Un volumen de más de mil 900 litros por segundo de agua residual que no es tratada conforme a las normas de saneamiento, son vertidas directamente por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana al mar en Tijuana y Rosarito, informó Conagua. Dependencia que, aunque multa a la paraestatal, posteriormente le permite continuar operando de manera irregular. A esa cantidad se suma el agua de plantas abandonadas por desarrolladores que derraman agua cruda en arroyos y cañadas, daño ecológico del que ninguna empresa ni autoridad se responsabiliza
Las aguas negras generadas en Tijuana se descargan sin cumplimiento a las normas oficiales de saneamiento tanto en el río como en las playas de Tijuana y Rosarito, adonde escurren por gravedad a través de arroyos y cañadas.
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Llegan ahí derivado de fugas y del pésimo estado en que se encuentra la mayor parte de las 48 plantas de tratamiento de aguas residuales que operan en estos dos municipios, o porque son vertidas de manera deliberada por quienes tienen a cargo su operación, sean empresas privadas o la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Por un lado, mil 900 litros por segundo de agua cruda, clorada o con tratamiento para reúso, confluyen en la planta de tratamiento de Punta Bandera, San Antonio de los Buenos, la cual desde 2012 incumple con la NOM-003-SEMARNAT-1997, y desde donde el líquido residual es descargado directamente a la playa.
Por otro lado, las 32 plantas instaladas en Tijuana y Rosarito que no pertenecen a CESPT operan sin una estricta supervisión oficia, ZETA lo pudo corroborar tras una serie de entrevistas, toda vez que las dependencias que debieran controlar y sancionar las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales y el incumplimiento a las normas oficiales, al ser cuestionadas, se delegan entre sí esa responsabilidad. Omisión que lejos de corregir, fomenta el anómalo manejo que se da a las aguas negras de la región.
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Entrevistados por ZETA, ni los representantes de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a nivel federal; Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) o CESPT en el Estado, pudieron dar cuenta de en qué condiciones se encuentran y la cantidad de aguas negras que reciben y descargan esas plantas.
La situación se agrava, porque en la zona que abarca Tijuana y Rosarito, un promedio de 15 plantas construidas en fraccionamientos edificados en la última década fueron abandonadas por desarrolladores como Urbi, GEO y Homex, generando escurrimientos superficiales que son conducidos por los cauces de los arroyos Huahuatay y Rosarito hacia las playas del quinto municipio de Baja California, generando un impacto ecológico negativo que no se está registrando ni midiendo.
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA SOLO EN DESCARGAS A EU
Actualmente la CESPT opera 16 plantas de tratamiento que en conjunto reciben un promedio 2 mil 700 litros por segundo de aguas residuales, aunque su capacidad está diseñada para atender 3 mil 500 litros por segundo, informó Mario Olvera Machado, subdirector de Agua y Saneamiento del organismo operador.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Vestigios de la planta La Cascada.
De los casi 3 mil litros por segundo que se recibe en estas plantas, el funcionario detalló que el organismo cumple al cien por ciento con la norma NOM-003-SEMARNAT-1997 en el tratamiento de un promedio de 624 litros por segundo. De ese total de agua, 254 litros por segundo pasan por La Morita y 230 litros por segundo por Arturo Herrera, en dos plantas que la CESPT tiene concesionadas a particulares.
El agua de las dos plantas concesionadas, converge la que es saneada en el municipio de Tecate y la derramada en el Río Alamar y Río Tijuana, de los cuales mil 100 litros por segundo son bombeados a la PB CILA instalada sobre la Avenida Internacional, para recibir un último tratamiento antes de ser enviada a la Planta Internacional de Aguas Residuales (PITAR), ubicada en San Ysidro, Estados Unidos.
DESCARGAS SIN CUMPLIMIENTO DE NORMA DEL LADO MEXICANO
En forma paralela, la planta PB1-B envía una cantidad similar de agua hacia la planta de tratamiento ubicada en Punta Bandera, en San Antonio de los Buenos, desde donde se vierte al mar, líquido que es bombeado de las plantas de El Matadero, Los Laureles, Playas de Tijuana, Natura y de los diversos colectores.
