La de Roberto Campa Cifrián fue una visita protocolaria. Anunciada como el arranque del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia, la presencia del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, fue meramente de ornato para los eventos realizados por el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado. Es más, los 100 millones de pesos destinados para prevenir la violencia en Tijuana ya fueron entregados, pero las autoridades estatales esperaron la llegada del funcionario federal para comenzar a aplicar los recursos. Así, el martes 22 de octubre comenzó la limpieza de la canalización Río Tijuana, a la altura de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre la Avenida Internacional. Ahí se colocó un templete anunciando el programa federal. Un fuerte despliegue policiaco vigiló la zona. Los casi mil habitantes de “El Bordo” fueron alejados de la zona donde arribaría el funcionario federal acompañado del alcalde, Carlos Bustamante; el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella; y hasta el alcalde electo, Jorge Astiazarán. La elección del escenario fue simbólica. En el programa federal para la prevención del delito, el gobierno municipal alegó la falta de recursos para atender a la población migratoria -y deportada- flotante, a la cual se atribuye el incremento de los índices delictivos. Por ejemplo, el delegado del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Rodulfo Figueroa Pacheco, habló de los 39 mil deportados que han llegado a Tijuana en lo que va de 2013, ciudad que consideró “el punto de repatriación más complicado de México”. Como respuesta al fenómeno migratorio, el programa federal contempla los siguientes ejes de trabajo para el Polígono Norte: – Instalación de módulos municipales para recepción y atención a migrantes – Registro de los deportados en el puente El Chaparral – Creación de una base de datos para concentrar los registros de identidad, como las actas de nacimiento de los repatriados – Apoyos a organizaciones civiles enfocadas en la atención a migrantes – Un programa que englobe recursos municipales, estatales y federales destinados al traslado de repatriados a sus lugares de origen – Atender migrantes para no ocasionar problemas a tijuanenses. Los discursos de las autoridades ahí presentes se concentraron en la atención a la población deportada para prevenir acciones delictivas en la ciudad. Entre las cifras compartidas, de los más de 40 mil deportados que se espera lleguen a Tijuana durante este año, 10 mil provienen de purgar condenas, pero más de la mitad fueron detenidos por faltas administrativas. Con 100 millones de pesos presupuestados para Baja California en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia, el 60 por ciento se destinó a Tijuana, de los cuales 39 millones se centrarán en el Polígono Norte; el resto, en el Polígono del “Pípila”. En realidad, las acciones a realizar no son nuevas. Por ejemplo, el registro de los repatriados es realizado por el INAMI cuando la persona ingresa a territorio mexicano. Solamente se complementará con la instalación de módulos fijos y móviles en la ciudad para registrar información de salud, conocer qué enfermedades presentan -que podrían ser foco de infección para los tijuanenses- y detectar problemas de drogadicción. De la cantidad aportada por la Federación, 1.4 millones de pesos se invertirán para rastrear las actas de nacimiento de los deportados, y así generar nuevas identificaciones que les eviten ser arrestados. De hecho, el 70 por ciento de los recursos fue entregado desde agosto al gobierno estatal. Cuando éste acreditó la designación del 50 por ciento del presupuesto, se le entregó el 30 por ciento restante. Campa Cifrián detalló que los calendarios para la ejecución de estas acciones quedarán listos en los próximos días. Sobre la fiscalización de los recursos, el Gobierno Federal contrató a la empresa de Arturo González de Aragón -auditor superior de la Federación durante el gobierno de Felipe Calderón- para que revise las asignaciones en cada Estado. Aunque el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, insistió en que el fenómeno migratorio es un “tema de orden social humano, no policiaco, las repercusiones nos han obligado a intervenir”. Aseguró que las quejas de los ciudadanos