Corrupción entre concesionarios de grúas y policías de tránsito

Fotos: Ramón T. Blanco Villalón
 
Edición Impresa Lunes, 26 Febrero, 2018 12:00 PM

Trabajadores y ex trabajadores de grúas, así como ciudadanos que han sido afectados, denunciaron la corrupción que impera entre las concesionarias de grúas municipales y elementos de la Policía de Tránsito municipal, a quienes pagan entre 200 y 350 pesos por cada carro que les mandan al corralón, luego que los conductores son infraccionados. Autos que en muchos de los casos ya no han podido recuperar sus propietarios. La SSPM dice desconocer estos hechos y no tener quejas al respecto, mientras en Sindicatura existen varias denuncias, pero solamente por razones de mal servicio y daños a los vehículos

Irregularidades en arrastres y servicios, retención de automóviles, cobros “por debajo de la mano”, venta ilegal de autopartes y retención o desaparición de autos, son algunas de las prácticas que realizan algunas concesionarias de grúas y corralones municipales bajo el contubernio y participación de elementos de la Policía de Tránsito de Tijuana, denunciaron a ZETA trabajadores y ex trabajadores de estas empresas, así como ciudadanos que se han visto afectados.

Arrastres de Tijuana, ubicados en la colonia Magisterial de la delegación Centenario, y Grúas Martínez, ubicados en la colonia Las Torres de Matamoros, Delegación La Presa, son las dos empresas señaladas directamente, una de ellas incluso con antecedentes penales que datan de 2011, por haber retenido 845 carros sin registro en el sistema de corralones de Sindicatura Municipal.

Ex trabajadores de estas empresas, quienes optaron por omitir sus nombres por seguridad, señalaron que son tan comunes estas prácticas ilegales, que incluso ellos estaban bajo la amenaza de bajarles el salario, no pagarles algunos días, castigarlos sin goce de sueldo, perder incluso sus trabajos y de “ficharlos” con otras empresas de grúas para no ser contratados a manera de “guardar silencio”, sobre todo lo que sucede al interior de los corralones.

De igual manera, la Asociación de Yonkeros de Tijuana ha venido denunciando desde 2011 la práctica de la venta ilegal de autopartes, lo cual les ha generado una competencia “desleal”, ya que esos corralones operan en la clandestinidad, venden las partes a mucho menor precio porque no les cuesta y no pagan impuestos, como sí lo hacen los yonkeros que operan de forma regular.

Autoridades como el propio Ayuntamiento, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y Sindicatura Municipal dijeron a este Semanario desconocer estas prácticas y esta situación, además de no contar con quejas en ese sentido, aunque sí por malos servicios, daños ocasionados a los vehículos durante los arrastres y por extravío de objetos. Sin embargo, pidieron a la ciudadanía afectada denunciar para poder indagar y emprender una investigación sobre los hechos.

 

LEVANTAN MÍNIMO DOS CARROS POR DÍA; PAGAN DE 200 A 350 PESOS

De acuerdo con los trabajadores y ex trabajadores, las empresas de grúas levantan mínimo dos carros por día gracias a la colaboración y participación de los elementos de Tránsito, a quienes pagan entre 200 y 350 pesos por cada carro que les llevan o que les “atoran”, como llaman a la acción de parar a un conductor por una supuesta falta al Reglamento de Tránsito y permitir que el carro sea remolcado e ingresado a alguno de los dos corralones.

Considerando estas cantidades, es decir, que a la semana los policías municipales que participan en estas prácticas se llevan entre 2 mil 800 y 4 mil 900 pesos, los ingresos de los titulares de grúas son mucho mayores y varían de acuerdo al lugar o distancia del traslado y del tiempo determinado que dure un auto en el corralón, derivado de las “trabas” que se pueden presentar para que las personas puedan recuperar sus autos.

Arrastres de Tijuana, una de las concesionarias señaladas, de quien se buscó una explicación y no respondió.

Eso “en el menor de los casos”, porque hay ocasiones en que los autos no son registrados en el sistema de corralones de Sindicatura Municipal y se hacen “perdidizos” y son desarmados para vender las partes de forma ilegal o simplemente les cambian las partes buenas por otras malas o regulares, dejando en desventaja a los automóviles que son recuperados.

“Acciones que todo mundo ahí dentro sabe”, como hizo saber a ZETA uno de los ex trabajadores de la empresa Arrastres de Tijuana, quien señaló directamente al administrador, César Armenta, de ser el encargado de este contubernio con policías de Tránsito, quien además amenaza a sus trabajadores de no recibir sueldo, ser merecedores a días de castigo y sin goce a sueldo, perder el trabajo o incluso “ficharlos” con toda la intención de que no vuelvan a tener un trabajo en alguna otra empresa de grúas, si no se ajustan a realizar estas prácticas ilegales.

 

ANTECEDENTES PENALES POR OCULTAR CARROS EN CORRALONES

La empresa Grúas Martínez se metió en problemas legales en 2011, debido a que no reportó un total de 845 automóviles que resguardaron en espacios escondidos o alejados de la vista de quienes los iban a reclamar; por esta situación, Sindicatura Municipal, perteneciente a la entonces administración del alcalde Carlos Bustamante Anchondo, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que se asentó en el expediente SM/1231/2011.

