El del “Chapo”, juicio de traiciones

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Edición Impresa Lunes, 19 Noviembre, 2018 01:00 PM

Pretende Joaquín Guzmán Loera diluir el tamaño de su poder e influencia en el Cártel de Pacífico. Las acusaciones de su abogado, Jeffrey Lichtman, sobre protección gubernamental al más alto nivel en México, fueron calificadas como “engañosas” y sin fundamentos por juez, fiscales y ex director de Operaciones Internacionales de la DEA. Los Zambada arremeterán contra ex socio de “El Mayo” al que “El Chapo” busca colocar en solitario como líder de la organización criminal

 

Con la intención de desligarse del liderazgo del Cártel de Sinaloa y regresar los golpes que ha recibido de los familiares de su ex socio, Ismael “El Mayo” Zambada”, el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán enfrenta -bajo esa estrategia- el inicio de su juicio ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El arranque del abogado del capo, Jeffrey Lichtman, al asegurar que la organización criminal de Sinaloa pagó millonarios sobornos al ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón, fue calificado de erróneo y falto de pruebas por los involucrados, por la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA, por sus siglas en inglés) y hasta por el juez federal Brian M. Cogan, quien amonestó al profesional del Derecho.

En su primera presentación ante el jurado que conoce del asunto, Lichtman aseguró que el verdadero jefe del clan delictivo, también conocido como Cártel de Pacífico, es Ismael “El Mayo” Zambada, quien nunca ha sido detenido y continúa ilocalizable en la Sierra Madre Occidental para la Policía mexicana. Presuntamente ha pagado millones de dólares en sobornos a los dos últimos mandamases en Los Pinos.

Al iniciar la ronda de 25 a 30 testigos que depondrán en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera durante los cuatro meses que se prevé podría durar el juicio, se conoció la declaración de Jesús Zambada García “El Rey”, hermano del aludido “Mayo” Zambada, del que dijo es socio y dirigente de la organización criminal junto con “El Chapo”.

De acuerdo con “El Rey”, quien antes de ser capturado en Ciudad de México en 2008 se encargaba de recibir la cocaína proveniente de Sudamérica para almacenarla en una bodega, Guzmán Loera ordenaba el trasiego de drogas desde el norte de Colombia para hacerla llegar hasta Estados Unidos.

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Cabe mencionar que Jesús Zambada y tres hijos del “Mayo” han sido detenidos durante las administraciones gubernamentales de Felipe Calderón y Enrique Peña, a quienes el abogado Lichtman acusa de haber protegido a Zambada García, supuesto líder en solitario del Cártel de Sinaloa.

Todos los parientes de primera línea del “Mayo” han sido juzgados en la Unión Americana, con excepción de Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, quien espera turno de ser extraditado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de donde se fugó por primera vez Joaquín Guzmán el 19 de enero de 2001.

El alegato inicial del abogado Jeffrey Lichtman le costó una amonestación del juez federal Brian M. Cogan, que calificó la versión del defensor del “Chapo” como “engañosa”. Por su parte, la Fiscalía de Nueva York presentó un recurso legal para excluir del juicio las expresiones del litigante, etiquetándolas como “argumentos indebidos, defensas afirmativas inadvertidas y habladurías inadmisibles”.

Desde luego que, en México, los aludidos de la supuesta corrupción respondieron. El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, negó las acusaciones del representante legal del narcotraficante sinaloense, al asegurar que ni Peña Nieto ni Calderón, recibieron sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

Vía Twitter, Sánchez refirió que el actual gobierno persiguió, capturó y extraditó a “El Chapo”, por lo que las afirmaciones son completamente falsas y difamatorias. Por su parte, Felipe Calderón negó haber recibido dinero alguno de grupos criminales.

El ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, declaró que las acusaciones formuladas por la defensa del “Chapo” carecen de sustento y no tienen ningún valor, pues de ser así, las autoridades mexicanas, jamás hubieran detenido ni extraditado a Estados Unidos al enemigo público número uno.

En otra reacción, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, rechazó que existan evidencias de que recursos del narcotráfico haya ingresado en las campañas electorales presidenciales en los últimos tiempos. No se tiene evidencia de algún posible financiamiento o fondeo del narcotráfico a campañas o actividad política.

En una segunda oportunidad, el 14 de noviembre, el abogado Lichtman refirió que el mito que pesa sobre su cliente “es muy fuerte” e incluso los policías que lo detuvieron le solicitaron su autógrafo al capo en billetes de 100 dólares, situación que “El Chapo” disfrutaba.

Sobre los señalamientos que están realizando los testigos en el juicio, Jeffrey Lichtman aseveró que se trata de gente que ha mentido porque “quieren salir de la cárcel como sea”, por lo que pidió al gobierno norteamericano y al jurado que les tomen en cuenta, calificándoles como “degenerados criminales violentos”.

Lichtman, especialista en casos criminales de alto nivel, se incorporó oficialmente a la defensa de Guzmán a mediados de agosto, aunque desde 2017 se sabía que estaba al pendiente de los pasos del extraditado, sin involucrarse ante el temor de que el pago de cualquier honorario le fuese incautado ante la sospecha de provenir del narcotráfico.

El juicio contra Joaquín Archivaldo inició bajo fuertes medidas de seguridad, acusado de liderar al Cártel de Sinaloa y haber introducido más de 155 toneladas de cocaína a EU durante los últimos 25 años. El proceso inicial por 17 cargos se redujo a once delitos.

 

Entre los testigos que podrían ser llamados a juicio para testificar en contra de Guzmán se encuentran algunos de sus principales colaboradores, presos y sujetos a proceso en diversas cortes federales en Estados Unidos, como Dámaso López Núñez “El Licenciado”, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, quienes se han declarado culpables y colaboran con la justicia norteamericana para obtener reducción en sus respectivas condenas.

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