Le impugnan a Gastélum proceso de licitación de luminarias

Foto: Archivo
 
Destacados Viernes, 5 Enero, 2018 05:11 PM

El gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro se vio obligado a suspender la licitación para la concesión a 15 años del servicio de alumbrado público de Tijuana, debido a que una de las dos empresas, registradas en la convocatoria, cuyo fallo se daría este jueves 4 de enero, impugnó el proceso.

El recurso legal lo presentó la empresa Teletec de México S.A.P.I. de C.V., la misma proveedora de las televisiones digitales entregadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, previo al apagón analógico.

“El trámite fue realizado ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, por lo cual, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín, anunció que al realizarse este recurso legal, no se puede emitir un fallo, por lo que se suspenderá el proceso provisionalmente”, emitió en un comunicado el XXII Ayuntamiento de Tijuana.

En el acuerdo de admisión se establece concretamente que “se determina acreditado el interés jurídico suspencional por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57 y 59, se concede la suspensión provisional, absteniéndose de dictar un fallo, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio”, lo anterior bajo el expediente #542/2017 SA, se lee en el documento.

Ante ello, el Comité Técnico del proceso de licitación, integrado por regidores del Partido Acción Nacional y parte del gabinete de Gastélum, no tuvo más opción que suspender la licitación con la que se estaría otorgando a un particular, un contrato por un monto de alrededor de cinco mil millones de pesos para la conversión a tecnología LED y la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Tijuana, en tanto se resuelve el juicio.

De 35 empresas que adquirieron las bases de licitación, solo dos se inscribieron en la citada convocatoria, las dos de la Ciudad de México: Sinergy Leds y Teletec.

De antemano, firmas locales calificaron el proceso de amañado y consideraron que las bases resultaban imposibles de cumplir en el plazo establecido en la puja “a menos que una empresa tuviera previo conocimiento de las mismas”.

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