Para la gran mayoría de los actores políticos locales no hay duda sobre el destino ideal del gobernador Francisco Vega de Lamadrid: ser investigado por malos manejos en la administración de los recursos del Estado.
Hay quienes incluso, piden su renuncia como titular del Poder Ejecutivo de Baja California.
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No es para menos. La administración estatal se encuentra en la quiebra, concluye el año con un déficit por arriba de los 6 mil millones de pesos, lo cual le ha impedido cumplir con los pagos comprometidos -y etiquetados- a organismos autónomos, educativos, la burocracia estatal y a los maestros, entre otros.
La semana que concluye, la última del año 2018, logró salir adelante debido a un rescate financiero por parte del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le hicieron llegar mil 300 millones de pesos que de poco servirán para amortiguar las deudas de corto plazo que tiene el gobierno de Vega.
Entre los propios funcionarios, especialmente aquellos de experiencia, se compara la impericia administrativa del actual gobierno, con aquella que encabezó Xicoténcatl Leyva Mortera en el llamado quinquenio infame que concluyó en enero de 1989 y dio pie al triunfo de la oposición en Baja California.
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Francisco “Kiko” Vega no tiene salida: o paga de inmediato todo lo que debe a burócratas, maestros y prestadores de servicios con un recurso económico que al parecer no tiene, o las entidades supervisoras, fiscalizadoras, iniciarán investigaciones en su contra y de sus colaboradores. Están obligados a hacerlo antes de ser considerados cómplices de un mal gobierno.
Efectivamente, tanto el Congreso del Estado como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, como la Auditoría Superior de la Federación, deben analizar las cuentas y de las irregularidades detectadas -imposible que no las haya cuando el gobierno ha perdido la capacidad de pago y se encuentra en la quiebra-, solicitar a las procuradurías de Justicia, estatal y federal, investigaciones sobre los malos manejos, el destino de los recursos, de tal manera que se pueda juzgar a quienes obraron mal.
Por el momento lo evidente es la crisis en su administración que resulta insólita en un Estado que históricamente había gozado de números sanos.
Apenas en octubre, en un reporte que fue enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la agencia Fitch Ratings redujo la calificación de Baja California de “A(mex)” a “A-(mex)”, argumentando una flexibilidad financiera limitada debido a una estructura del gasto operativo rígida y abultada con niveles bajos de ahorro interno.
“Lo anterior ha generado presión en sus indicadores de sostenibilidad de la deuda, además de repercutir en un continuo deterioro en sus niveles de liquidez y el uso recurrente de créditos de corto plazo”, sostuvo la agencia que también le otorgó a esta entidad gobernada por el panista, una perspectiva crediticia negativa debido al pago de la deuda de corto plazo que, según la Ley de Disciplina Financiera, deberá liquidarse antes del cambio de gobierno en 2019.
Así las cosas, endeudado, sin alientos para dirigirse a los bajacalifornianos y dar certeza a quienes siguen a la espera del pago de quincenas, pensiones y aguinaldos por parte del estado, Vega Lamadrid calla y con su silencio otorga la sospecha de no tener una solución bien afianzada incluso para calmar los ánimos de los manifestantes que el jueves 27 de diciembre rompieron la puerta de la sede del Congreso en Mexicali, mientras los legisladores sesionaban para aprobar los presupuestos de ingresos de los cinco ayuntamientos, así como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Baja California.
Entre paros, toma de oficinas públicas, alumnos sin clases, exigencias de viva voz, pancartas y mantas, transcurrió el mes de diciembre y el tema sigue preocupantemente vigente, pese a las remuneraciones parciales que han recibido la mayoría de los empleados del Estado.
El asunto es que la falta de una respuesta pronta profundiza la duda y por consiguiente el cuestionamiento en torno al manejo de las finanzas públicas del gobierno en manos de Vega, a quien para estas fechas se le ve con menos colaboradores cercanos, más presente en actos fuera del Estado, de preferencia en la Capital del país.
Esta crisis, que su administración gestó, por culpa, negligencia, omisión y presuntas corruptelas, debe ser investigada, tanto por la administración federal debido a la utilización de recursos federales etiquetados, como por el Congreso local ante los evidentes malos manejos.
Es verdad que la mayoría en el Congreso del Estado de Baja California pertenece al PAN y que han sido, de manera sistemática, cómplices del gobernador Vega de Lamadrid, pero también lo es el distanciamiento que desde la cúpula de Acción Nacional están gestando contra el todavía mandatario estatal, a propósito de la estrategia de campaña para 2019, cuando se renovará el Gobierno del Estado.
Es evidente que están tratando de amortiguar el golpe político para que la caída de Francisco Vega no sea la del blanquiazul en las urnas.
Antes que sea demasiado tarde, Congreso, Órgano Fiscalizador y Auditoría Superior, deben investigar al gobernador. Están obligados a responder a los bajacalifornianos lo que “Kiko” ha ocultado: a dónde se fue el dinero del gasto corriente, a qué se destinaron los recursos federales y por qué se requieren partidas extraordinarias para pagar sueldos. Porque el Estado, por primera vez en 30 años, está descapitalizado.
