La libertad de los medios de comunicación sufrió durante 2015 un declive importante en México, Ecuador y Nicaragua, denunció el miércoles Freedom House.
Al difundir su informe anual sobre 199 países, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington señaló que la libertad de prensa continúa sometida a “presión extrema” en México, principalmente debido a la pobre implementación de una Ley diseñada para proteger a los periodistas y a la continua impunidad que rodea los crímenes contra los comunicadores.
El informe celebró cómo los periodistas continúan realizando investigaciones sobre corrupción y crimen organizado en partes de México, Brasil y Colombia pese a los riesgos que enfrentan.
“Los periodistas que cubren crimen organizado y corrupción en México enfrentan niveles extremos de violencia y el gobierno se ha mantenido sin la capacidad, o la voluntad, para abordar el problema”, dijo Jennifer Dunham, directora de investigación sobre libertad de prensa de Freedom House.
“Es especialmente perturbador que las autoridades frecuentemente sean reacias a aceptar que los ataques o amenazas contra mujeres periodistas, que pueden incluir violencia sexual, estén relacionadas con su trabajo”, agregó.
Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 -mayores restricciones a la prensa- y 0 -libertad absoluta de prensa-, durante una evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias. México es calificado con 64 puntos.
Con respecto a México dice que “es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” lo que ocasiona que “la libertad de prensa enfrente amenazas persistentes”.
“Periodistas y medios de comunicación se enfrentan con frecuencia al acoso, intimidación y ataques físicos, mientras que la autocensura sigue siendo generalizada en las zonas más afectadas por la violencia relacionada con las drogas. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Federal, conocida como la ‘Ley Telecom’, firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014, continúa recibiendo críticas por amenazar la libertad de expresión”, expone el documento en su análisis sobre la situación por la que atraviesa el país.
En su Estado de la libertad de prensa, Freedom House sitúa a México entre los países que no son libres. El reporte menciona que en 2015 al menos cuatro periodistas fueron asesinados en el país en relación con su trabajo, también consigna que las instalaciones de las organizaciones de medios de comunicación fueron atacados en varias ocasiones.
“Los periodistas que cubren el crimen organizado y la corrupción en México se han enfrentado a niveles extremos de violencia durante más de 10 años, y el gobierno ha demostrado totalmente incapaz, o reticente, para abordar el problema”, dice el informe.
El documento da cuenta además sobre la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui tras la publicación de su investigación sobre la “casa blanca” y también menciona que los sitios web de varios medios de comunicación y organizaciones en favor de la libertad de prensa han sido víctimas de ciberataques.
“Los medios de comunicación y sus empleados se enfrentan a una variedad de actores interesados en manipular u obstruir los contenidos informativos, incluidos los propietarios con agendas políticas o de negocios, los principales anunciantes en busca de una cobertura positiva o neutra, funcionarios del gobierno y las organizaciones criminales”, dice el reporte.
Freedom House que aunque las autoridades no se dedican a la censura oficial ni bloquean formalmente el contenido en línea, es un hecho que los medios de comunicación han sufrido ataques cibernéticos de origen incierto. Refiere que cuando la censura tecnológica no es suficiente, se han utilizado métodos más coercitivos contra los periodistas.
“Una combinación de violencia criminal y política, que refleja con frecuencia la colusión entre las organizaciones criminales y funcionarios del estado, ha estado en exhibición espectacular en la última década”, agrega el reporte. Dice que de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) al menos 36 periodistas y cuatro trabajadores de los medios han muerto en relación con su trabajo desde 1992, incluyendo cuatro muertes en 2015.
La organización dice que existen otras agrupaciones que dan cuenta de cifras mucho más altas como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que informó de 107 periodistas asesinados desde 2000 hasta de noviembre de 2015, mientras que el organismo internacional Artículo 19 ha registrado siete asesinatos de periodistas en 2015.
El informe indica que el mayor número de ataques en 2015 se llevó a cabo en los estados de Veracruz y Oaxaca:
“El periodista José Moisés Sánchez fue secuestrado en Veracruz en enero y encontrado decapitado y desmembrado varias semanas más tarde. Sánchez fue el fundador y director del diario La Unión; el diario criticaba regularmente a las autoridades por su falta de respuesta a la actividad criminal locales, lo que provocó amenazas de muerte por parte del Alcalde de la ciudad de Medellín. En julio, el activista y periodista Rubén Espinosa, que había declarado haber recibido numerosas amenazas en Veracruz, fue asesinado en un apartamento en la Ciudad de México. En Oaxaca, Armando Saldaña y Filadelfo Sánchez Sarmiento fueron asesinados en mayo y julio, respectivamente. Sánchez era conocido por la cobertura de la corrupción local, mientras que Saldaña era antagonista de las bandas criminales con sus reportajes. En un crimen no incluido en el recuento del CPJ, un director de la radio comunitaria en Oaxaca, Abel Bautista Raymundo, murió en abril, lo cual ilustra el acoso frecuente y la falta de protección para los periodistas en este sector”.
Freedom House refiere además que los periodistas se enfrentan a obstáculos significativos cuando se trata de recibir protección a través del mecanismo del Gobierno federal para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, creado en 2012.
“Los bajos niveles de financiación y voluntad política, las rivalidades burocráticas y la falta de capacitación son algunos de los desafíos que afectan a la capacidad del gobierno federal para proteger a los periodistas”, dice el texto. ZETA/SinEmbargo
