“Kiko” sigue con sus negocios millonarios; ahora vende propiedades a funcionarios y proveedores

Foto: Agustín Reyes
 
Edición Impresa Lunes, 27 Agosto, 2018 01:00 PM

En los últimos meses,  Francisco Vega de Lamadrid ha realizado varias transacciones para hacer crecer su patrimonio personal a la par de sus funciones como gobernador. Ha vendido condominios por varios millones de pesos a funcionarios y proveedores de su gobierno. Entre sus compradores resalta su secretario de Desarrollo Social, el superintendente de la CFE y un ex empleado de gobierno estatal que además es distribuidor en administraciones panistas

Representado por la empresa de la familia Arnaiz, misma que mantiene contratos con el Gobierno del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid ha vendido a su nombre por lo menos siete propiedades en los últimos meses, dejándole ingresos superiores a 6 millones 594 mil pesos de un total de 44 millones de pesos que le generó una sola venta.

“Kiko” realiza sus negocios incluso con integrantes de su gabinete y funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, como su secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, quien -según documentos oficiales- pagó a su jefe 924 mil pesos por un condominio de 71 metros cuadrados en Tijuana.

Asimismo, el gobernador de Baja California recibió un millón 092 mil 500 pesos por parte de Luis Enrique Torres Inzunza, quien funge como superintendente Zona Tijuana de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) del Gobierno Federal, a cambio de otro condominio de 64.98 metros cuadrados, en la misma ciudad.

Además de funcionarios, el panista hizo negocio personal con un ex empleado del Gobierno del Estado y actual proveedor de su administración, al venderle otro de sus condominios de Tijuana, que al igual que el resto, se ubican en la colonia Guadalupe Victoria, cerca de la Central Camionera, un desarrollo inmobiliario que Vega hizo en sociedad con Grupo Arnaiz, denominado San Carlos.

 

SUBORDINADO Y CLIENTE

Al igual que el gobernador, Alfonso Álvarez Juan, su jefe inmediato, acrecentó su patrimonio personal en los cuatro años de ser parte del gabinete estatal. Con un sueldo actual de 55 mil 160 pesos al mes, adquirió un condominio de cerca de un millón de pesos, propiedad del Ejecutivo.

Álvarez Juan, secretario y cliente

Según documentos en posesión de ZETA, en la escritura pública número 100749 del volumen 4997, Álvarez Juan se convirtió en comprador el 24 de mayo de 2017 ante la fe del Notario Público 8 de Tijuana, Ricardo del Monte Núñez.

El condominio que “Kiko” vendió a su empleado tuvo un costo de 924 mil 910 pesos, a decir del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Se localiza en el número 504 del desarrollo San Carlos III Entorno Residencial, de la colonia Guadalupe Victoria en la delegación La Mesa.

Según la ficha de inscripción del Registro Público,  “Francisco Arturo Vega de Lamadrid como vendedor del terreno, representado por la empresa Fraccionamiento Arnaiz como vendedora de las construcciones”.

La propiedad que compró el funcionario público a su jefe, tiene 71.20 metros cuadrados de construcción y un espacio para estacionamiento.

Álvarez comenzó en la administración de Vega como director de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), percibiendo un sueldo de 56 mil 080 pesos mensuales, pero en marzo de 2016 el gobernador lo nombró secretario de Desarrollo Social, donde devenga un salario mensual neto de 55 mil 160 pesos.

Al cierre de esta edición, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no se encontraron datos de algún crédito hipotecario a nombre de Álvarez Juan.

Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- San Carlos, uno de tantos.

 

FUNCIONARIO FEDERAL, OTRO CLIENTE

En noviembre de 2014, Luis Enrique Torres Inzunza fue nombrado oficialmente superintendente de la CFE. Oriundo de Ensenada, es ingeniero en Mecánica, egresado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y otro de los clientes del gobernador.

El funcionario federal adquirió un condominio en San Carlos II de 64.98 metros cuadrados de construcción el 29 de julio de 2016, según escritura pública por un millón 92 mil 500 pesos.

