“Palabras son las armas con las que atacamos las ideas”. E. Godin
Publicidad
Retomando la historia de México, debemos considerar que en la Nueva España bastaba una denuncia, aunque fuese anónima, culpando a alguna persona de herejía o sobre la práctica de la herbolaria, para que la Inquisición procediera a actuar de manera inmediata; ordenara la prisión del o los acusados y, por supuesto, le confiscara los bienes que quedaban, como siempre, a favor del clero.
El juez de instrucción desempeñaba dos importantes funciones en este proceso: por una parte era el acusador; y por otra parte, el jurado. Este juez de instrucción se encargaba de torturar al o los desdichados a quienes se les imputaba una herejía o como mencionamos, la práctica de la herbolaria, dentro de otros cargos. Por supuesto que la práctica de la tortura era nota común en estos procesos y tenía como propósito que los acusados confesaran los delitos que habían cometido y como consecuencia de esa tortura, culparan igualmente a los miembros de su familia y a otros conocidos. Este tribunal, mal llamado “Santo Oficio”, representaba un verdadero tribunal de abuso y prácticas de inconfesables torturas; dejó de funcionar en México, afortunadamente, el 10 de julio de 1820, y con ellos se dio fin a un sistema despiadado e inhumano de persecución. La Iglesia Católica no se pronunció al respecto.
Hace solo unos cuantos días, específicamente el 18 de junio, es el aniversario de otro movimiento importante que muy pocos ciudadanos de nuestro país han considerado celebrar: se cumplieron específicamente 10 años de la Reforma Constitucional que mandató la instalación de un lapso de ocho años, de un sistema acusatorio en materia penal para toda la República y cuyas características más conocidas popularmente se identifican como “juicios orales“ y la “presunción de inocencia”; particularmente considero que es la reforma legislativa más importante del país en al menos, los últimos 80 años.
Publicidad
A pesar del poco tiempo de vigencia en todo el país, de este Sistema de Justicia Penal ha sido objeto de muchas críticas, la inmensa mayoría infundadas y emitidas por políticos baratos, personajes que buscan el protagonismo, enfermos con padecimientos clínicos de “declaracionitis”, dentro de otros; pero lo más importante es que ponen en riego la permanencia de este “novedoso” sistema de administración de justicia.
¿Quienes critican al Sistema de Justicia Penal, están equivocados? Creo que no totalmente. Pero es justo mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia en materia penal fue implementado haciendo énfasis en la etapa propiamente del proceso y se dejó marginalmente las reformas complementarias que eran una necesidad a priori, tanto en las procuradurías de justicia, como en las policías. Este fortalecimiento, a más de ocho años de la implementación del sistema, continúa pendiente.
Por tanto, es natural que la ciudadanía se desilusione con el sistema. Los datos duros nos hablan de mejorar en muchos rubros. Cierto, se cambió bastante el sistema. Lo poco que sabemos nos llega por datos del INEGI que encuestó a 58 mil personas en cárceles de todo el país, un esfuerzo que nos permite comparar en un nuevo sistema penal contra el llamado sistema tradicional o mixto, desde la perspectiva misma de los usuarios de ambos sistemas. Un dato interesantísimo es que se revirtió el promedio de tener procesos penales sin juez. Si antes solo en dos de cada 100 procesos, los jueces asistían a las audiencias; hoy, la presencia del juez es una constante y es insustituible.
En cuanto a la transparencia, también observamos datos sumamente alentadores. La proporción de procesados que reportan claridad en la actuación de los nuevos jueces, se triplicó. Además, la presencia de la ciudadanía en audiencias creció en más del 190 por ciento, lo que da una sensación de seguridad y trasparencia en los juicios.
Benigno Licea González fue Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A. C., y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
