Aunque la construcción del Zócalo 11 de Julio permanece clausurada por falta de licencias y permisos ambientales y de construcción, los movimientos sociales que se oponen al proyecto no bajan la guardia. Mientras continúan con protestas, plantones y bloqueos como manera de presión social a los gobiernos municipal y estatal, recursos legales son presentados en tribunales para frenar la construcción del millonario proyecto. Si bien, desde marzo de 2015, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió que el XXI Ayuntamiento de Tijuana debía presentar documentos como la anuencia de impacto ambiental y el permiso de uso de suelo para comprobar que el proyecto cumplía con la normatividad requerida, fue hasta seis meses después que la construcción se clausuró. Por este motivo, el abogado José Ángel Peñaflor, quien integra uno de los grupos de oposición al proyecto, presentó un recurso de revisión contra tal sentencia definitiva del TCA, ya que consideró que tanto la autoridad judicial como el gobierno municipal, incumplieron con la resolución. Este documento, presentado al Tribunal el 7 de octubre de 2015, es parte de la estrategia legal del Movimiento para evitar que el Gobierno del Estado reactive la construcción del proyecto clausurado el 29 de septiembre. La lucha en tribunales -explica Sabino Arellano, líder del Movimiento Civil Pacífico en Defensa del Parque Benito Juárez- inició desde la inconformidad de un grupo de ciudadanos, el cual consideraba que el proyecto no representaría un beneficio a la ciudad. Por el contrario, sostienen que “no es necesario y que con el dinero destinado, se podrían realizar obras que sí necesita la ciudad, como la construcción de vialidades o repavimentación de calles”. Sabino acusa que el Patronato del Zócalo 11 de Julio “nace del oscurantismo” para beneficiar a un selecto grupo de empresarios y gobernantes. Esta asociación civil no solo ha recibido millonarias aportaciones de la Federación para los costos de construcción, también ha sido beneficiada con apoyos del gobierno de Baja California, catalogados tanto en el ramo de educación como de desarrollo social. Como director del Patronato se encuentra Ricardo Cisneros, aunque la asociación civil fue fundada por otras personalidades como Carolina Aubanel, directora de la televisora Síntesis y aspirante a una candidatura independiente; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF); el empresario maquilador Enrique Mier y Terán, entre otros. Ante la falta de inversionistas en el Zócalo, el cual se compone por un teatro al aire libre, la Torre Emblemática, edificios para el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) y locales de renta, el Patronato cuenta con una prórroga, la cual vence en febrero de 2016, para reunir a los interesados en invertir. Millones de pesos contra un movimiento social El Zócalo 11 de Julio comprende 225 mil metros cuadrados, y los trabajos de construcción están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (SIDUE), la cual contrató a la empresa Jay Construcciones para la ejecución de la obra en la que, si bien inconclusa, se han invertido 250 millones de pesos, provenientes de recursos federales. Ya que apenas 155 millones han sido ejercidos, el resto podría ser requerido por la Federación. Sabino Arellano insiste en que el Movimiento debe permanecer en la obra para evitar que ésta se reactive: “Sabemos que el Gobierno del Estado está trabajando en la defensa legal del proyecto, pero esperamos que el juez a cargo, desahogue en consideración de las múltiples anomalías que hemos evidenciado”. Y es que algunos permisos han sido obtenidos a nombre del Patronato 11 de Julio, mientras que otros a través de la administración estatal, lo cual representa faltas a la normatividad de construcción. Arellano acusó al Gobierno del Estado de lucrar con la obra inconclusa, ya que al acudir a alguno de los eventos realizados en el teatro, representantes de restaurantes de la ciudad aseguraron haber pagado por espacios para montar puestos de venta de bebidas y alimentos. José Arce, también miembro del Movimiento de Defensa del Parque Benito Juárez, reconoció que aunque la presión social ha sido un motor para involucrar a la ciudadanía en la defensa de cientos de árboles que componen el parque entre el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno del Estado, las acciones legales permiten afianzar estos resultados. Más de 100 árboles fueron removidos o trasplantados del parque, y de éstos, cinco especies no sobrevivieron. A los meses de la reubicación, Sabino Arellano documentó cómo el grupo de árboles se secó en uno de los camellones cercanos al Hospital General, por lo que el gobierno municipal procedió a talarlos.
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