Al igual que en la ficha de registro de Álvarez Juan, Francisco Vega aparece como vendedor junto con el fraccionamiento Arnaiz.

Pero no son los únicos interesados en el negocio de bienes y raíces del gobernador, existen empresarios, casacambistas, un joven de 26 años, entre otros quienes han comprado inmuebles en el mismo desarrollo habitacional.

Cada uno de esos condominios, el gobernador los ha vendido entre 743 mil y 950 mil 800 pesos.

La última transacción de Vega de Lamadrid documentada ante el Registro Público de la Propiedad, es la venta de otro condominio de los edificios Ermita III en el fraccionamiento Alcalá de Tijuana, con un valor de operación de 125 mil dólares -2 millones 250 mil pesos-. Esta inscripción se dio el 5 de julio de 2018.

 

DE FUNCIONARIO ESTATAL A COMPRADOR MILLONARIO

La “cartera” de clientes de “Kiko” Vega en el último año incluye, entre otros, a Jorge Enrique Figueroa Barrozo, ex funcionario del Gobierno del Estado y actual proveedor de la administración panista por medio de por lo menos tres empresas, una dedicada a “gestionar” recursos ante los diferentes niveles de gobierno y otra a la distribución de equipo de Seguridad Pública, así como “asesorías”.

Foto: Tomada de Internet.- Jorge Figueroa, fundó Tekseg, luego de que Kiko ganara la elección de 2013.

Inteliproof, S de RL de CV es una de las empresas de Figueroa Barrozo, según su acta constitutiva,  se dedica a la venta de “equipo de Inteligencia y contra-inteligencia, blindaje automotriz, equipo táctico, sistemas de video vigilancia Inteligente e inhibición celular”. Aun así, obtuvo un contrato (AFA/SA/SSP/008) por 10 millones 724 mil pesos con el gobierno panista de Baja California Sur a cambio de seis camiones con “caja recolectora de basura”.

Además, la compañía celebró contratos con el gobierno de Vega, dándose de alta ante la administración como “microempresa”. Desde 2016 aparece en las listas con las  que la CESPT  celebró contratos; en el mismo año se nombró a Alfonso Álvarez Juan, el otro comprador de “Kiko”, director de la dependencia.

En 2017, Figueroa Barrozo también celebró contrato con la CESPT por “servicios de seguridad”, pero con otra empresa denominada Corporativo TekSeg.

Los convenios comerciales del comprador de Francisco Vega se extienden al gobierno municipal de Rosarito que encabeza la panista Mirna Rincón; el Ayuntamiento “invitó” al ex funcionario estatal a participar en la adquisición de cuatro motocicletas tipo cuatrimoto para la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en noviembre de 2017. El contrato fue otorgado a TekSeg por 672 mil pesos.

En el mismo año, la empresa obtuvo un contrato en Ensenada para la compra de diez vehículos tipo pick-up Ram 2017 equipados y balizados como patrulla por 6 millones 984 mil 998 pesos.

Además, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, uno de los socios de Figueroa Barrozo en TekSeg, fue contratado por el gobierno de Juan Manuel Gastelum Buenrostro, alcalde de Tijuana, para encargarse de una preselección de candidatos a policías municipales por 7 millones 450 mil pesos.

Otra de las empresas de Figueroa con las que mantiene contratos con gobierno es Innovatio Consultores, la cual se describe como “un despacho especializado en la asesoría para la obtención fondos: estatales, federales e internacionales”.

 

EL NEGOCIO ENTRE “KIKO” Y LOS ARNAIZ

Desde 2014, siendo gobernador, Francisco Vega de Lamadrid inició los trámites para construir en uno de sus predios los condominios San Carlos III. Para desarrollarlos, estableció una relación comercial con Frasa, filial de Grupo Arnaiz.

De esta “sociedad” se sabe desde ese entonces que fue por medio un acuerdo que el gobernador puso a disposición el terreno donde los Arnaiz construyeron los condominios. De hecho, cada departamento vendido representaba ganancias para ambos actores. Sin embargo, dentro del contrato, a Vega de Lamadrid se le otorgaron varios inmuebles a su nombre como parte del pacto comercial.

