Por lo menos una de cada veinte empresas en México fue víctima de la corrupción por parte de servidores públicos en 2016, arrojó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre octubre y diciembre de 2016.
El 64.6 por ciento de los empresarios encuestados señalaron que los actos de corrupción tuvieron la intención de agilizar trámites ante las instancias públicas, 39.4% para evitar multas y el 30.7% para la obtención de licencias y permisos.
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Mientras que el 29.7% refirió que los actos corruptos se manifiestan para evitar la clausura de un establecimiento comercial. Las empresas industriales y de gran capital son víctimas de corrupción a mayor escala, postuló el Inegi, que omitió información respecto al promedio que cuesta la ilegalidad a las compañías mexicanas.
Foto: Archivo/José Luis Contreras
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El órgano federal de estadística colocó al Estado de Quintana Roo por encima en su tabla de corrupción a empresas, con 2 mil 077 casos por cada 10 mil empresas; Baja California ocupa el lugar 26, con 787 casos por cada 10 mil.
El estudio destaca que “las autoridades de Seguridad Pública” de la esfera municipal y estatal son las entidades más señaladas por corrupción a las empresas, con 2 mil 753 reportes por cada 10 mil encuestados; seguido por las unidades de investigación criminal, los procesos judiciales y los permisos comerciales por parte de los ayuntamientos.
Según la Encrige, el año pasado las pequeñas, medianas y grandes empresas pagaron a entidades públicas 115.7 mil millones de pesos derivados de “costos monetarios de cumplimiento de obligatorias”, cantidad que representaría el 0.56% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En promedio, cada empresa consultada habría pagado 48 mil 871 pesos.
En cuanto a la obstaculización del marco regulatorio -trámites gubernamentales- a las empresas, Baja California ocupa el quinto lugar nacional, apenas detrás de Jalisco, Quintana Roo, Yucatán y Chihuahua, ya que en la entidad, el 28% de los encuestados consideró que sus objetivos proyectados para 2016 no se cumplieron por las cargas administrativas.
Tanto el economista José Luis Contreras Valenzuela, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Tijuana, Kurt Honold Morales, consideraron necesario agilizar el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Fiscalía que deriva de éste en el Congreso del Estado, a fin de fortalecer las sanciones.
Para Contreras Valenzuela, la corrupción es “uno de los principales inhibidores no solo de la actividad económica”, especialmente para los empresarios. En ese sentido explicó que los trámites municipales son los que más preocupan a empresarios locales.
El ex líder del sector privado tijuanense consideró que los casos de corrupción en el país podrían ocupar un importante porcentaje del PIB, por lo que los proyectos anticorrupción en la esfera legislativa deben agilizarse a la brevedad, para evitar que la impunidad prevalezca.
Por su parte, Honold Morales manifestó que, junto al Ayuntamiento de Tijuana, el CEE está desarrollando un manual para que los dueños y representantes de empresas puedan ejecutar trámites de forma rápida y con suficiente transparencia, a fin de no retrasarse y verse tentados a sobornar a algún funcionario para obtener un resultado favorable a sus intereses.