sobre “personas deambulando” es un problema y la corporación “tiene que atender las denuncias, prevenir el delito y reaccionar”. Apenas el lunes 14 de octubre, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) reveló en un estudio que la Policía Municipal es considerada el principal de violador de derechos humanos de quienes habitan “El Bordo”. Cuestionado sobre esta particularidad del estudio sociodemográfico del COLEF, el subsecretario de Prevención y Participación ciudadana de la SEGOB, respondió no conocer el tema y prefirió “no especular sobre un estudio que no conozco”. Pero el titular de Seguridad Pública considera: “Quienes andamos en la línea de batalla, tenemos una visión similar, con algunas variantes, pero no es cómodo para la Policía Municipal atender este tema”. Reiteró que aquellos ex convictos que llegan a las calles de Tijuana -poco más del 40 por ciento- crean lazos delictivos transfronterizos que ocasionan “un enorme daño” a la ciudad. Campa Cifrián detalló que será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el encargado de evaluar las acciones de prevención, de indicadores, gestión, resultados y percepción con cuestionarios en 2014. A un lado del escenario preparado para las autoridades, la imagen dibujada sobre la canalización de Micaela Saucedo, activista migrante fallecida en septiembre de 2013 y cuyo nombre llevará el programa. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia en Baja California destinó 40 millones de pesos para Mexicali con dos polígonos. Los 58.7 millones de pesos restantes se dividirán en los otros dos polígonos de Tijuana. En el Polígono Norte, se incluyen once colonias: Zona Norte, Agua Caliente, Pinos, Aviación, Plan de Barranquita, Revolución, Barrral, Zona Oeste, Zona Centro, Empleados Ferales y Cuauhtémoc. Mientras el segundo polígono en Tijuana incluye tres colonias más: El Pípila, Héroes de la Independencia, y Tierra y Libertad. En “El Pípila” El segundo compromiso público de Roberto Campa Cifrián en Tijuana, fue en el Pípila, al Este de la ciudad, otro polígono contemplado en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con alrededor de 19 millones de pesos de inversión. La comunidad de la zona y representantes de organizaciones de la sociedad civil fueron citados en la Unidad Deportiva “Jorge Fitch” para presenciar la llegada del funcionario federal y los discursos de los tres órdenes de gobierno. A la entrada del complejo deportivo, camionetas del Gobierno del Estado cargadas de despensas que serían repartidas entre los presentes al final del acto protocolario. El Pípila se llevará en inversión, el 19% del presupuesto de PRONAPRED para Baja California, el cual asciende a 100 millones de pesos. Ahí se construye un gimnasio, un centro comunitario y puentes para ingresar a la unidad deportiva desde el otro lado del cañón, separados por una sección de viviendas. Según el secretario de Desarrollo Social en Baja California, Pablo Alejo Núñez, las obras están avanzadas en un 90%, y en los últimos días de noviembre podrán ser utilizadas. Además, existe el compromiso de fomentar la utilización de los espacios y apoyar a organizaciones de la sociedad civil enfocadas en fenómenos específicos de esa comunidad, adicciones, violencia doméstica y falta de planificación familiar. Alejo Núñez agregó que de 20 mil familias contabilizadas en aquel polígono, resultarán beneficiadas directamente unas 5 mil con acciones enfocadas a seguridad ciudadana, jóvenes, mujeres, actividades culturales y deportivas. “Que tengan todas las oportunidades para que sus hijos se desarrollen con más espacios deportivos, con talleres culturales, educativos, con difusión de principios, de valores, que los organismos de la sociedad civil nos van a hacer favor de aterrizar en beneficio de la gente de El Pípila”. Ahí mismo se entregaron incentivos a 19 organismo de la sociedad civil ubicados en El Pípila como parte de la misma inversión, según aseguraron los funcionarios. Roberto Campa Cifrián concluyó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es un plan apoyado en la realidad de las zonas a intervenir, y que el combate dado por la justicia y las corporaciones policiacas, debe ir acompañado de incentivos sociales, educativos y culturales.
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