tomar posesión Bonilla como mandatario. Una vez que él tome posesión, ¿afecta en el proceso de los recursos de inconstitucionalidad o controversias?
“No, porque lo que se estaría impugnando es una norma, lo que afectaría, lo que ya no se puede impugnar, es la elección en cuanto a tal, por eso los tribunales muchas veces tienen que trabajar contrarreloj para resolver las impugnaciones que respecto de la elección se hicieron. Si una impugnación contra una elección no se resuelve hasta que no tome posesión, el asunto queda sin materia, pero estamos hablando aquí de una cosa totalmente distinta, no de la impugnación respecto a la elección porque esa ya fue absolutamente validada y se resolvieron esas impugnaciones antes de que tome posesión el futuro gobernador.
“Lo cierto es que si la reforma constitucional al final es declarada inconstitucional, el efecto que tendría una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, es que todo vuelve al estado de cosas que tenía hasta antes de que esa norma eventualmente inconstitucional se publicara. Esto quiere decir que se validaría por la decisión soberana del pueblo de Baja California, que en las urnas eligió legítimamente y de manera indubitable, incuestionable, a su gobernador por un periodo de dos años, pero esa es digamos la historia que eventualmente ocurrirá en el futuro. Si la reforma constitucional con independencia del ejercicio del domingo o no, porque ese ejercicio no tiene ninguna base legal, en el mejor de los casos puede ser orientativo para el Congreso, pero la responsabilidad no es del pueblo de Baja California. La responsabilidad de modificar la Constitución es de los órganos involucrados en la reforma constitucional en esa entidad, es decir, el Congreso y los cinco municipios, de nadie más.
“Además, la consulta no solo no tiene base legal, sino ningún elemento de certeza o de confianza que debe tener todo ejercicio de participación ciudadana en las urnas, pero dicho lo anterior, digamos si no se publicara por alguna razón esa reforma constitucional, la Constitución de Baja California hoy es muy clara: el gobernador electo en las urnas el 2 de junio dura dos años en su encargo”.
— ¿Podríamos tener dos años de incertidumbre, con la amenaza de publicarla o no?
“No, porque una vez que tome protesta por dos años, una modificación que perdiera el mandato sería todavía más inconstitucional, pero no es que no pueda impugnarse si se publica antes. Claro, todo esto lo tendrá que decidir la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad jurisdiccional del país, y por supuesto para que la Corte se pronuncie, alguien tiene que impugnar esa modificación a la Constitución del Estado una vez que sea publicada, y la Constitución es muy clara respecto a quienes pueden impugnar esa reforma: una minoría parlamentaria, un 33 por ciento de la Cámara, un partido político, el Presidente de la República, la Fiscalía General de la República. Eventualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si la Corte asume que esta no es una materia estrictamente electoral, entre otros. El INE no tiene una atribución expresa para poder impugnar vía acción de inconstitucionalidad una reforma de esta naturaleza, de hecho no puede, no está expresamente reconocido como autoridad que pueda interponer este tipo de recurso o acciones de inconstitucionalidad, pero ya desde ahora estamos estudiando porque, dado que el INE es el responsable de acuerdo con la Constitución de generar las condiciones y garantías para que la voluntad soberana de pueblo se exprese en las urnas, partimos de la premisa que tenemos facultades implícitas para llevar a cabo esa misión constitucional y eventualmente estamos ahora trabajando, analizando si el INE es una autoridad competente para interponer una acción de inconstitucionalidad, y en caso de decidirlo, pues estoy convencido junto con los demás actores facultados, con las demás autoridades facultades, que tenemos compromiso democrático en este sentido y presentaremos en su momento esa acción”.
— ¿Cuál sería el argumento para…?
“Si bien no está en el Artículo 105 constitucional, es lo que estamos estudiando. Si el Artículo 41 constitucional nos faculta para ser el ente que organiza todas las elecciones del país, en el caso de las locales de la mano del Instituto Estatal Electoral que corresponda, y de generar todas las condiciones de garantía para que la garantía de las y los ciudadanos pueda ser expresada de manera libre y segura, garantizada, que esa voluntad prevalezca. Estamos justamente en el proceso de analizar, pero evidentemente se trata de un acto cuya decisión tendremos que esperar, porque depende de que en algún momento se publique esa reforma”.
— Para aclarar: la elección de Baja California ya causó estado, Jaime Bonilla el gobernador electo ya recibió públicamente su constancia de mayoría y ahí se especifica que son dos años. Aun en esas condiciones, en esos términos, ¿se puede cambiar el lapso del ejercicio de un gobierno?
“Mi postura pública como presidente del INE, sobre todo como constitucionalista, es que no. Si se hubiera querido cambiar el periodo para el que se es electo en una elección, esto debió haber ocurrido antes, la propia Constitución lo dice con todas las letras: las leyes electorales claro que se pueden cambiar, pero se tienen que cambiar noventa días antes de que arranque la elección, donde esas reglas quieren aplicarse. Los cambios tienen que ser ex ante, no ex post”.
— ¿Entonces no se puede?
