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domingo, febrero 18, 2024
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Comunidad científica en contra del centralismo

Más de 50 participantes en el Foro Estatal de Consulta “Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: Presente y Futuro”, se pronunciaron a favor de que la opinión de todos los estados sea escuchada para construir la nueva Ley que ha de regir al sector, señaló Alfredo Babún Villarreal, subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable de la Sedeco

Investigadores, representantes de universidades y empresas, así como autoridades de Baja California, sugirieron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que dirige María Elena Álvarez-Buylla Roces, que antes de crear la nueva Ley en la materia, se cuente con una política de ciencia y tecnología, y éstas se reconozcan como un derecho humano.


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Pidieron además que la Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología que está a discusión en el Congreso de la Unión, reconozca un plan de amplio espectro a mediano y largo plazos para incorporar las ciencias sociales, la divulgación de la ciencia, el área social y el desarrollo humano.

En las conclusiones preliminares del Foro Estatal de Consulta “Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: Presente y Futuro”, celebrado el 20 de marzo en Tijuana, destaca la necesidad de crear un Sistema Nacional de Divulgadores que forme equipos multidisciplinarios y seccionados de acuerdo con la especialidad y la entidad federativa, entre otras variables, para una intercomunicación efectiva en el país.

En líneas generales, los más de 50 participantes del Foro se pronunciaron a favor de que la opinión de todos los estados sea escuchada para construir la nueva Ley, y evitar que se tome una decisión centralizada, señaló Alfredo Babún Villarreal, subsecretario de Desarrollo Económico Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).


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En entrevista con ZETA, explicó que este Foro fue organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC (Rednacecyt), instancia que impulsó el mismo ejercicio en las 32 entidades federativas, para discutir las propuestas emitidas por el Conacyt, y la iniciativa presentada por la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera, de Movimiento Regeneración Nacional, con el fin de que sea escuchado el sector.

Ello, luego de que esa iniciativa ha sido cuestionada por la mayoría de los científicos del país, al considerar que significa un retroceso, limita la libertad de investigación y centraliza la toma de decisiones en un nuevo Conhacyt.

MÁS FACULTADES PARA EL CONHACYT

El 8 de febrero, Rivera Rivera, quien no forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, presentó la iniciativa de la Ley para las Humanidades, Ciencia y Tecnología, misma que recoge las directrices anunciadas previamente por la titular del Conacyt.

Pese al discurso oficial, la propuesta no sólo pretende la “reivindicación del papel de las humanidades” en la definición y el quehacer del Conacyt, cambiando el nombre de la institución por el de Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conhacyt).

 

Sino que además plantea que el organismo absorba las funciones de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia y las del Consejo Consultivo de Ciencias, conforme al Artículo Décimo Primero de la citada iniciativa.

La fracción X del Artículo 21 establece que, entre las medidas de previsión, prevención, precaución y protección contra riesgos, el Conhacyt tendría la facultad de suspender y cancelar programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico que puedan generar riesgos.

De igual forma, podrá suspender el régimen de patentes por tiempo limitado, con el fin de “atender eficazmente las contingencias socioambientales o de otro tipo que así lo requieran”, sin que el documento especifique qué se entiende por contingencias y riesgos.

Otra facultad será “decidir sobre la creación, transformación, disolución o extinción de Centros Públicos de Investigación”.

En suma, el Consejo definirá la investigación y el desarrollo tecnológico de las dependencias y entidades del sector público, las cuales se orientarán “necesariamente” a procurar la identificación y solución de problemas sociales prioritarios. Asimismo, incorporará la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), revertirá la política pública orientada a elevar la competitividad y la innovación de las empresas, impulsada en las últimas tres administraciones presidenciales. Álvarez-Buylla Roces lo calificó como “huachicoleo” científico.

Al respecto, las conclusiones preliminares del Foro en Baja California parecen ir en sentido contrario a la propuesta del Conacyt, pues las discusiones de la mesa de análisis Vinculación y Prioridades del Estado proponen que en la promoción de las Oficinas de Transferencia Tecnológica y las incubadoras, se impulse la sinergia entre los investigadores en ciencia aplicada y emprendedores, bajo un modelo de tecnología.

“Es necesario incluir la cultura de la innovación desde la educación básica, abarcando la innovación social, con el apoyo de los diversos centros de investigación”.

Adicionalmente, sugiere crear mecanismos de acompañamiento a proyectos de ciencia aplicada en materia de escalamiento y creación de empresas, además de otorgar un esquema de incentivos a investigadores que desarrollen productos demandados por las nuevas empresas para que la vinculación y el financiamiento puedan desarrollarse de manera exitosa. También, crear programas de apoyo para investigadores, con el objetivo de canalizar sus conocimientos y apoyar empresas mediante un acompañamiento profesional durante el proceso.

Respecto al anuncio de que desaparecerían los programas emblemáticos del sexenio anterior, como Cátedras, el Programa de Estímulos a la Innovación y Fondos Mixtos, la titular del Conacyt ha reculado en el primer programa y matizado los cambios en los otros dos.

Cuestionado sobre ello, Babún Villarreal negó que hasta el momento haya habido un “impacto directo” en el Estado, toda vez que “ninguno de los programas en los que Baja California participa está cancelado de forma oficial”, puesto que “no se han materializado” los cambios anunciados.

En el caso de los programas de apropiación de la ciencia y de la Semana de la Ciencia, que también se había adelantado desaparecerían,  precisó: “Ya se nos confirmó que se contará con recursos para seguirse realizando” durante 2019”, aunque adelantó que esto podría cambiar de aprobarse la nueva Ley o cambios en el presupuesto del Conacyt.

 

INCIERTO FUTURO DE LA CIENCIA EN MÉXICO ANTE RECORTES

En la comunidad científica del país existe incertidumbre sobre el destino que tendrán los programas y recursos a ciencia, tecnología e innovación durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, pese a la promesa del mandatario de no recortar el presupuesto a este sector, el Conacyt ejercerá este año 2 mil 461 millones de pesos menos que en 2018, sin que la nueva directora del organismo, María Elena Álvarez-Buylla Roces, se manifestara en contra de la disminución de recursos, que también afectó a los centros de investigación del país.

En Baja California, El Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada tuvieron un recorte de alrededor de 900 mil pesos cada uno, según datos de Hacienda.

 

ESCÁNDALOS EN CONACYT

Antes de asumir el cargo, Álvarez-Buylla Roces protagonizó el primero de varios escándalos que cimbraron a la comunidad científica, cuando sin ser funcionaria pidió al entonces titular del organismo, Enrique Cabrero Mendoza, suspender las convocatorias abiertas y los contratos que comprometieran los recursos en 2019. Petición que fue desechada por Cabrero Mendoza.

Durante los cien días de su gestión, Álvarez-Buylla Roces ha estado inmersa en otros escándalos como consecuencia de la designación de directivos dentro del Conacyt, como el de David Alexir Ledesma en la subdirección de Comunicación e Información Estratégica, y de Edith Arrieta Meza en otra subdirección de Cibiogem, sin que ambos contaran con la experiencia y el perfil adecuado.

Además, ha sido acusada de nepotismo por encontrarse en la nómina del Conacyt, Luis García Barrios y Raúl García Barrios, su ex cuñado y ex esposo, respectivamente. En contraste, la titular de Conacyt reveló los privilegios con que contaba Cabrero Mendoza, entre ellos un chef personal.

Autor(a)

Julieta Aragón
Julieta Aragón
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco. Cursé la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sigo en proceso de tesis. Soy reportera de ZETA desde 2017.
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