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jueves, febrero 15, 2024
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Pese a militares, ejecutan a agente de la PEP

Una venganza de “El Colores”,

represalias de “Los Dámaso” y


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su participación en la detención

de “El Lucifer”, son los posibles

móviles del crimen de Juan


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Salvador Díaz Moreno en la

entrada del CERESO de La Paz la

noche del miércoles 5 de abril,

con todo y la estrategia militar

para contener la violencia en los

principales destinos turísticos

del Estado

“Se tuvo que llegar a estos momentos, de que entraran fuerzas militares para contener la violencia, era insostenible, sobre todo porque ya nos había tocado la zona hotelera, hoy vemos una oportunidad de regresar la tranquilidad que se tenía y recuperarla en el estado”, expuso a ZETA un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur.

Y es que del 31 de julio de 2014 a la fecha, los delitos de alto impacto han castigado a la entidad; ejecuciones, balaceras, cuerpos desmembrados y narcomensajes han afectado gravemente la imagen de Sudcalifornia, principalmente a los destinos turísticos.

Incluso en días pasados, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que brindará mayor apoyo a los “polos turísticos” que son Cancún, Quintana Roo y Los Cabos, donde en marzo pasado se registraron 56 ejecuciones.

“En esta ocasión todas las reservaciones estaban hechas, esperamos que esto siga igual, de otra manera el reflejo de la inseguridad repercutirá el próximo año”, comentó un prestador de servicios turísticos de Los Cabos, dejando en claro que “espero de verdad que está medida nos pueda llevar a mantener en alto nuestro destino”.

En respuesta a esta situación, el viernes 31 de marzo comenzó el arribo de Fuerzas Especiales y del Escuadrón de Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Comandante del Grupo GEO detuvo a El Lucifer y Sicarios de Los Damaso o Los Acosta, operaban para El Colores, uno d elos moviles de su ejecución

“Venimos a bajar los índices, a luchar contra este mal y regresar la tranquilidad, no queremos, y es la instrucción, que esto se acabe por unos cuantos que están en la lucha por el control de la plaza”, aseguró un agente de investigación de las Fuerzas Especiales.

La estrategia va dirigida principalmente a Los Cabos y La Paz, puntos donde se ha concentrado la violencia. “Lo bueno está en Los Cabos, pero aquí también se están registrando hechos, con menor proporción, pero el interés es que una vez las acciones en la zona sur, y que estas malas personas traten de alejarse de la concentración militar, detenerlos y erradicarlos desde dos frentes”, agregó el entrevistado.

Además de los frentes en ambos sitios, las labores de inteligencia se han agudizado con el fin de arrasar con los cabezas y miembros activos de las células delictivas, “es sabido de mandos policiacos involucrados hasta cierta medida con los criminales, por lo que también están bajo investigación, y de ser necesario también vamos a llevarlos ante la justicia. No es posible que gente así esté atacando un mal que está desde dentro”, destacó el consultado.

Las unidades están haciendo presencia en toda la zona turística, ingresando a las colonias y realizando operativos en diversos puntos, en un intento por capturar con labores de inteligencia.

Mientras tanto, se han instalado diversos retenes de manera aleatoria, con el fin de revisar vehículos sospechosos. Estos operativos van a permanecer, ya que “es difícil saber quiénes son los involucrados, como aquí se ha visto, jovencitos de 16 años ya andan armados y lo peor, en operaciones con el crimen organizado, lo cual nos lleva a buscar en cualquier rincón y eliminar toda amenaza”, dijo una fuente oficial a ZETA.

Recordando los sitios recientes en que fueron vulnerados los cercos en que se habían resguardado a turistas, el primero ocurrió el 12 de marzo, después de una persecución y balacera en la zona hotelera de San José del Cabo, cuando sicarios fueron perseguidos por agentes ministeriales, lo que derivó en detonaciones de arma de fuego y la detención de un presunto sicario en el lobby del hotel Hyatt Ziva de Los Cabos.

El segundo derivó de una persecución entre sicarios, los cuales según testigos, se iban disparando de carro a carro la tarde del 26 de marzo, en la misma zona hotelera de San José del Cabo. Los hechos culminaron frente al hotel Grand Mayan, allí quedó un automóvil blanco con una persona sin vida, identificada como “El Barbas”, a la par, una mujer extranjera resultó lesionada por disparo de arma de fuego.

