Cuatro meses han pasado desde la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y el Poder Judicial ya ha recibido 13 solicitudes de reos que quieren salir libres por los beneficios del mismo. El sistema penitenciario ve una tendencia que podría continuar en los próximos meses
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Quienes hayan sido sentenciados por robar sin violencia, bienes por un valor igual o menor a 5 mil 843 pesos con 20 centavos, o poseer mariguana sin que se haya demostrado la intención de venderla o suministrarla, podrán solicitar al Poder Judicial de Baja California, iniciar un juicio para su liberación. Lo anterior gracias a los beneficios que llegaron junto con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó el 16 de junio la Ley Nacional de Ejecución Penal –uno de los principales instrumentos del NSJP–, que determina las normas que rigen a los internos durante la prisión preventiva y/o la ejecución de las penas, define los procedimientos de resolución de controversias y arbitra la reinserción social.
Luis Villareal, administrador del NSJP al interior del Poder Judicial en Baja California, explicó a ZETA el principal beneficio es la denominada “libertad anticipada”, que se define y regula por los artículos 141 y Décimo Transitorio.
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A grandes rasgos, tendrán derecho a libertad anticipada quienes hayan cometido el “delito de robo cuyo valor de lo robado no exceda de 80 veces la Unidad de Medida y Actualización, y cuando en la comisión del delito no haya mediado ningún tipo de violencia” o el de “posesión sin fines de comercio o suministro” de mariguana.
Asimismo, se les pide no ser un riesgo para la sociedad, ostentar buena conducta, no ser reincidente y haber cumplido con el reglamento del centro penitenciario. La libertad anticipada no aplica para “los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas”.
Ya liberaron al primero…
La primera liberación bajo ese principio sucedió el jueves 13 de octubre de 2016. Ramón González había sido sentenciado a diez meses de prisión por posesión de mariguana simple. Estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tijuana durante seis meses y ocho días, hasta que las autoridades penitenciarias solicitaron una “audiencia de beneficios en ejecución” al Poder Judicial, la primera en la historia penal de Baja California.
La audiencia fluyó sin problemas. Pese a la presencia de un defensor de oficio en la sala, fue la supervisora de Medidas Cautelares del CERESO, Feliciana Reyes, quien defendió al solicitante con el argumento de que cumple con todos los requisitos dispuestos en la Ley. El agente del Ministerio Público, Horacio Peña, no opuso resistencia, por lo que la juez de Control, Patricia Hernández, ordenó la liberación inmediata.
El fiscal expuso que el NSJP no cambia ni los delitos ni las penas, sino “la manera como se llevan” a cabo los procedimientos, incluyendo los beneficios que pudieran redundar en libertades antes de tiempo.
… y vienen más
Villareal anotó que el fenómeno de las pre-liberaciones ya existía en el Estado; lo que cambia con el NSJP es que la Ley ya lo incluye de manera intrínseca, por lo que es más fácil para los abogados defensores pedir el beneficio a un juez. Antes, las solicitudes tenían que ser aprobadas por un Consejo Técnico al interior del centro penitenciario, lo cual solía ser un obstáculo para las libertades.
En los primeros cuatro meses de la aplicación de dicha Ley, se han presentado 13 solicitudes de libertad anticipada ante el Poder Judicial: cinco en Tijuana, cuatro en Tecate –municipio que guarda la mayor población penitenciaria en el Estado– y dos en Ensenada.
David Flores, director de Centros Penitenciarios del Estado, informó que los 14 mil 56 internos den Baja California, el 5.27 por ciento entra en el supuesto contenido de la Ley, lo que equivale a cerca de 741 reos, a los que se les adicionan 146 reclusos por posesión simple de mariguana, lo que redunda en 887 posibles libertades: el funcionario afirmó que la ola de solicitudes ya arrancó. La Dirección de Ejecución de Penas, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), inició un estudio para determinar cuántos y quiénes cumplen con los requisitos.
Uno de los requisitos de la Ley es “reparar el daño”, que implica, por lo menos en el caso de robo, pagar el equivalente de lo robado; pero sucede que “por lo regular (los internos) son gente que no tiene quién les pague” esa multa, por lo que pese a los nuevos beneficios, tendrán que permanecer en prisión.
Un sistema penitenciario más exhaustivo
Con el NSJP, el sistema penitenciario adquiere la obligación de elaborar un Plan de Actividades más riguroso que en el régimen anterior, para construir un informe que integre el desempeño y conducta de cada uno de los internos, lo cual deberá facilitar el trabajo del juez que tenga la obligación de ordenar una posible libertad.
Flores anunció el arranque de una campaña informativa en los CERESOs, dirigida por abogados públicos y privados y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que los internos conozcan de las reformas y de sus posibilidades de obtener algún beneficio.
