En memoria de Sergio Haro Cordero, nuestro compañero y editor fallecido el 30 de mayo de 2017, y quien a partir del periodismo social movió conciencias y pugnó por la justicia para todos y todas, habría dicho él. En paz descansa, Comandante. Te extrañamos. Mucho.
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Clásico de los mexicanos es dejar todo para el último día. Estirar la liga. Pero especialmente, es hábito de los políticos incluir su nombre al final para evitar la auscultación pública de lo conocido con antelación. Eso sucedió una vez más con la convocatoria para integrar el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, que tenía como límite para el registro el martes 21 de mayo, y dos días antes no se habían registrado ni quince personas, cifra que es la totalidad de integrantes del Comité Ciudadano.
Pero al 21 de mayo, minutos antes del cierre, se registraron 63 propuestas que al final quedaron en 62, pues Ignacio Calderón Tena había sido propuesto por el Grupo 21 de Tijuana y por él mismo, por tanto, su nombre y documentación aparecía en dos ocasiones.
Al final del día de cierre, atendieron la convocatoria para ser miembro técnico del Comité Ciudadano, 20 personas de Tijuana, 20 de Mexicali, cinco por Rosarito, tres por Ensenada y uno de Tecate. Otras catorce personas solicitaron registro para la posición honoraria (de las cuales, dos aspiran también a ser técnicos).
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Considerando que el Comité Ciudadano debe quedar integrado por dos miembros de cada municipio, respecto los diez que obtendrán una remuneración por desempeñar el cargo (hay otros cinco integrantes, pero en el grado de honoríficos), el jueves 24 de mayo se emitió una nueva convocatoria exclusivamente para residentes del municipio de Tecate, y estará abierta durante una semana. El objetivo es tener mayor participación de ciudadanos del Pueblo Mágico para elegir a dos.
Los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), que son quienes habrán de elegir a los quince integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Daniel Valdez Delgadillo, Enrique Gómez Llanos, Jesús Esteban Castro Rojas, Yolanda Sosa y Silva, y María Luisa Walther Cuevas, han iniciado los trabajos de evaluación de las solicitudes, para que quienes aprueben los requisitos, pasen a la etapa de entrevista. De hecho, explicó Valdez que intentarán que la gran mayoría acuda la entrevista, pues únicamente descartarán a quienes de plano hayan incumplido uno de tres requisitos fundamentales: título universitario, antigüedad en la residencia y edad (el límite es al menos 35 años, porque los diputados de Baja California que no aprobaron las normas, decidieron dejar fuera a toda una generación menor a los 35, jóvenes sin vicios políticos, que atraídos por la tan de moda participación social, no pueden participar porque tienen 30 años, y unos cinco, seis con título universitario).
Aquí le van los nombres de quienes se registraron:
Karla Oralia Peralta Figueroa, Ana Lucia Talamante Soto, Rolando Mejía Cruz, Daniela Aarón Sotelo, Agustín Manuel Velázquez Bustamante, David Álvarez García, Marina del Pilar Olmeda García, Ignacio Calderón Tena, Humberto Rodríguez Romero, Diana Flores Rocha, Rafael Arturo Arámbula Canseco, Román Antonio Aboytes Hernández, Claudia Telles Aguilar, Francisco José Fiorentini Cañedo, Francisco Fernando E. Del Valle Zamora, Jorge Antonio Sauceda Esquerra, Edgardo Silva Rivera, Rosa Martínez Esquivel, Yolanda Verónica Márquez Abularch, Enrique Manuel Rovirosa Miramontes, Felipe Daniel Ruanova Zárate, Omar Marrón Luna, Claudia Virginia García González, Jorge Alberto Menchaca Sinencio, Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, Francisco Javier Parral León, María Adolfina Escobar Pérez, Fernando Cervantes Conde, Armando Ramírez Muñoz, Jesús Ignacio Carlos Huerta, Ricardo Esteban Zurita López y Luis Carlos Castro Vizcarra.
Fernando Flores Pradis, Rafael Figueroa Palomares, Paul Edgar Leyva Amador, Luz Paola Montero Vázquez, Benito Velázquez Hernández, Óscar David Cota Magallanes, Guillermo Martín Limón Molina, Juan Guillermo Ibarra Barraza, Christian Armando Vázquez Juárez, Alfonso Alimi Hernández Martínez, Rubén Esteban Roa Dueñas, Carlos Enrique Bernal Hinojosa, Ramón Guzmán Paz, Lisbeth Báez López, Lourdes Robles Pérez, Jesús Edgardo Contreras Rodríguez, Olga González Zavala, Mario Armando Baylón Rebelín, Héctor Torres Mozqueda, Jorge Topete Calvario, Christian Jesús Aguayo Becerra, María Gloria Orozco González, Eduardo Arredondo Uribe, Jesús Alfonso Peralta García, Lorenza Angélica Bórquez Chávez, Rodolfo Urbalejo Gallego, Álvaro Rafael González Contreras, Karina Cárdenas Rodríguez, César Fabricio Ornelas León y María del Pilar Ramos Sodi.
Si conoce a alguno, o a varios, podrá darse cuenta que entre ellos hay quienes pertenecieron al PRI, al PAN, fueron candidatos, candidatos suplentes, han sido funcionarios públicos, han tenido intereses políticos y de gobierno; por tanto, presentan tendencias y representan intereses, cuya selección impediría que el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California actúe de manera íntegra, ciudadana, independiente y en estricto apego a la Ley y el combate a la corrupción y la impunidad política.
Realmente los cinco integrantes del CPC no tienen la situación fácil. De sus evaluaciones y votos dependerá que se elijan verdaderos ciudadanos comprometidos con el Estado de Derecho, cuyo ejercicio es tan necesario, particularmente en una entidad como Baja California, donde la sospecha de la corrupción acecha tanto al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, como a varios de sus funcionarios, sin dejar de lado dos que tres presidentes municipales y otros tantos servidores públicos de niveles inferiores.
Ya contaminados otros órganos que nacieron ciudadanos, como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, o los órganos electorales, en los cuales gobiernos, a través de la propuesta y congresos mediante el voto selectivo, los han integrado con “ciudadanos” afines a partidos políticos o eventuales funcionarios, resulta urgente que el naciente Sistema Estatal Anticorrupción nazca independiente. Que se eviten los votos por partido, las cuotas por gobiernos, los intereses políticos y también los empresariales. De hecho, ya con los integrantes que del gobierno habrá en el Sistema, será suficiente. Ahí tiene el caso nacional, donde los cinco integrantes del Comité Ciudadano poco pueden hacer ante el avasallamiento de los funcionarios federales que responden a los intereses del gobierno en turno, y no a la necesidad de justicia que existe entre los mexicanos.
Como en el ámbito nacional, el CPC de Baja California hará sus procesos de evaluación y selección transparentes. Si bien, las sesiones por el momento son privadas, en la etapa de entrevistas estas se abrirán al público físico y al virtual, por lo que habrá que estar muy atentos para que no se equivoquen y vayan a seleccionar a personas con intereses políticos, partidistas, o cachirules de la política que solo están ahí porque lo suyo, es registrarse en cuanta convocatoria se emita.
Ahora sí que mucho ojo, que la corrupción a perseguir en el Estado, no es poca cosa.