 

Delincuencia cruzó la frontera

Apenas transcurrieron cinco de días desde que el sur de Baja California Sur fue militarizado, los sicarios hicieron de las suyas. La víctima fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como Juan Salvador Díaz Moreno, de 40 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Fuerzas Especiales y del Escuadrón de Paracaidistas de la SEDENA llegaron a inhibir la delincuencia en La Paz y Los Cabos

Díaz Moreno era comandante del Grupo Especial Operativo (GEO) de la institución, el cual se encontraba en funciones con el Mando Mixto.

Los hechos se registraron en la entrada del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz a las  7:49 pm del miércoles 5 de abril, en la banqueta con dirección a Bulevar Colosio casi esquina con Álvarez Rico, Colonia Emiliano Zapata. El agente vestía pantalón de mezclilla azul y playera de color rojo.

Hasta el momento se tienen tres posibles móviles que pudieran motivar el asesinato, y, según el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, “fueron claras las señas de este evento, fue una venganza de ‘El Colores’ contra el oficial, ya le había dado dos golpes duros contra la estructura”:

* De entrada Juan Salvador participó en la detención de “El Lucifer”, presunto jefe de sicarios para las Fuerzas Especiales Dámaso (FED), brazo armado de “Los Acosta”, detenido el 6 de marzo en la colonia El Zacatal de San José del Cabo, uno de los puntos de mayor conflicto en la guerra por el control de la plaza; tras una persecución por varios kilómetros, culminó en los alrededores de la Unidad Deportiva San José 78, en Calle Ildefonso Green, en pleno centro de San José del Cabo, donde dos sicarios de 21 y 27 años quedaron tendidos en el suelo.

En ambas detenciones se le vio activo al agente de la Policía Estatal, lo que podría considerarse como una represalia por cumplir con su deber.

“Lo pusieron desde adentro, alguien no lo quiere activo y lo neutralizó, eso ya se investiga, digamos que fue fuego amigo y la corrupción se va a erradicar de raíz, es la instrucción”, dio a conocer un agente de investigación.

Aunque este elemento fue señalado en reiteradas ocasiones por brindar supuestamente protección a “Los Dámaso” y las detenciones difieren de los señalamientos, esto también lleva a otro de los puntos contemplados en las investigaciones.

* El segundo móvil podría dirigirse a grupos rivales a “Los Dámaso”, quienes en busca de controlar la plaza, eliminaron toda amenaza y protección para antagónicos.

* El tercer y último móvil que ya investigan las fuerzas de investigación de la PGJE, es que el día de su muerte, el comandante habría llevado a cabo una doble detención y cateo de una vivienda en La Paz, donde se aseguraron estupefacientes y dos presuntos narcomenudistas, lo cual pudo motivar represalia.

Hasta el momento ni fuerzas federales, estatales y municipales, incluso militares, pudieron evitar que los sicarios regresaran a imponer su ley de la calle. Y de nuevo fue vulnerado el “corazón de la justicia” en Baja California Sur, a escasos metros del CERESO, Juzgados de Distrito en materia penal, la PGJE, Juzgado Federal, Tribunal Superior de Justicia Estatal y el propio edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).

Lo preocupante siguen siendo las alertas a los cuerpos de seguridad, ya que las torres vigías del penal fueron testigos de este homicidio, lo cual de inmediato llevó a denunciar el suceso, del mismo modo el primer respondiente; solo vieron un automóvil tipo Golf de color blanco, saliendo a toda velocidad del lugar de los hechos.

Alejandro Blanco, Diputado del PAN asegura que no ha afecatdo inseguridad a destinos turistícos de BCS, pese a que fue militarizada toda la zona dorada de Los Cabos y La Paz

La indicación de las fuerzas del orden es que dicho carro abandonó la escena del crimen con dirección por el Bulevar Colosio hacia Las Garzas, información repetida después de cinco minutos de ocurrido el evento, sabiendo que en ese cruce en particular se encuentra una cámara de video vigilancia, lo que pudo cambiar la dirección que había tomado el vehículo sospechoso, pero eso no se hizo, poniendo en duda si en verdad esas cámaras de vigilancia están en funcionamiento.

Si la llegada de Fuerzas Especiales de la SEDENA obedece a labores de inteligencia u operativa, solo como acto de presencia y así ahuyentar a los criminales, lo que quedó claro es que solo hay una ley, y es la criminal.

Ya son cinco servidores ejecutados en el último año, el primero de ellos el sábado 3 de diciembre de 2016 en Camino Real, donde ejecutaron a José Zavala Fiol, subjefe de custodios, al llegar a su domicilio -lo habrían puesto. A mitad del mes de enero, José Rosario Cadena se encontraba en su casa cuando un comando armado lo sorprendió en su vehículo, descargando rifles automáticos.  El 21 de febrero en la colonia San Bernabé en San José del Cabo, fueron acribillados Luis Alberto Corrales González y Miguel Ángel Castro Romo, agentes adscritos al Departamento de Homicidios de la PGJE; el último fue el comandante del GEO de la PEP.