Luis Enrique Torres Inzunza, funcionario federal

En el reportaje publicado en abril de 2015, bajo el título “Las transacciones de Vega (y familia)”  ZETA pudo documentar que al gobernador solo se le paga conforme se vayan vendiendo los inmuebles y se entregan a los propietarios en un régimen de condóminos. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, algunos de los condominios fueron puestos a nombre del gobernador para que este los revendiera, lo cual ahora está haciendo con personas ligadas al gobierno, funcionarios y proveedores, en lo que podría ser un conflicto de intereses.

La relación entre Vega de la Madrid y Arnaiz (representada por Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos), se dio en una superficie aproximadamente de 16 mil metros cuadrados propiedad del mandatario y se le pagarían 2 mil 800 pesos por cada metro cuadrado.

Es decir, un negocio para el titular del Ejecutivo por 44 millones 800 mil pesos. A la fecha, 160 condominios, es decir, la totalidad del desarrollo, ya fueron vendidos.

 

EL JUGOSO TERRENO

En 2014, a meses de haber asumido su gobierno, Francisco Vega realizó los trámites necesarios ante la Dirección Municipal de Administración Urbana de Tijuana. Ahí se le autorizó la construcción “de seis unidades tipo habitacional”, ubicadas a dos cuadras de las oficinas del Partido Acción Nacional en Tijuana y cerca de una de sus casas en Jardines del Pedregal.

En realidad, donde se construyeron las unidades habitacionales San Carlos fue en solo una parte de un terreno mucho mayor que Vega había adquirido antes de ser diputado federal. En 2008, un juez civil sentenció en el juicio de prescripción positiva (expediente 892/2008) a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o (…) viuda de Domínguez”.

La adquisición del predio fue inicialmente por 25 mil metros cuadrados a un valor de 2 millones de dólares entre 2005 y 2006, años después de que terminara su presidencia municipal en Tijuana.

A pesar que desde esas fechas se le reconoció como el legal propietario, Vega lo inscribió en el Registro Público (oficina que depende de su gobierno) hasta el 24 de abril de 2014. Posterior a este movimiento, realizó subdivisiones al terreno, una de las partes la vendió a sus hijas por 3 millones 190 mil 250 dólares, según consta en documentos oficiales en poder de ZETA.

 

“GÓBER” Y ARNAIZ TRANSARON TAMBIÉN CON OBRA

En el mismo año que Vega de Lamadrid comenzó el desarrollo de San Carlos, su gobierno lanzó una licitación para adjudicar los trabajos de la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana, el cual se encuentra a un lado de los condominios.

En realidad, la obra pública que fue “ganada” por Constructora Transpeninsular, filial del Grupo Arnaiz. Así se dotó de una calle que dio acceso directo a los condominios propiedad del gobernador y de ellos mismos. Y otra que conecta la Vía Alamar con el Puente Lázaro Cárdenas por un costo mayor a 16 millones de pesos.

De hecho, en la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la mentada, obra pues en el concurso donde participaron otras empresas se ignoraron “dos propuestas con los precios más bajos”, explica el informe de la Auditoría.

La ASF determinó que Constructora Transpeninsular “ocupó el cuarto lugar (en la licitación) con un presupuesto mayor en 35 por ciento que el previsto para su realización”.

De los 16 millones 600 mil pesos que se pagaron a la constructora de los Arnaiz, 14 millones 186 mil pesos resultaron del Fondo Metropolitano, es decir, a recursos federales.

Días antes que se le diera el contrato (C-FM-14-TIJ-SI-80) a la constructora, el gobernador oficializó la Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio entre él y el fraccionamiento Arnaiz.

El gobierno anunció que la obra duraría menos de cinco meses, pero se terminó en diez y con señalamientos de la ASF, ya que “en visita de verificación física de dicho puente, se detectaron trabajos de mala calidad y falta de limpieza”, aunado a que se le “adicionó y pagó obra fuera del objeto del contrato sin la autorización correspondiente”.

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