“Por eso digo que hay una violación a la orden constitucional. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para adelante, no para atrás. Es decir, podría el Congreso decir que en la siguiente elección, en 2021, se va a elegir un gobernador por tres años para empalmarse con la de 2024, pero porque las elecciones de 2021 todavía no se llevan a cabo. Lo que no se puede hacer es que ya pasada la elección, habiéndose expresado los ciudadanos, el Congreso del Estado y los municipios interpreten ‘ah, miren, la voluntad de los ciudadanos expresó para que equis persona gobierne por dos años, ahora la vamos a hacer que gobierne por seis o cinco’, ¡pues no se puede!, ya la elección pasó. El pueblo soberano ya se expresó y la única manera en que esto puede ocurrir es cambiando las reglas del juego respecto de futuros ejercicios. Eso es lo elemental y, si no ocurriera así, si se convalidara, se permitiera lo que hoy está ocurriendo, en otras entidades federativas los congresos y municipios, los órganos reformadores de la Constitución, podrían decir ‘el pueblo eligió a un gobernador o gobernadora, o jefa de gobierno, por seis años, pero ahora va a ser nada más de tres’, o aumentar a siete. Las reglas del juego se cambian para respetar y honrar ese principio constitucional que es el de la certeza, tienen que cambiarse antes de que el juego se lleve a cabo, no después, cuando ya terminó”.
— Suponiendo que en próximos días los diputados envíen la reforma para su publicación y entre en vigor, ¿qué se deberá cambiar? ¿Acaso el dictamen que acredita la constancia de mayoría?
“No, porque ese dictamen ya está establecido, sería grave porque el propio Congreso, a través de la Constitución, que da legitimidad al gobernante para un periodo cuya legitimidad no emanó de las urnas. El pueblo de Baja California eligió de manera indubitable a su gobernador por dos años, el Congreso no puede prolongar a través de una reforma constitucional un mandato sobre el que el pueblo ya se expresó en una elección”.
— ¿No hay manera de que se cambie ningún documento del proceso electoral? ¿Ni el dictamen ni la constancia, nada?
“No, para nada. Eventualmente el Instituto Electoral del Estado no puede emitir una constancia que defina en su sentido de lo expresado a las urnas, en todo caso el que tiene que ser responsable de este atropello es el órgano reformador de la Constitución, que tendría que ver no sé con base en qué, seguramente en una reforma cuya validez jurídica me parece muy cuestionable para extender el mandato, lo cual es muy delicado porque el pueblo eligió por dos años y el Congreso y municipios decidieron que no eran dos, sino cinco. ¿Cuál es la fuente de legitimidad de esos tres años adicionales? Sin duda no el pueblo de Baja California, los órganos reformadores de la Constitución, y hasta donde entiendo, en una democracia a los gobernantes los elige el pueblo a través de las elecciones”.
— ¿Esos serían parte de los argumentos en caso de que el Instituto Nacional Electoral pueda presentar una acción de inconstitucionalidad?
“No lo sé, porque hay que esperar la acción, no se presenta tan abstracto, se presenta respecto de un acto jurídico concreto y este sería la reforma constitucional. No sé cuál vaya a ser el fraseo de la propia reforma, digo, si los propios diputados no tienen el texto de la reforma, pues no lo tengo yo tampoco, evidentemente. Habrá que esperar a que se publique, porque la publicación es lo que detona la impugnación, y en los términos en los que se publique, deberá construirse el argumento de quienes decidan interponer un recurso para salvaguardar al Estado de Baja California y su ciudadanía de un atropello democrático como el que está planteándose”.
— Con la información que tenemos hasta el momento, una vez que llegue el tema a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación habrá dos escenarios: si lo rechazan, las cosas permanecen como están por dos años, pero ¿qué sucedería si les dan la razón a los abogados del candidato electo?
“Como la Corte es la última instancia, en Baja California -insisto-, el Estado donde hace treinta años se cimentaron y crearon las primeras instituciones, se dieron los primeros procesos en clave democrática, pues sería un Estado donde comiencen a darse no los primeros síntomas de agotamiento, sino las primeras expresiones de regresión democrática, porque eso implica que son los legisladores y los órganos involucrados en una reforma constitucional los que van a decidir quién y por cuánto gobierna y no el pueblo. Pero ese es un escenario que no quiero siquiera plantearme porque desde mi punto de vista implicaría que el orden constitucional está defectiblemente roto, y con ello también las perspectivas de consecución y de recreación de la democracia a futuro”.
— ¿Confía Usted en la Corte?
“Confío en las instituciones, el día que las instituciones ya no sean confiables, pues ese día difícilmente podríamos seguir recreando la democracia”.
— ¿Puede asegurar que habrá otra elección para gobernador de Baja California en 2021?
“En 2021 vamos a tener la elección más grande de la historia, si bien solo se renueva la Cámara de Diputados a nivel federal, es la primera vez que habrá elecciones en todas las entidades federativas de manera concurrente, entre los cargos que se renovarán están quince gubernaturas, incluida la de Baja California, y en el INE desde ahora nos estamos preparando, aunque todavía el proceso electoral de 2021 no arranca, revisando nuestros documentos, nuestras normas para que sea una elección exitosa. Justo dentro de un año o poco menos, en once meses, arrancará en septiembre el proceso electoral de 2020-2021, y confío que en 2021 se van a elegir quince gubernaturas, no catorce. Esto implica que la democracia constitucional logró sobreponerse a un trago amargo, a un intento de atropello, pero que seguimos en la ruta de consolidar nuestra democracia. Si no se realizan quince elecciones y solo catorce, habremos iniciado o eventualmente se habrá abierto una muy delicada rendija para una eventual reversión democrática. Pero confío en las instituciones, en todos los actores que desde las distintas trincheras que nos corresponden, vamos a defender eso que tanto nos ha costado a todos construir”.
Muchas gracias.
