En medio de una de las marcas de mayor desprestigio de la figura presidencial en México, la peor aprobación de Enrique Peña Nieto y la divulgación de diversos actos de corrupción en la cúpula gubernativa, además de una campaña por parte del partido contra la “corrupción”, comenzó una cacería del PRI y del gobierno federal contra uno de sus tantos gobernadores acusados de manejar la administración de manera corrupta.
Desde que el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa anunció su separación del cargo, con el pretexto de que iba a afrontar las denuncias que privan en su contra, líderes de la oposición exigieron se agilizaran las investigaciones correspondientes a efecto de que no evadiera la justica. Incluso el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, por su parte, hizo lo propio.
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“…las autoridades deben asegurarse de que no” se dé “a la fuga”, advirtió el presidente de Acción Nacional Ricardo Anaya, en tanto que su contraparte perredista, Alejandra Barrales, sugirió “tomar todas las precauciones del caso”. Ambos dirigentes urgieron a atraer judicialmente, los señalamientos referentes a desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, corrupción, desaparición de personas, asesinato de periodistas.
Por parte del PRI, partido que ungió a Duarte como candidato, el líder tricolor en el senado, Emilio Gamboa, lo instó a enfrentar o resolver sus cuentas con la ley, así como a no abandonar el país.
A propósito de la solicitud de dimisión que hizo al Congreso local, el político cuyo paradero hoy se desconoce, había dicho que renunciaría para dedicarse al esclarecimiento de su cuestionable expediente, de tal manera que pudiera “limpiar” su nombre. Propósito del cual, por lo visto, también desistió. Para el lunes 17, los vaticinios de la oposición se habían cumplido, Javier Duarte se hallaba en calidad de prófugo.
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En contra del ex gobernante, según confirmó la procuradora Arely Gómez, se giró orden de aprehensión.
Se ha llegado a insinuar que su salida de la esfera gubernamental, pudo haber estado “pactada con el gobierno federal”, tal como planteó Barrales, relacionado con la PGR. En opinión de Carlos Trujillo, miembro de Brigada Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas: “Lo de Duarte (su ausencia) no es más que un pacto de impunidad”.
De acuerdo el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, sobre su paradero solo se sabe que, conforme a registros de Migración, no ha salido del país. De cualquier manera, la PGR determinó solicitar a la Interpol emitir una Ficha Roja en 190 países, para localizarlo.
El gobernador interino, Flavino Ríos, quien en el sexenio fallido de Duarte ocupó la secretaría de gobierno, sostuvo no tener conocimiento de dónde se encuentra el mandatario estatal con licencia, pero pidió un rescate financiero de la federación por 11 mil millones de pesos para salvar al Estado.
