La inseguridad en estadísticas tampoco abona a la tranquilidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, en Baja California se denuncian solo el 15.9 por ciento de los delitos, y únicamente en el 10.5% de los casos denunciados, se inicia una averiguación previa. De lo anterior se deduce que el 84.1% de los delitos ocurridos en la entidad nunca llegan a la fiscalía y esta es la cifra negra.
Para tener una idea más clara, significa que si en los primeros siete meses de este año, en Baja California se denunciaron 60 mil 144 delitos, en realidad se cometieron 378 mil 264 crímenes, pero más de 318 mil víctimas decidieron no presentarse ante el Ministerio Público para abrir una investigación de su caso.
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En una sociedad acostumbrada a la violencia, las principales razones para no presentarse a denunciar son la desconfianza en las autoridades y el miedo a los criminales, delincuentes, policías, ministerios públicos y jueces que operan como grupo de delincuencia organizada contra los intereses de la sociedad en general.
Frases expresadas en prácticamente todas las encuestas de percepción, son: “Las policías están de acuerdo con los criminales”, “Los ministerios públicos están coludidos con la delincuencia”, “Les dan información de los denunciantes”, “Los abogados compran a los jueces” y “Los juzgadores corruptos los liberan”.
Finalmente, es sabido que el brazo de la justicia alcanza a muy pocos, y para prueba, más números conocidos: en Tijuana se han cometido más de mil 108 homicidios en 2017 y, de acuerdo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Armando Vásquez, se ha iniciado proceso solo a 80 homicidas, y solo ocho de esos homicidas han sido sentenciados en juicio abreviado.
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Corrupción e impunidad, el caldo de cultivo que alimenta la desconfianza y la inseguridad -el 97% de la ciudadanía desconfía de la información que el gobierno proporciona en el tema de seguridad ENAID 2016-, convirtiéndose en los factores principales para que la gente esté tomando las redes sociales como plataforma para ventilar sus descontentos y denuncias.
Eso, y que inconformarse desde la tranquilidad de la computadora implica menos compromiso e inversión de tiempo, además de la posibilidad de que un mayor número de personas se enteren, compartan la molestia, se indignen y se vuelva viral.
El problema es que oficialmente, las denuncias que solo se hacen en la web no tienen seguimiento de las fiscalías, a lo que el descorazonado Lector responderá -con razón-: tampoco las que se presentan ante el Ministerio Público. El punto en contra es que al no denunciar, se cae en la misma irresponsabilidad social y civil de las autoridades, fomentando la impunidad.
Recientes ejemplos han probado que la manera más afectiva de hacerlo es presentar la denuncia en las procuradurías y usar las plataformas digitales para presionar. Como muestras locales de éxito de esta doble denuncia, están el seguimiento del asesinato de la doctora Ciani y el asalto del restaurante La Espadaña en Tijuana, en los cuales las áreas de seguridad involucradas incrementaron notablemente su efectividad y demostraron ser perfectamente capaces, evidenciando que cuando no lo hacen, no es porque no puedan.
En el presente entorno político deteriorado, las autoridades tienen mucho por delante para recuperar por lo menos un porcentaje de la confianza perdida, sobre todo si consideramos que el éxito más reciente en este tema fue nueve años atrás.
El 16 de enero de 2007, el Ejército Mexicano encabezado en el Estado por el Comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, invitó de viva voz y por escrito a los bajacalifornianos, a “denunciar conductas delictivas que se realicen en sus colonias, como son venta de drogas, secuestros, movimientos de grupos de personas armadas u otros actos ilícitos que perturben la tranquilidad de la población”, y se comprometió: “Tenga usted la seguridad de que nosotros, sí vamos”. Y lo más importante: cumplió en atender todas las denuncias que recibía, no intentó engañar con discursos, la gente lo puso a prueba, vio resultados y lo apoyó, así pavimentó el camino que trajo un breve periodo de paz.
Asumiendo las consecuencias, Aponte puso el ejemplo y denunció públicamente los actos de corrupción de funcionarios que se conocieron en el interior del Grupo Coordinación, en los cuales los jefes de las corporaciones no tomaron medidas.
Entonces la fórmula es simple: los gobiernos actuales, las corporaciones y sus diversos funcionarios deben empatizar con la ciudadanía y sus necesidades, una obligación que tienen como servidores públicos, después, comprometerse a hacer su trabajo, nada que no esté en Ley, y finalmente cumplirlo, nada a lo que no los obliguen sus respectivos cargos.
Ahora, si el modelo del General no les va -aunque debería-, propongan su propia estrategia, pero ya, porque el tiempo se les está terminando y tanto la confianza como la seguridad se están desplomando, al igual que la paciencia de sus gobernados.
