Localizadas en La Paz, las localidades de San Antonio y El Triunfo cuentan con menos de 500 habitantes cada una de ellas; son ampliamente identificadas por su historia y tradición minera.
Según sus antecedentes, desde la década de 1800 inició la extracción de mineral en los cerros aledaños a esas dos comunidades, la mayor parte de sus habitantes se dedicaban a tal labor.
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El paso de más de 200 años tras explotar esta actividad minera, ha traído consigo una comunidad impregnada de desechos mineros, de los que ahora nadie se hace responsable.
De acuerdo con algunos estudios científicos, estos desechos han conseguido que a lo largo de los años, los habitantes de San Antonio -principalmente- y de El triunfo, presenten diversos padecimientos.
“La minería antigua hizo mucho daño, sigue haciendo daño después de 200 años, afectando la calidad de agua de las zonas del distrito minero de San Antonio y la comunidad de El Triunfo, la gente está expuesta, ya se comprobó por medio de un estudio de arsénico urinario en esos pobladores, donde tienen concentraciones hasta casi 400 microgramos por litro”, expresó Janette Murillo, investigadora del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.
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Conforme a diversos estudios, el agua contaminada con arsénico es altamente tóxica y afecta la salud de manera significante, desde ligeras afectaciones en la piel, hasta diferentes tipos de cáncer.
Anteriormente la empresa MEXXIM, SA de CV remediaba el sitio, sin embargo, fue clausurada y frenada por las autoridades ambientales y la corrupción interna principalmente desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dejando desprotegidas a las comunidades.
“Precisamente porque es una situación que quedó ahí, que representa un fuerte gasto remediar y ninguna de las autoridades se hace responsable, por años hemos estado diciendo que tienen que remediar este sitio porque está contaminado, inclusive el aire y no han querido hacer acciones, se les han hecho propuestas y tenemos la esperanza de que con esta nueva administración realmente se pueda llegar a un acuerdo, a acciones para remediar esos sitios”, indicó Murillo.
La clausura de la empresa no sólo afectó la parte de la remediación del sitio, sino que era una significativa fuente de empleo para los pobladores de estas comunidades, quienes tienen pocas oportunidades de desempeñarse en alguna otra compañía.
“Hemos quedado sin una economía para nuestras familias, con la empresa activa teníamos para comer y atención médica, limpiábamos la zona, pero ahora no tenemos nada, mucho menos la oportunidad de mejorar nuestra tierra”, lamentó Juan Martín Avilés Márquez, poblador de la zona.
Actualmente la preocupación por la salud de los locales es mayor, y se busca tener las posibilidades de realizar nuevos monitoreos para conocer la magnitud del problema que están enfrentando.
“Estamos abocados a tener más agua, a cuidar la calidad de agua, que haya monitoreo, que sepamos la calidad de agua en todos lados porque sabemos muy bien que hay metales en nuestros acuíferos, pero no sabemos todavía muy bien dónde y qué concentración tenemos por bajo control; la zona del distrito minero, que es el que más se ha estudiado, esa agua está muy contaminada, pero hay otras regiones que no sabemos cómo está el agua”, finalizó la investigadora del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.
