Si hay manifestaciones de maestros y suspensiones de clases por días, es grave, una seria afectación a la educación, peor si no pagas los sueldos de maestros, o si le debes casi 500 millones de pesos la Universidad Autónoma de Baja California, y sin explicar qué hiciste con el dinero, quieres hacer un convenio… pero nadie muere.
Si un funcionario del Gobierno del Estado usa su puesto para que su familia y empresas sean favorecidas con recursos del Gobierno Federal, es grave, un delito y una inmoralidad social… pero nadie muere.
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Si otro secretario responsable de administrar los dineros pide comisiones para otorgar beneficios, obras o concursos, de nuevo hay delitos, ambiciones y mezquindad, pero en teoría, nadie muere.
Tampoco hay víctimas mortales cuando desde la Coordinación de Imagen y Publicidad pretenden controlar a la prensa, aunque sí se violan muchas leyes sin que el gobernador cumpla su obligación de hacerlas respetar.
Pero cuando esa irresponsabilidad, esos manejos poco legítimos, desaseados o desorganizados de funcionarios llegan al punto en que los médicos, empleados y hasta el director del Hospital General de Tijuana -el que atiende al mayor número de usuarios de sectores marginados-, se vean obligados a poner en riesgo su trabajo, y manifestar públicamente, dos veces en menos de una semana, que no los abastecen de lo necesario para trabajar… entonces sí la gente muere, y la ingobernabilidad alcanza límites inaceptables.
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Porque en ese punto la irresponsabilidad, la falta de planeación, la mala programación, el robo de equipo y medicamento, los fallos de supervisión, la ausencia de capacidad para negociar con la Federación para tener los recursos en tiempo y forma, o la nula visión para reasignar partidas al Sector Salud a tiempo de evitar el desabasto, adquiere tintes homicidas.
No es una exageración, los médicos lo han denunciado, los usuarios del Sector Salud lo han padecido: la carencia de personal, de insumos, de medicamentos, de equipo, cuesta vidas, y el hecho de que los funcionarios que la provocan o permiten, no empuñen un arma, no los hace menos responsables de los decesos.
La lista de empleados del pueblo que por acción u omisión, generaron esas crisis, puede ser larga, pero de nuevo el responsable de controlarlos a todos en el caso de Baja California, es el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien por cierto, lleva tres años rehuyendo la solución de esta crisis, porque los reclamos de los médicos se han dado desde 2013, cuando el secretario de Salud era el actual diputado Miguel Osuna.
En este 2016, lo trabajadores de la salud ofrecieron una conferencia el 27 de octubre; ante la sordera del Ejecutivo tuvieron que repetirlo el 2 de noviembre. Explicaron que la falta de insumos redundaba en que solo se atendieran las urgencias, y en esa área las muertes habían aumentado (100 por mes), también dependiendo de la especialidad, llevaban lapsos de tres a seis meses sin intervenciones quirúrgicas programadas, y la unidad de oncología pediátrica ya no estaba funcionando.
El mismo 2 de noviembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó al secretario de Salud, Guillermo Trejo, tomar medidas cautelares para que el hospital fuera abastecido y se garantizaran los servicios médicos. El día 3, el departamento jurídico del Gobierno del Estado envió una circular con copia a cuatro funcionarios, al subdirector general de Salud, subdirector general de administración, coordinador estatal de hospitales, y al jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto de Servicios de la Salud Pública de Baja California. La instrucción era que sin “sin prejuzgar sobre la magnitud y realidad del desabasto”, se “dote de inmediato de insumos médicos y materiales necesarios” al Hospital General para que brinde atención médica adecuada. Durante los últimos tres y hasta seis meses estuvieron solicitando insumos, pero debieron manifestarse públicamente para que se los dieran. Y los recursos, no se sabe cómo, pero aparecieron.
El 11 de noviembre, el director del Hospital General informó a la prensa que les habían llegado 3.6 millones de pesos en suministros y que esta semana que concluye esperaban que el abasto estuviera cubierto en un 70 por ciento, también, que el compromiso era que a diciembre estarían cubierto al 80%.
Previo a esto, el 4 de noviembre, Antonio Valladolid, secretario de Finanzas, ya le había echado la culpa al gobierno de Enrique Peña Nieto ante la prensa local: “El tema de salud es principalmente recursos federales, hay que decirlo. Todo el Sector Salud se fondea de recursos federales”, evadiendo así su responsabilidad y la de su jefe, de hacer que esos dineros lleguen en tiempo y forma al Estado, si no, para qué tanto viaje.
Además, si el primer reclamo fue el 27 de octubre y dos semanas después, el 11 de noviembre, ya estaba cubierto al 70%, ¿por qué tener el hospital sin abasto durante tres y seis meses dependiendo el insumo?
No bastan las buenas intenciones, o que el licenciado Vega diga que la salud es un tema prioritario, el Hospital General no está pidiendo limosnas. Para brindar el servicio médico del 10 de noviembre al 31 de diciembre requieren 23 millones de pesos. Y para el próximo año, un presupuesto acorde a la realidad y un cronograma de entregas que se respete. A ver, ¿por qué no retrasan tres o seis meses la entrega de recursos a los partidos políticos en año electoral?