 

Violencia preocupa a empresarios

La militarización del Estado es para muchos, una de las ideas más brillantes, ya que con ello la delincuencia organizada ha sido desalojada en cierta medida, y no como quedó a deber la División de la Gendarmería de la Policía Federal, que solo se vio como ornato, ya que la violencia se recrudeció durante su estancia.

Ahora con las Fuerzas Especiales y de Paracaidistas de la SEDENA se vio una disminución prácticamente del 90 por ciento de la violencia, y es que ya era una preocupación muy sentida de empresarios de La Paz y los Cabos.

“A todos nos debe preocupar como ciudadanos sudcalifornianos. Tenemos bastante tiempo arrastrando está situación, somos quienes que generamos el empleo, el gobierno no genera empleo, solo administra los recursos que pagamos en impuestos y queremos ver realidades hacia esa disminución, no palabras, queremos hechos concretos, no queremos ver nunca más ninguna situación que empeore lo que se está viviendo, sino que disminuya considerablemente”, afirmó Lorena Hinojosa Olivas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Baja California Sur.

Pese a la disminución de la violencia, el tema se desatendió con el transcurso de los años hasta llegar al tope, entonces se movieron los eslabones para proteger la zona turística, tuvo que estar en riesgo la “joya de la corona” para que la Federación pusiera sus ojos en la entidad.

“Por supuesto que afecta, quien diga lo contrario no está viviendo lo que está viviendo el ciudadano común y corriente, lo que debemos impedir es que vuelva a suceder”, agregó Hinojosa.

Pero no sólo se trata de llenar de Fuerzas Militares el destino, ya que la imagen turística se opaca con tanto uniformado en las calles, y quedan al descubierto miles de visitantes que invaden la zona turística tanto de La Paz como de Los Cabos, por ello piden a las autoridades atender  a priori el problema de la seguridad y no dejar pasar el tiempo.

“Por un lado, los que conocen de esto -yo no conozco, yo soy una restaurantera-, quienes conocen de esto dicen hay necesidad de ello para poder de alguna manera inhibir que la delincuencia crezca, respeto totalmente, a nosotros como ciudadanos hubiésemos querido no ver en este necesidad, quisiéramos ver nuestras calles con turistas, no con soldados, no con policías; quisiéramos ver nuestras playas con visitantes, con ciudadanos, pero si quien dice que sí sabe, es necesario, adelante, que se haga, pero que ya no continúe la delincuencia”, exhortó.

Por su parte, el encargado de la Comisión de Turismo en el Honorable Congreso del Estado, diputado Alejandro Blanco, quien además es integrante de Consejo de Hoteleros cabeño, destacó que a pesar de no ser un experto en el tema en seguridad, los números previos a la fecha de Semana Santa son contundentes y la ocupación hotelera se encuentra por encima del año anterior, desdeñando el problema y de manera contraria a lo que opinan empresarios afectados.

Fuerzas Especiales de la SEDENA llegaron a tomar el control de la seguridad de BCS

“Está latente el tema de inseguridad en Los Cabos, pero los tres primeros meses del año, el tráfico de turistas en los aeropuertos se ha incrementado al doble dígito, no nos está afectado hasta ahorita el tráfico de turistas la inversión es de dos mil cuartos de hotel, para este año no se ha retirado nada y seguimos por el buen ritmo, no ha afectado la inseguridad hasta ahorita los primeros tres meses del año”, argumentó el panista, pese a que ese “no pasa nada” ha sido respondido con reforzamiento militar.

Sin ser experto en el tema, pero sí hotelero, Blanco se olvidó completamente de que los hoteles prácticamente dependen de las reservaciones adelantadas, y que el problema de inseguridad podría tener serias repercusiones en 2018, lo cual significaría un caos para Los Cabos y todo el Estado.

El incremento de la ocupación hotelera se conoce es del 16 por ciento en Los Cabos, el objetivo principal debe ser no permitir que haya cancelaciones por la inseguridad que ha prevalecido.

“Vamos bien en el tráfico de turistas extranjeros y nacionales, y sobre todo la derrama ahorita está por el orden de los 160 dólares diarios, no incluyendo hotel, ni actividades de tours”, insistió.

