Política Breve y de Emergencia
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La administración municipal de la ciudad de Tijuana está nuevamente envuelta en la polémica y el escándalo, como resultado del mal manejo mediático y político de decisiones tomadas, que merecerían más transparencia y clara publicidad en su ejecución, de la que han tenido. La renta de camiones recolectores de basura y de vehículos para la seguridad pública, ha pasado de la duda lógica, la investigación frenética, hasta la denuncia de juicio político en contra del alcalde y de la síndico Municipal.
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La figura del arrendamiento financiero no es nueva en las gestiones públicas, como mecanismo para responder rápida y eficientemente a los retos de equipamiento para prestar servicios, sobre todo cuando la liquidez o la capacidad de endeudamiento son una limitante. Los gobiernos, como las empresas privadas, pueden apoyarse en la renta de equipo para ser eficientes en sus obligaciones y manejar adecuadamente sus gastos y la inversión patrimonial.
Ante toda decisión tomada, siempre se podrá complementar el que las cosas se podrían haber hecho de tal o cual manera, inclusive, si aparecen elementos nuevos no considerados, probablemente variarían el propio sentido de la determinada medida. Por lo que, si rentar o comprar como en el caso de Tijuana, es buena o mala decisión, es tema para analizarse desde luego, pero es aquí donde se inician las complicaciones, porque se trata de una administración pública, donde los elementos de la toma de decisiones, tratándose de la Hacienda municipal, deben estar para el escrutinio y análisis de todos; es decir, deben ser transparentes y de consulta libre para quien lo desee, con mayor razón porque se trata de procedimientos legalmente establecidos. Ahora bien, que se haya construido una muy gris tela de duda, por lo que a la decisión de rentar respecta, no es más que el resultado de no seguir las leyes y sus procedimientos. Por lo menos, eso parece y ese es precisamente el problema.
Todo acto de gobierno y administración puede y debe ser evaluado por la instancia superior, que, para el caso del gobierno municipal, se trata del Congreso del Estado. La “fiscalización” consiste en evaluar a la luz de la legalidad, lo adecuado de la práctica de los gobernantes y, en caso de encontrarse irregularidades, fincar responsabilidades y solicitar sanciones para quien corresponda.
El arrendamiento financiero de camiones recolectores de basura y de vehículos para la seguridad pública es ahora cuestionado y demandado a través de la solicitud de juicio político, por regidores del propio Ayuntamiento, ante el Congreso del Estado, porque se presumen una serie de ilícitos en los que se incurrieron, por parte de los funcionarios, al no actuar apegados a los procesos. Sin embargo, el asunto se lleva a la instancia superior por la vía de denuncia, pues después de la solicitud de información y documentación, los responsables decidieron no explicar y ahí surge la duda y el probable error legal.
La del XXII Ayuntamiento es todavía una gestión muy joven, sobrepasa ligeramente seis meses en marcha, por lo que vale la pena seriamente reconsiderar los pasos andados y corregir con rigor y responsabilidad lo que haya estado equivocado y hasta lo dejado al margen de la ley, sencillamente porque es lo que obliga y porque se puede.
Desde lejos y con los muchos, pero muchos elementos de distorsión informativa que permea al sistema político del gobierno, todo pareciera ser el resultado de actitudes soberbias e inexpertas en la acción de la administración, solo que más vale tomar las cosas con seriedad y corregirse, porque las consecuencias legales pudieran ser muy graves.
Que la historia lo registre.-La visita de Margarita Zavala a BC, en su gira nacional para lograr la eventual nominación del PAN a la presidencia de la República, incluyó la presencia del ex militante Héctor Osuna Jaime. ¿Margarita explora vías alternas o es el regreso de Héctor?
Botón rojo.- El espionaje político es un fantasma que de nuevo flota en el ambiente de la gestión del gobierno federal y del de Baja California.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: smriubi@yahoo.com
