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miércoles, febrero 21, 2024
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Gobernador evaluado

Son 405 páginas divididas en 14 apartados, en ellas está contenido el todavía poco claro, Plan Estatal de Desarrollo (PED): las ideas que tiene el gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid para mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos durante los próximos 5 años y medio. Porque de consultas ciudadanas y estrategias consensuadas nada. Lo presentado el 25 de abril al Congreso del Estado, en general se trata de una consecución de datos estadísticos, la mayoría de 2010 y 2012, con los que hicieron un diagnóstico de las condiciones de vida de los californios, las cuales catalogan de mejor, en comparación con el resto de los estados mexicanos. Y al final, lo sabido, “…el diagnóstico social más reciente de la población mexicana refleja a nivel nacional, estatal y municipal un incremento en la población en situación de pobreza y de carencias sociales básicas”, más allá de la evidente ausencia de brillantez en la conclusión, el mérito es que lo admiten. Para luego enlistar una serie de estrategias volátiles, todas a cumplirse hasta 2019, por ejemplo: “…aspiramos a ver un Estado donde las y los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos sociales y la pobreza extrema se haya disminuido; donde las y los bajacalifornianos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa, hayan logrado alcanzar niveles de vida dignos y sostenibles y un desarrollo humano integral y puedan tener acceso equitativo a la prosperidad”. Después, al especificar programas, la volatilidad  no mejora: fortalecimiento del ingreso familiar, regulación de casas hogar y profesionalización de su personal, inhibir conductas delictivas, otorgar espacios públicos seguros, establecer el sistema de integridad policial, o ampliar las atribuciones de Derechos Humanos. Todo suena muy bien, el problema es que no informa, ¿cómo, cuándo, cuánto? En el documento mencionan también el establecimiento de un Consejo Ciudadano de Evaluación, incluso la obligación de evaluar los resultados, “identificar los avances e impactos en las condiciones de vida de los habitantes de Baja California”, pero lo posponen para el 2016, porque lo que resta de 2014 lo dedicarán a la elaboración de indicadores de gestión. Y el 2015 será de “observación ciudadana”. Así de fácil lo diseñaron e impusieron, sin reclamos oficiales posibles en los próximos 2 años. Para encontrar los “compromiso” menos aéreos, es necesario redirigirse a las 280 hojas del Plan Estratégico, a partir de su página 151, contiene cuadros con los programas, y lo que en ellos deberán invertir los tres órdenes de gobierno, después tres planas con una especie de cronogramas, 85 en total y numerados –excluyen los programas de 82 al 116– en ellos se menciona qué dependencias serán las responsables y el tiempo en que habrá de ejecutarse, entre 1 y 6 años. Pero la evasión de responsabilidades continúa, porque de nuevo, evitan el compromiso de plantear la fecha de inicio, de conclusión, y tampoco definen el impacto social. Solo ocho de estos programas tiene plazo de conclusión en 12 meses, de entrada, los proyectos dejados sin terminar  por el gobierno de Guadalupe Osuna en Admicarga, todos con recursos de la iniciativa privada: la modernización de la Vía corta Tijuana-Tecate; Terminal Intermodal Tijuana; Tren de pasajeros Tijuana 20 kilómetros. También el Proyecto de Reingeniería, Reforma Legal y Transparencia de la Contraloría Estatal, y la construcción de cuatro vialidades: Tecate-Valle de Guadalupe; Sauzal-Valle de Guadalupe; El Faro-San Felipe; Calentura-Valle de la Trinidad. Como el Plan Estratégico se presentó en noviembre, en teoría, por lo menos estos proyectos deberían estar concluidos en diciembre de 2014, el tictac es para el Gobernador y su gabinete, el tiempo para cumplir con los planes de corto plazo lleva seis meses corriendo. Más allá de si ellos quieren evaluar hasta el 2016, los bajacalifornianos están facultados para exigirles resultados desde la primera quincena de noviembre de 2013, cuando recibieron su primer sueldo. En los dos planes de gobierno, los funcionarios aseguran tener un enfoque basado en resultados, entonces están obligados a darlos a la brevedad. 


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