Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), previó, el 16 de febrero de 2024, enviar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para que comparezcan en el juicio contra Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, que se llevaría a cabo ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, donde la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda, el 21 de septiembre de 2021, por 634 millones de dólares, que supuestamente fueron robados al Gobierno mexicano, a través de contratos corruptos.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal, titular de la Unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que el juicio contra García Luna se restableció, tras el desechamiento de recursos de los acusados. Asimismo, indicó que la manera en la que presuntamente se triangulaba el dinero de los contratos obtenidos por Grupo Weinberg, tenía relación con pagos en el extranjero, particularmente en Barbados.
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“Grupo Weinberg, que fue el que operó junto con García Luna, la mayoría de empresas que lo integran son relacionales, no producen nada, no son empresa especializada en seguridad, no genera ni hardware, ni software, ni siquiera cámaras de videograbación. Todo lo hace comprando aquí y allá, principalmente en el extranjero, en el mercado interno no hacía operaciones”, enfatizó el titular de la UIF.
“El juicio se ha reanudado y está en etapa de conciliación, que es obligatoria en estos tribunales para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes, para lo cual el Gobierno de México se está preparando con todo el apoyo de la Secretaría de Seguridad, en donde están los funcionarios que van a comparecer ante el juicio y en donde se van a firmar ya los pliegos concretos de cada una de las cosas”, adelantó Gómez Álvarez.
El titular de la UIF explicó que la demanda civil contra García Luna en Miami, no determinaría la ilegalidad de los contratos firmados, sino que el dinero de los convenios irregulares se entregó a García Luna en dicha ciudad de Florida, a través de una triangulación ilícita.
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“Quiero aclarar que en Florida no se va a juzgar la ilegalidad de los contratos firmados, este es un tema exclusivamente de México, no está sometida a la jurisdicción en otro país. Lo que está sometido a la jurisdicción de otro país es que habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se le entregó una parte de ese dinero a la persona que había hecho los contratos, García Luna, o quien había gestionado los contratos, porque también hay contratos, de cuando García Luna ya no era servidor público, pero gestionaba todos los contratos, multimillonarios”, agregó.
“Entonces como él tiene dinero, parte de ese botín, y ya lo demostramos ante el Tribunal, porque el dinero está y ha estado desde que salió de México, a través de unos viajes, en otros países, Barbados, principalmente, llegó a Miami y ahí está el juicio, por ese motivo”, insistió Gómez Álvarez, quien cuestionado respecto a la posible participación de Calderón Hinojosa, dijo que analizarían quiénes aparecen en las cuentas de la isla caribeña, para localizar a otros implicados.
“En este momento no pensábamos hablar de otros casos, pero podemos hablar en otro momento del caso que fuera, no podría yo referirme a eso estrictamente, vamos a analizar la información de las cuentas que se operaron desde Barbados es una cosa que no ha terminado, vamos a ver quienes aparecen ahí, porque hay mexicanos. No podría decir en este momento si son o no, pero en su momento el Gobierno de México puede dar a conocer sin alterar el juicio en Florida”, afirmó el titular de la UIF.
El funcionario federal también afirmó que la revisión de la lista de las cuentas de la isla caribeña “tardará un par de semanas”, debido a que detalló que el documento estaba en Florida, “porque el banco tiene su sucursal en Manhattan, es el Occidental [Bank Barbados] pero ya está en Miami, entonces, una vez se haga la valoración y el juez tome la decisión, no habrá ningún problema”.
Además, Gómez Álvarez recordó que en la actualidad había 19 propiedades aseguradas por la demanda civil contra García Luna y aseguró que se recuperaría lo robado a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en la trama supuestamente encabezada por el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Tras informar que se pagaron 30 contratos al Grupo Weinberg, el titular de la UIF señaló que la inmensa mayoría de esos acuerdos fueron en dólares, y se abonaban en otra parte del mundo, “no se pagaban en México”.
El funcionario federal comentó que cuando se aprehendió a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presuntamente vinculado con García Luna y quien enfrenta un proceso de extradición, se identificó que era ciudadano de Estados Unidos, Israel, México “y el día de su detención traía un pasaporte polaco, parece tiene pasaportes de otros países.
Según Gómez Álvarez, el empresario detenido era uno de los principales dueños y operadores de dicho grupo de instrumentos, acusados en Panamá de hacer un presunto fraude a una persona que fue presidente de ese país centroamericano.
El 1 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención en España, de Weinberg Pinto, presunto cómplice del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal mexicana.