En Punta Bandera, la CESPT vierte al mar mil 900 litros por segundo de agua, de los cuales mil 100 pasan por las lagunas de oxidación de la planta de Punta Bandera, proveniente de colectores y de las plantas El Tecolote y La Gloria, cuya construcción inició, pero no culminó la CESPT, porque argumentaron, les faltan recursos.
En Punta Bandera, “… al llegar a San Antonio de los Buenos lo básico es cloro gas y meterla a los aireadores, que aunque no es la misma calidad de tratamiento no entra cruda al mar, sino que baja todos los aminoácidos”, explicó Mario Olvera Machado, subdirector de Agua y Saneamiento de la CESPT.
Admitió que desde 2012, la planta de tratamiento que recibe la mayor parte de descargas de agua residual de Tijuana, opera fuera de norma, debido a que cuenta con un proceso de saneamiento obsoleto a través de lagunas de oxidación. No obstante los mil 100 litros por segundo de agua semi-tratados en San Antonio de los Buenos, se mezclan con agua tratada en las plantas El Matadero, Los Laureles y Playas de Tijuana para su descarga final en las playas de Tijuana.
PLANTAS EN ABANDONO
De las 16 plantas que opera la CESPT por cuenta propia o que tiene concesionadas, la mitad registra deficiencias en su operación, lo cual se ve reflejado con escurrimientos a cielo abierto y malos olores, denunciados constantemente por la población afectada.
A esa problemática ambiental se añade la operación de por lo menos 15 plantas de tratamiento construidas en fraccionamientos por desarrolladores que concluyeron su edificación o las abandonaron luego de declararse en quiebra. En Tijuana y Rosarito, 32 plantas de tratamiento de agua residual son operadas en desarrollos privados, de los cuales la propia CESPT ha detectado que la mitad opera en forma irregular.
De acuerdo a la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales, al ser la CESPT el organismo operador encargado de la infraestructura de agua residual, es el ente responsable de su captación, conducción y tratamiento, refirieron a ZETA autoridades de la Conagua.
Foto: Jorge Dueñes.- Sin uso tubería para captar agua residuales
Mario Olvera Machado, subdirector de Agua y Saneamiento de la CESPT, señaló que, por cuestiones jurídicas, no puede hacerse cargo de su operación, toda vez que la infraestructura pertenece a particulares y no ha sido entregada oficialmente a la paraestatal.
Para el vicepresidente nacional del Sector Hidráulico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Becerra Lizardi, la responsabilidad de que esas plantas operen en forma inadecuada es de la CESPT, toda vez que los permisos para la instalación no son liberados sin el aval de CESPT, organismo que tendría que supervisar que los proyectos se concreten.
Por otro lado, la paraestatal no puede escudarse en el hecho de que el fraccionamiento no le ha sido entregado oficialmente “cuando a los vecinos les cobran el servicio de alcantarillado, para cobrar sí tiene facultades ¿pero para dar el mantenimiento no?”, cuestionó.
Agregó que la CESPT paga la vigilancia de esas plantas para evitar sean vandalizadas, “y realiza las maniobras mínimas, ponerles pastillas para evitar la emanación de malos olores, desazolvar para que medio funcionen, pero lo hacemos por una cuestión de salubridad, no porque nos corresponda hacerlo”, e insistió que jurídicamente no pueden invertir en ellas ni hacerse cargo, hasta que oficialmente les sean entregadas.
La mayoría de esas plantas se localizan en los fraccionamientos ubicados a la altura del Bulevar 2000, donde GEO, KCasas, Urbi y Homex construyeron desarrollos habitacionales sin que la zona contara con sistema de colectores de aguas residuales, por lo que se vieron obligados a instalar plantas de tratamiento de aguas negras a cambio de obtener los permisos de uso de suelo para sus proyectos, agregó Becerra Lizardi.
El representante de CMIC expuso que de acuerdo a inspecciones realizadas, tanto las plantas “chicas” que tiene a cargo la CESPT y que no se encuentran concesionadas, como las abandonadas en fraccionamientos por los desarrolladores, operan de manera irregular.
Uno de los mayores problemas lo observó en el fraccionamiento KCasas, asentamiento desarrollado por Homex, cuya planta de tratamiento de agua residual fue cerrada al iniciar el desarrollador una nueva planta, pero el constructor se declaró en quiebra antes de culminar la obra.
