Trece años de impunidad se cumplirán el próximo 22 de junio. Los asesinos que participaron en el ataque que terminó con la vida de nuestro compañero y editor general, Francisco Javier Ortiz Franco en aquel 2004, pese a haber sido identificados y algunos detenidos, ninguno ha sido acusado y menos juzgado o sentenciado por el infame crimen.
De acuerdo a las investigaciones iniciales, a Francisco lo atacaron a balazos sicarios encapuchados cuando subió a su auto estacionado a dos cuadras de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Huyeron en una Grand Cherokee Limited que dejaron dos cuadras hacia el poniente, y que policías ministeriales tardaron horas en encontrar.
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El mismo día del cobarde atentado, el consejo editorial de ZETA exigió en un comunicado una investigación y la captura de los homicidas, también se informó del compromiso del entonces gobernador Eugenio Elorduy y el Presidente de la República, Vicente Fox, de resolver el caso.
En un boletín de prensa, Fox expuso ”preocupación e indignación” y manifestó haber instruido a todas las instancias federales de seguridad a colaborar con las de Baja California para aprehender a los culpables.
Antonio Martínez Luna, entonces procurador del Estado de Baja California, declaró que investigarían si existía relación entre el homicidio de Francisco y el de Héctor Félix Miranda, sucedido en 1988.
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El 24 de junio de 2004, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, declaró en conferencia de prensa -donde anunció la captura del sicario Mario Alberto Rivera López- que estaba en posesión de elementos para “suponer que integrantes del Cártel de los hermanos Arellano Félix” eran los responsables del ataque a Francisco.
Casi un mes después, un 23 de julio de 2004, con información de las autoridades locales, ZETA publicó una lista de sospechosos del crimen del editor de este Semanario.
Fueron señalados como sospechosos de la autoría intelectual: Jorge Hank Rhon, entonces candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Arturo Villarreal y Eduardo Ronquillo, apodado “El Niño”, del Cártel Arellano Félix. Además, como sospechosos de autoría material: Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca”, de “Los Zetas”; Eduardo Ronquillo y Armando Gálvez Flores, perteneciente al grupo “Barrio Logan”.
También investigaban a los informantes del periodista, David Valle y José Encinas Filatoff, “…y la posible implicación” de por lo menos dos agentes ministeriales que acompañaron a Ronquillo.
En agosto del mismo 2004, el Gobierno Federal atrajo el caso. En septiembre, una delegación del Comité para la Protección a los Periodistas (CPJ), Joel Simon y Carlos Lauría, estuvo en Tijuana para recolectar información del expediente de “Pancho” y publicar, en noviembre de ese año, el informe titulado “Bajo Fuego”, que describe cómo la guerra entre carteles del narcotráfico puso en peligro a los periodistas.
El 21 de agosto de 2005, el CPJ presentó el caso de Ortiz Francisco como parte del Proyecto Impunidad en la Ciudad de México, y José Luis Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, les informó y ellos lo hicieron público, que el CAF era el responsable del asesinato. Vasconcelos señaló como presuntos responsables a Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño” -apareció calcinado el 10 de octubre de 2004-, a Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón” -preso en 2006- y a Jorge Briceño “El Cholo”, desaparecido desde 2008.
Desde Nueva York, el 17 de agosto de 2006, el Comité para la Protección de los Periodistas solicitó “… a las autoridades mexicanas a investigar la supuesta participación de Arturo Villarreal en el asesinato en junio de 2004 del editor de un semanario de Tijuana”, pero no ocurrió. El homicidio de Francisco fue mencionado por la fiscal estadounidense de la Corte del Distrito Sur de San Diego en el juicio contra Francisco Javier Arellano Félix y Arturo Villarreal Heredia, en la formulación de cargos, pero no se volvió a tratar el tema en el juicio. Ni en México, ni en Estados Unidos.
En junio de 2010, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la impunidad en el homicidio de más de 50 periodistas en México, y presentó el documental “El Crujir de las Palabras”, referente al caso de Ortiz Franco. Y a nombre de la SIP, Ricardo Trotti anunció que ante la falta de resultados llevarían el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Trece años después del asesinato de Francisco Javier Ortiz Franco, los compromisos, las promesas, las declaraciones, siguen sin cumplirse; las palabras mencionadas por Gabriela, esposa y viuda de Francisco, en aquella reunión de la SIP, son más válidas que nunca:
“Si la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, en este y todos los casos similares a los de Francisco, la justicia no se ve por ningún lado… a seis (13 en este 2017) años de la desaparición física de Francisco Ortiz Franco, el reclamo sigue siendo el mismo: castigo a quienes ordenaron y a quienes materialmente le quitaron la vida”.