La afectación al turismo podría darse con mayor fuerza una vez que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emita una alerta de viaje a los destinos turísticos de Baja California Sur… pero de eso también se olvidó el flamante diputado panista con aspiraciones a ocupar la alcaldía de La Paz.

 

Desaparecidos y secuestro en Comondú

Con el inicio de la guerra por el control de la venta, distribución y trasiego de la droga en Baja California Sur, inicialmente en La Paz, después Comondú, Loreto, Mulegé y ahora Los Cabos, la cifra de personas se disparó.

La Paz pudo llegar hasta las 40 personas desaparecidas -cifra confirmada por la PGJE-, a las que se ha iniciado un expediente por desaparición ante la institución, sin embargo, el número podría incrementarse considerablemente; Los Cabos de momento con cinco, Mulegé con una y Loreto ninguna.

Sin embargo, el municipio que preocupa es Comondú, ya que solo en el último año se tiene registro de al menos 18 personas desaparecidas, ya sean levantados o que salieron de su casa y jamás regresaron. Esto fue confirmado por el propio alcalde Francisco Pelayo Covarrubias en Alcalde en Línea, donde mencionó: “Hoy hay una psicosis, se habla mucho de secuestros, de levantones”, aunado a que  la población ha tomado las redes sociales para lograr que lo que pasa en un pueblito de poco más de 45 mil habitantes, atraviese las fronteras y lleguen a oídos del gobernador.

Si bien el presiente municipal tardó en alzar la voz y el diputado de distrito y presidente de la Comisión de Seguridad, Edson Jonathan Gallo Zavala, ha sido omiso y se encuentra más preocupado por enriquecer su imagen para la candidatura a la alcaldía de Comondú, toda la “psicosis” se desencadenó luego de que se rumoraba el secuestro del hijo de un empresario dedicado a la venta de frutas y verduras en Ciudad Constitución; denuncia que ingresó a la Agencia del Ministerio Público y se hizo llegar a la Unidad Antisecuestro de la PGJE la madrugada del sábado 18 de marzo.

Familiares externaron que su pariente había sido secuestrado, ya que recibieron una llamada de los presuntos perpetradores, solicitando “rescate por millón y medio de pesos, imposible a esa hora conseguir tal cantidad de dinero”, sin embargo, la familia accedió a una buena suma de dinero, la cual se ofreció a los secuestradores, de poco más de 700 mil pesos.

El presidente municipal confirmó que sí hubo secuestro y se estaba investigando, incluso adelantó que casi se daba con los presuntos responsables.

“La Unidad Antisecuestros efectivamente está investigando un secuestro que hubo realmente aquí, que fue al hijo de un conocido comerciante, acabo de hablar con el procurador, estamos a punto de dar con los delincuentes, no vamos a bajar la guardia”, advirtió.

El joven llegó por la mañana, al parecer se encontraba ileso, solo con algunos golpes leves. El delito fue de inmediato adjudicado a un grupo denominado “Los Chupones”, delincuentes locales que operan en Ciudad Constitución y que se convirtieron en una amenaza para empresarios locales, profesionistas y los propios ciudadanos, quienes temen salir de sus casas.

Literalmente Agentes de la SEDENA bajaron a Policías Estatales de las patrullas para operar la estrategia de defender el turismo de Los Cabos y La Paz

“Tengan mucho cuidado, ha habido extorsiones no de ayer, no de hace meses, de hace años, y aprovechando la psicosis por los hechos lamentables que están pasando en el sur, algunos grupos, incluso locales, están amenazando y utilizando ese pánico que hoy existe, yo le pido a la ciudadanía sí tenga precauciones, que no salga a altas horas de la noche, que tengan cuidado al entrar a su casa; no niego que hay algunas situaciones que ponen en riesgo nuestra seguridad”, alertó Pelayo.

Derivado de la incompetencia de autoridades, incluso de la propia Unidad Antisecuestro de la PGJE, los militares tuvieron que llegar con la intención de poner orden.

La tarde del miércoles 5 de abril, efectivos militares adjuntos al 17 Regimiento de Caballería Motorizada de la SEDENA salieron en busca de los presuntos secuestradores, obteniendo como resultado la detención de tres integrantes de la banda de “Los Chupones”: Jorge “N”, alias “El Chupón”; Antonio “N”, alias “El Chespirito”; y Enrique “N”, alias “El Chametla”. Las fuerzas militares con operaciones de inteligencia llegaron al aseguramiento de los presuntos responsables, siguen en la búsqueda de otros miembros que aún no han sido asegurados, confiando en que  “ya tenemos la carpeta de investigación, es cuestión de tiempo para poderlos atrapar”.