En ese punto se generaron dos problemas, uno es la deficiente operación de la planta sin terminar y otro lo genera el hecho de que el agua residual de la planta que se cerró no fue desviada para su tratamiento, sino que escurre a cielo abierto, descarga que se ha convertido en un factor contaminante.
Otra planta, la de Las Delicias Segunda Sección, abandonada por GEO, su deficiente infraestructura genera escurrimientos a cielo abierto, agua negra cuyo escurrimiento ha desembocado en la Presa Abelardo L. Rodríguez, generando la observación de la Conagua, dependencia que solo logró que la descarga del líquido residual dejara de verterse a la presa, pero que continúa descargándose a cuerpos receptores naturales como arroyos y cañones, para terminar dirigiéndose al mar de Rosarito.
Un caso más es la planta ubicada en Urbi Villas del Prado, recientemente a cargo de la CESPT, al constantemente registrar fallas técnicas, lo que interrumpe su operación por intervalos de horas durante el día.
Además de las plantas de los fraccionamientos del Este de Tijuana, plantas como la instalada en Santa Fe también registra fallas constantes y escurrimientos a cielo abierto.
El municipio de Rosarito no está exento de esta problemática, muestra de ello es la que se encuentra abandonada y destruida en el fraccionamiento La Cascada, la cual se ubicaba a un lado del Centro de las Artes.
Foto: Jorge Dueñes.- Descargas de aguas negras sin tratar en casas.
La ineficiente operación de las plantas de tratamiento de agua residual, sumada a la de la red de alcantarillado, mantiene los altos índices de vertimiento de aguas residuales sobre los cañones y cauces naturales de la ciudad, los cuales desembocan al mar. Cerca del 46% de la red de drenaje es obsoleta, determinó un estudio solicitado por la propia CESPT para la elaboración del Plan Integral de Saneamiento y Reúso del Agua en Tijuana y Playas de Rosarito.
DESDEÑAN RESOLVER PROBLEMÁTICA
Los problemas de derrames de la plantas de tratamiento de aguas negras de fraccionamientos como Las Delicias, KCasas, La Cascada, entre otros, han sido reportadas por vecinos, CMIC, autoridades municipales de Tijuana y Rosarito y la propia CESPT a las autoridades de Semarnat, Conagua y Profepa, dependencias que después de inspeccionar, realizan exhortos y recomendaciones, pero no obligan a la solución el problema.
De acuerdo a autoridades de la CESPT, “cuando el agua toca el suelo le corresponde a la Federación, si está entubado en alcantarillado le toca a la CESPT, es parte de la competencia”, anotó Mario Olvera Machado.
Manuel Omar Nava, jefe de la Unidad Jurídica de la Semarnat, declaró que esa dependencia no tiene un análisis de la situación, que corresponde regularlo a la Conagua, “ellos mismos tienen inspectores para verificar si una empresa derrama agua, ahí se puede sobreentender que Profepa tiene participación, pero como es un cuerpo receptor de agua -tanto el mar como el Río Tijuana o los arroyos y cuencas- es de Conagua”.
Agregó que si el agua negra se derrama a cielo abierto tendría que vigilarlo la Profepa, “es una coparticipación entre Conagua y Profepa, por el área de residuos y por el área de contaminación del agua, los residuos le corresponden a Profepa, pero como contaminan el agua, ahí entra Conagua”.
En tanto, de las oficinas de la Conagua en Baja California respondieron que sí cumple con su cometido de inspeccionar, incluso que desde 2012 se han aplicado multas a la CESPT por el incumplimiento a la norma de saneamiento ambiental en el tratamiento del agua en la planta de Punta Bandera, “al no cumplir la calidad del agua como fue autorizado su permiso de descarga, se hacen acreedores a sanciones y multas”.
Sin embargo, las autoridades de la dependencia indicaron que por ser la CESPT un ente público, las multas que pagan les es retornada en los años posteriores en apoyos para proyectos, para que mejoren las condiciones en que operan las plantas de tratamiento.
Al año, la paraestatal recibe en promedio 100 millones de pesos de esos programas federalizados, recursos que se han canalizado a la reparación de los colectores del sistema de agua residual, anotó Olvera Machado.
