Luego de que el gobierno de Jorge Astiazarán comercializó una fracción del polígono ubicado en medio del Libramiento Salvador Rosas Magallón a la empresa Altisa, el área jurídica del XXI Ayuntamiento de Tijuana analiza si la venta de ese terreno tenía o no “algún impedimento”.
Rosa Aurora Martínez Herrera, integrante de la Comisión de Gobernación y Legislación del Cabildo de Tijuana, expuso que no está a discusión si el tema es analizado o no en sesión edilicia, “es un tema que está en el jurídico, -la consejería- integra el expediente para ver si hay o no algún impedimento para su comercialización”.
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Descartó que exista el interés de un grupo de regidores por plantear el caso en la próxima sesión de Cabildo, “primero se buscan los pros y contras, y se saca un acuerdo en conjunto”, anotó.
Dependiendo del resultado de ese análisis, se decidirá si se sube a Cabildo o no, decisión que, sostuvo, será colegiada y no de un solo grupo.
Ese terreno, conocido como Lanzadera 5 y 10, fue donado en 2010 por el Gobierno del Estado al Ayuntamiento de Tijuana, estableciéndose una cláusula para su uso: “… que sea destinado en su totalidad al funcionamiento de instalaciones relacionadas con la seguridad pública y actividades deportivas”.
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El 22 de febrero de 2016, el Cabildo de Tijuana autorizó un dictamen para desincorporar del dominio público al privado 2 mil 849 metros cuadrados del predio de una superficie de 118 mil 476.616 metros cuadrados, ubicado en Andador Oriente del referido polígono.
El 15 de julio lo vendió a Orlando Chávez Sevilla, apoderado de Altisa, por un monto de 4 millones 077 mil pesos.
El 1 de septiembre la autoridad municipal desplegó un operativo para desalojar del predio las unidades de la empresa de Autotransporte Calfia, las cuales utilizaban el inmueble como lanzadera, por un acuerdo verbal establecido con la administración de Carlos Bustamante.
Como justificación de la venta que contraviene una condición legal establecida, el alcalde Jorge Astiazarán admitió tener conocimiento de la cláusula, aunque en otros términos, “es una cláusula que decía que si quieres utilizarlo o enajenarlo para alguna cosa, tienes que pedir permiso al gobierno del Estado”.
Y justificó la venta: “Hace un año se mandó un oficio al Gobierno del Estado y no contestaron hasta hace un mes, ya que se vendió, casualmente un año después”.