Ante el hartazgo de los comundeños,  el alcalde salió a decir que es vital ser cuidadosos en el uso de las redes sociales: “Eviten que sus hijos estén mostrando sus actividades diarias de su vida, sus paseos, sus carros nuevos, en Facebook, en estos momentos sí hay que poner atención a lo que están subiendo en sus páginas, es muy lamentable que tengamos que llegar a esto lo reconozco, pero es una medida de seguridad, no les demos armas a los extorsionadores, a los secuestradores, muchas veces nosotros mismos les mostramos lo que tenemos, nuestras actividades cotidianas, a dónde vamos, hay gente incluso que mencionando por cada sitio que va pasando, eso no le abona nada a la seguridad de sus familias”, finalizó Pelayo Covarrubias.

Con la intervención de la SEDENA, ha dejado claro que era urgente que militares intervinieran en la situación de violencia por la que atraviesa gran parte de Baja California Sur, ya que la Federación se tardó en responder el reclamo que desde la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, ex gobernador del Estado, se habría hecho; hoy, con el problema acrecentado, la única solución es que el apoyo sea permanente y con miras a desarticular todas las células del crimen organizado que están amenazando a las diferentes comunidades de Sudcalifornia.

 

Inseguridad no es problema para los diputados

En un completo día de campo, el martes 4 de abril, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia del Estado, inició con las comparecencias de servidores públicos ante el Congreso estatal, ante unos diputados despreocupados por lo que ocurre en Baja California Sur.

Con 40 minutos de retraso, el recinto oficial ya se encontraba repleto de ciudadanos, la mayoría empleados de gobierno, quienes aún lucían el uniforme, en menor proporción manifestantes inconformes por la procuración de justicia en el Estado.

Veinte minutos bastaron para que Erasmo Palemón rindiera su informe y continuar con el proceso, fue cuando llegó la hora de escuchar los cuestionamientos de los 21 legisladores, y así dar respuestas al sentir de la población.

De entrada los cuestionamientos fueron a modo, Sergio García Covarrubias, del PAN; Guadalupe Rojas, de MORENA; y Jesús Arce, del PRS, no tuvieron el alcance ni la fuerza necesaria y el procurador barrió con sus respuestas, avergonzando a los legisladores que se mostraron en desconocimiento del tema.

Por el PRI, Irma Patricia Ramírez señaló algunos procedimientos mal empleados y la falta de atención hacia los pobladores, pero de inmediato fue callada por el presidente de la mesa de la diputación permanente, Edson Jonathan Gallo Zavala, quien le recordó abocarse a seguir el protocolo del evento, solo leer las preguntas sin comentar al respecto, lo que armó un reverendo mercado de discusiones sin fructíferos cuestionamientos.

Amadeo Murillo, también priista cuestionó los altos índices de inseguridad, delitos de alto impacto, de competencia federal y que nada debía hacer el procurador, además de que esa pregunta ya había sido cuestionada, lo que de nuevo derivó en tiempo perdido para los ciudadanos.

“Somos número uno en que no hay más carpetas de investigación en ninguna entidad federativa, todas esas cosas se dan en ese siempre claroscuro en toda administración pública, nosotros desearíamos que no estuviera herida Baja California Sur, ni alguna otra entidad, como lo cita la diputada”, respondió Palemón.

En una comparecencia a modo, provocada también por la incompetencia de los legisladores, aunque era la más esperada por ciudadanos,  el acuerdo de diputados pasó en lo oscurito, resultando favorecedores del servidor público y no de quienes representan.

El procurador agregó que el Estado es la institución a nivel federal con menor número de carpetas de investigación, de 31 mil expedientes del anterior Sistema de Impartición de Justicia con que se contaba, actualmente quedan solo mil, así como de 5 mil averiguaciones previas, solo existen 800.

Pero la respuesta poco alentadora para los ciudadanos es que se comprueba que la entidad atraviesa por una guerra entre cárteles de la droga por el control de la plaza para la venta, distribución y trasiego de estupefacientes. Guerra en la que ciudadanos no tienen nada que ver, pero han sido los esclavos de la intensa lucha.

“Nosotros estamos inmersos, y lo señalé así, en una guerra de grupos violentos que se disputan territorios y que nosotros respondemos en la medida de nuestras posibilidades, y que en las últimas diez semanas, compañeros agentes de la Policía Ministerial, aun cuando dos perdieron la vida, tenemos la detención de trece personas que están ante un juez federal, porque es un asunto federal”, cerró Alamilla Villeda.

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