Las autoridades de la Conagua sostuvieron que el derrame de aguas negras a cielo abierto es parte de lo observado tanto a desarrolladores particulares como a la CESPT, “de 2015 a la fecha van más de 90 visitas de inspección y monitoreo, derivando en tres acciones: que no haya faltas al cumplirse con los parámetros, o la aplicación de multas económicas, o litigios por demandas interpuestas en las que la contraparte alegue que sí cumple”.
Al ser requerida información a la Profepa, la dependencia se deslindó del problema, emitiendo respuesta a través del área de Comunicación Social, que “las plantas de tratamiento y el agua residual son competencia local y también de Conagua y Semarnat, como cabeza de sector”.
SOLUCIÓN EN PROYECTO
Para evitar verter agua sin tratar de acuerdo a la norma al mar, la Comisión Estatal de Servicios Públicos concesionó la realización de estudios para la rehabilitación de la planta de Punta Bandera, cuyos resultados de ingeniería básica obtendrá en dos meses.
El estudio determinará “por un lado, las necesidades de rehabilitación de la planta, y por otro, el tamaño del emisor submarino para enviar esas aguas a dos kilómetros hacia el mar y no esté a la vista de la gente cómo baja esa agua”, dijo Mario Olvera Machado.
El estudio tiene un costo de 10 millones de pesos, presupuesto que fue financiado desde 2018 por la CESPT, el Banco de Desarrollo Americano y Banobras.
Otra solución, proyectada por la Conagua, es solicitar a los ayuntamientos “ya no conceder permiso de cambio de uso de suelo a un fraccionamiento, a menos que haya un drenaje ahí que conduzca a una planta de tratamiento de CESPT”.
Al respecto, Everardo Lona, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana, subrayó que todo permiso de uso de suelo que el Municipio libera para la instalación de las plantas de tratamiento de agua residual, es avalado primero por la CESPT.
Sin embargo, para Manuel Becerra, representante nacional de CMIC, la solución no es tan fácil, “si se le provee el dinero a la CESPT, ¿cómo garantiza que lo va a arreglar y no va a volver a pasar? Ya ha pasado que hace crisis el problema y entonces viene la ayuda de Estados Unidos por las quejas de las mismas autoridades americanas, le meten mucho dinero para corregir y a la vuelta de cinco o diez años las cosas están otra vez igual, se convierte en un círculo vicioso”, acotó.
PROYECTO MORADO SIN SEGUIMIENTO
Becerra recordó que el Proyecto Morado planteaba el aprovechamiento del 20% del agua negra tratada, pero a la fecha solo se aprovecha el 7% del agua tratada, de acuerdo a la norma o de manera deficiente; el resto se vierte al Océano Pacífico.
Iniciado durante el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, con la operación de plantas concesionadas a la empresa Suez Medio Ambiente México, SA de CV, como La Morita y Arturo Herrera y la instalación de tubería que por gravedad permite el riego de áreas verdes como el vivero del Parque Morelos, su capacidad no se ha incrementado.
En la planta de tratamiento de La Morita se cuenta con un vivero de uvas, de cuya cosecha se elabora vino, el cual no se comercializa, per permite promover el reúso del agua tratada, destacó Mario Olvera Machado, titular de Saneamiento de CESPT.
Durante el gobierno de Francisco Vega Lamadrid, el proyecto solo se ha logrado mantener con la infraestructura heredada de la anterior administración, invirtiendo al año un presupuesto de 120 millones de pesos en el mantenimiento de alcantarillado y saneamiento, sin destinar recursos para su ampliación.
De acuerdo a Olvera, la paraestatal cuenta con siete garzas para que los usuarios puedan tener acceso a esa agua tratada, la cual tiene un costo de menos de 5 pesos el metro cúbico, contra los 24 pesos que vale el metro cúbico de agua potable.
Al no contar con tubería para su distribución, el agua es entregada en pipas a empresas maquiladoras que no tienen acceso a la tubería que conforma la línea morada, o por los desarrolladores que adquieren el líquido tratado para compactar la tierra en la cimentación de las casas.
En lo que resta de la actual administración, la CESPT no cuenta con proyecto para ampliar la línea morada, pero sí se compromete a mantener el reúso del 7% del agua residual.
Uno de los proyectos de reúso es el riego del Valle de Guadalupe, pero las actuales autoridades de la CESPT lo delegan a futuras administraciones.
