La justicia que queremos

Foto: Internet/Rosario Robles
 
Sortilegioz Lunes, 18 Junio, 2018 12:00 PM

Si como se pronostica en las muchas encuestas nacionales -incluida una de la Confederación Patronal de la República Mexicana-, Andrés Manuel López Obrador, candidato por Movimiento Regeneración Nacional, será electo Presidente de la República, habrá que irle diciendo de una vez que los mexicanos sí queremos justicia, que sí queremos ver en la cárcel a los corruptos, y que sí queremos que investigue a quienes hoy son su oposición en el gobierno, o sus contrincantes en la campaña.

No se trata de promover una cacería de brujas, o pedir que dedique su tiempo y esfuerzo a perseguir jurídicamente a quienes han intentado hundirle por tercera ocasión, haciendo uso y abuso de los recursos del Estado o de dineros de procedencia ilícita, sino que actúe como cabeza de un gobierno que pondera el Estado de Derecho, donde si alguien cometió un delito, es investigado, procesado y juzgado por ello, sin importar si es rico, pobre, tiene partido o no, pertenece o perteneció al gobierno, fue candidato a o no. Delincuentes los hay en todos los estratos sociales, y todos deben ser juzgados.

En el último debate, López Obrador recurrió de nueva cuenta a aquello de que no meterá a la cárcel a nadie, lo cual podría ser estrictamente cierto sin abonarle a la impunidad, pues no es facultad del Presidente de la República hacerla de fiscal o juez para encarcelar a los delincuentes, así provengan de partidos antagonistas.

Por ejemplo, es ridículo que de una docena de países donde propietario y ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht, sobornaron funcionarios para que les fueran entregadas obras por parte del gobierno, únicamente en México y en Venezuela, no haya detenidos sobre el caso que sí está en investigación en nuestro país, pero cuyo expediente está congelado.

El caso se encuentra inamovible en la Procuraduría General de la República, no solo por los amparos que jueces han concedido al principal acusado por los brasileños de ser el destinatario de sus sobornos, tasados en más de diez millones de dólares, sino porque la misma persona, Emilio Lozoya Austin, es íntimo amigo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y que de hecho al momento de negociar con los cariocas, de acuerdo a los testimonios de los ejecutivos, su cargo era en la campaña de Peña a la Presidencia, pero ya con el conocimiento que sería director de Petróleos Mexicanos (Pemex) una vez ganada la elección; cuestión que sucedió y fue desde esa paraestatal que concedió contratos a Odebrecht.

Si el gobierno de AMLO reabre la investigación contra Lozoya, si quien sea nombrado fiscal general por el Senado de la República, hace un buen trabajo en el Ministerio Público y encuentran las pruebas (los brasileños ya han aportado algunas y pueden proveer más), para llevar el caso a un juez y que este conceda orden de aprehensión contra Lozoya Austin, los mexicanos no sentiríamos que López Obrador se está vengando de los enemigos políticos, sino que está haciendo justicia y encarcelando a los corruptos.

Porque, a ver, eso de que todos los males promete acabarlos, precisamente acabando con la corrupción, tiene también que ver con el combate a la impunidad, y acabar con la impunidad significa ver a los corruptos y a los delincuentes ser juzgados por sus actos ilícitos y encarcelados.

Si en el gobierno de López Obrador las autoridades deciden dar seguimiento a las investigaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza hoy mismo en las finanzas de Baja California para determinar el daño al erario, y encontrar más de mil 900 millones de pesos que traen “perdidos”, y resuelven que el otorgamiento de obras en el esquema de Asociaciones Público Privadas o a ciertas constructoras, no fue el correcto y procesan a funcionarios de Baja California antes que nos pase lo que a Veracruz, no sería esta una venganza, sino justicia resultado de investigar lo sospechoso.

De igual manera, si se investiga a Rosario Robles por el desvío de recursos cuando fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, los mexicanos que conocen del caso de “La Estafa Maestra” gracias a periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en el combate a la corrupción, no se pensaría que tal acción sería una cacería de brujas, una venganza política, sino justicia y combate a la corrupción y a la impunidad.

Lo mismo en los casos del Paso Exprés de Morelos que se colapsó, o en el tema de los huachicoleros, si se juzga a funcionarios de Pemex porque se demuestra que están coludidos con el crimen organizado, o a veces lo encabezan, para el robo de gasolina, estaríamos hablando de justicia.

Existen muchos casos en el presente sexenio, en estados como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y otros, donde la sospecha de corrupción impera ante la evidencia de la transa con obras, abusos, excesos y el aparente enriquecimiento ilícito. Si todos esos casos se investigan conforme a Derecho y resultan responsables, deben ir a la cárcel y resarcir lo que desviaron de los dineros públicos, y eso no significa que un gobierno esté tomando venganza, sino que finalmente aplica el Estado de Derecho.

Ciertamente uno de los problemas más graves de nuestro país es la corrupción, pero ignorarla, o hacer borrón y cuenta nueva, no abonará al combate de la misma. Se requiere de ejemplos, de casos específicos de procesamiento y dictamen judicial para, entonces sí, esperar que del ejemplo aprendan el resto: si te corrompes, vas a la cárcel; si transas, vas a la cárcel; si abusas, vas a la cárcel.

Menuda labor va a tener Andrés Manuel López Obrador si gana la elección, pues aparte que está obligado a cumplir las promesas que hizo, a adecuar las que sea conveniente, tendrá que dar claros ejemplos que la corrupción en México está siendo combatida, y eso solo lo logrará haciendo justicia, aplicando la Ley a los corruptos conocidos, presentando casos ejemplares de castigo por corrupción, así sea lavado de dinero, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y sospechas de esos ilícitos, que recaen entre quienes hoy ocupan el Gobierno Federal y algunos de los estados entre quienes aspiran a ganar la Presidencia de la República, y quienes hoy acompañan al Presidente.

Esa es la justicia que queremos. ¿No?

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