En esa ocasión, la autoridad municipal y la propia PGJE detectaron que dentro de ese lote de autos sin registrar había varios que contaban con reporte de robo y no sabían cómo habían llegado hasta ese corralón, lo que les hizo suponer que alguien más participaba en la acción de sustracción, aunado a que observaron que a varios les faltaban algunas piezas, por lo que se pensó que los corralones estaban siendo usados como deshuesaderos.

 

YONKEROS DENUNCIAN COMPETENCIA DESLEAL

Coincidentemente, desde 2011 la Asociación de Yonkeros de Tijuana ha venido denunciando públicamente estas prácticas, sobre todo porque consideran que es una competencia “desleal”, al operar en la clandestinidad. Eso les permite vender partes a menor costo porque no les implica ningún gasto, debido a que no están registrados como yonkeros y no pagan impuestos ni deben reportarle nada a la autoridad.

 

AUTORIDADES “DESCONOCEN” LA PROBLEMÁTICA; NO TIENEN QUEJAS

Cuestionada por esta situación, la SSPM aseguró que hasta el momento no tienen conocimiento de que elementos de su corporación participen en estas prácticas y menos aún que tengan quejas en ese sentido, sin embargo, aseguraron que investigarán para cerciorarse que así sea y en su momento se compartiría la información que resulte; mismo caso expresó el secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Guerrero Díaz, quien manifestó a este Semanario que los agraviados deben remitir esos asuntos a Sindicatura para que se pueda brindar un seguimiento, ya que es la instancia encargada de ello.

Sin embargo, sí consideró que cualquier acción ilegal de cualquier servidor público habla mal de la institución a la que pertenece, del titular de la misma y de toda la institución como Ayuntamiento, porque todos tienen la obligación de buscar que las cosas se hagan bien, siempre y cuando el ciudadano haga lo correspondiente, que es denunciar, reportar o poner la queja donde tiene que hacerlo, ya que en muchas ocasiones estos casos “se convierten en leyendas urbanas”.

Por su parte, Sindicatura Municipal compartió que hasta el momento no cuentan con quejas en las que se hayan visto involucrados policías de Tránsito o que tengan que ver con estas prácticas que denunciaron públicamente trabajadores y ex trabajadores de grúas municipales; pero sí se refirió a las 72 quejas relacionadas exclusivamente al servicio de arrastre, presentadas en lo que va de la actual administración.

De estas, ocho se presentaron directamente ante Sindicatura y tienen que ver con cuestiones como pérdida de documentación, errores en las hojas del inventario y daños materiales a vehículos; las 64 restantes se interpusieron ante la Dirección de Arrastres, de las cuales 38 fueron por daños ocasionados a los vehículos al momento del remolque, 16 fueron presentadas por pérdida o extravío de objetos o documentos dentro del vehículo, y 10 por sellos violados.

La síndico Ana Marcela Guzmán detalló que los concesionarios no son servidores públicos, aunque con la nueva Ley de Responsabilidades van a ser investigados particulares, por ello, por lo pronto no tienen “ubicada” ninguna queja en ese sentido, aunque aseguró procederán a hacer una búsqueda en los términos que se le hicieron en cuanto al contubernio y responsabilidad que conllevan algunos elementos de Tránsito Municipal.

 

TRABAJAN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CARROS

Respecto  a las “trabas” que refieren los trabajadores y ciudadanos para la recuperación de sus carros, la síndico declaró que están trabajando para “mejorar” este servicio, el cual no depende de Sindicatura, sino de la SSPM, acción que cuenta con la Norma Técnica 22, emitida por Sindicatura para evitar precisamente las malas prácticas de los funcionarios públicos; sin embargo, cree necesario resaltar que al menos el 70 por ciento del lote vehicular que ingresa a los corralones, son autos “chocolate” que no se introdujeron legalmente al país y por ello en ocasiones es más complicado recuperarlos.

Resaltó que es importante que aunque sea de extracción extranjera se cuente con los documentos de autenticidad del carro, ya sea el título americano o la tarjeta de registro, en el caso de vehículos nacionales contar con la factura, la tarjeta de circulación y la licencia de conducir, pero en casos de que no se acredite la propiedad, se deben presentar las cartas poder correspondientes para dar certeza a cada uno de los casos y como medida preventiva, en el entendido de que no se esté entregando un carro que no corresponda o que cuente con reporte de robo.

 

CIUDADANOS PIERDEN LA FE Y SU PATRIMONIO

Ante esta situación, ciudadanos tijuanenses afectados por la pérdida total de sus carros, pierden la fe en un día poder recuperar lo que fuera su patrimonio, como parece ya le está sucediendo al señor Antonio, quien desde diciembre de 2017 tiene su carro en el corralón de Grúas Martínez, ya que no se lo han entregado por “falta de documentos”. En el Ayuntamiento le informaron que debe presentarse físicamente la persona que se lo vendió, cuando él ya demostró tener todas las cartas poder.

Elementos de Tránsito le confiscaron el automóvil en el Bulevar El Refugio, por una falta administrativa al no llevar consigo licencia de conducir. Desde entonces se ha dedicado a recopilar todo el papeleo que le han pedido y, cuando se presenta con ellos, le dicen que hace falta algún otro documento, situación que le ha estado llevando a perder la fe, debido a que ni en el Ayuntamiento le resuelven y en el corralón ya le advirtieron que “mejor ni vaya, porque el patrón les da una feria y esos (carros) aquí se quedan”.

 

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