Terrenos que surgieron en plena lucha de la disidencia de maestros y que parecían un sueño hecho realidad en un fraccionamiento propio, representan hoy un viacrucis para decenas de colonos que -luego de casi 20 años- no han podido regularizar, mientras el líder cobra Impuesto Predial, Seguro Social y vigilancia
Demandas cruzadas, acusaciones de fraude, de irregularidades y de mucho dinero de por medio, es el clima que se vive al interior del fraccionamiento Maestros Democráticos de la Base, donde un grupo acusa al profesor Ricardo Romo Castro de abuso de confianza, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, aparte por múltiples irregularidades cometidas en su gestión, lo que no ha permitido que, luego de más de veinte años, los terrenos sean regularizados.
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Aun así -señalan-, cobra el Impuesto Predial, pese a que ese gravamen no se ha pagado, no han podido escriturar los terrenos y además ha convertido al fraccionamiento y sus residentes en un feudo. Les cobra vigilancia, Seguro Social y ha llegado al extremo de quitarles su vivienda a quienes han intentado rebelarse.
Ricardo Romo asegura que sus detractores son unos cuantos -no más de una docena- que no han pagado, que son unos corruptos, y que él tiene el apoyo de la gran mayoría de los residentes, que han logrado crear un fraccionamiento tranquilo, organizado.
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De la disidencia a las irregularidades
El Movimiento Democrático de la Base (MDB) fue un grupo de la disidencia magisterial surgido en los 80s -cuando gobernaba el PRI-, encabezaba marchas, plantones, huelgas de hambre y toma de oficinas, sobre todo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI). Uno de los líderes era el profesor Ricardo Romo, De la Delegación DI6, caracterizado por su combatividad y liderazgo.
En 1992 participó en la contienda por la Secretaría General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Su movimiento cuestionaba el charrismo magisterial que entonces representaba Elba Esther Gordillo -hoy encarcelada- y en el fraccionamiento resaltan los nombres de las vialidades en honor a líderes sociales, magisteriales, activistas y guerrilleros: Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, Arturo Gámiz -de la Liga 23 de Septiembre- y Emiliano Zapata.
El 27 de septiembre de 1993 fue constituida la Asociación Civil Maestros Democráticos de la Base, y en la primera mesa directiva figuraban Ricardo Romo, Adolfo Ambriz, Irma Lara, Elsa Osuna y Eduardo Zamora. La primera medida fue la adquisición del terreno, luego vendría la gestión de una serie de préstamos del ISSSTECALI para la construcción a urbanización.
El fraccionamiento fue creado en una franja de terreno con magnifica ubicación -a un costado del Bulevar Gómez Morín, en la Zona Oriente-, consta de tres polígonos donde se ubican cerca de 188 lotes. “El problema es que nunca regularizó la propiedad de esos tres polígonos, les ofreció muchos servicios y atenciones y nunca les ha cumplido, sin embargo, les ha cobrado conceptos que no han cumplido”, explica el abogado Ramsés Celaya, quien representa a 14 posesionarios del fraccionamiento.
De acuerdo al abogado, de los tres polígonos, Romo adquirió uno y lo puso a nombre de la asociación civil -cerca de 38 lotes-, el segundo, que abarca cerca de 120 lotes, lo compró a los propietarios a plazos, pero nunca lo liquidó.
Ricardo Romo, movimiento magisterial; Ricardo Romo, enero 2017: Urbano Chavez, INDIVI
“Demandaron a Romo por la cancelación del contrato y él los contrademanda a título personal por la prescripción y extrañamente gana. Y es que para que opere la prescripción tienes que estar en posesión física y material del inmueble, y lo mínimo era ofrecer una inspección para que viera el juez”, refiere Celaya. En ese inter, uno de los titulares del predio falleció.
Luego de ganar el juicio, Romo no lo inscribió en el Registro Público, al parecer -asume el abogado- para no pagar impuestos por la compraventa. Eso ha significado que el polígono siga oficialmente a nombre de los originales propietarios, lo que significa no han pasado el fraccionamiento al ayuntamiento, aun cuando Romo les ha cobrado el Impuesto Predial, además de una serie de cuotas.
“Una parte del fraccionamiento está construida en zona federal, era un dren de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y hasta ahí construyeron una hilera de casas”, comenta el abogado, quien considera que las autoridades han sido demasiado omisas, aunque en el caso del ayuntamiento los tres predios están embargados por la falta de pago del Impuesto Predial, adeudo calculado en más de 3 millones de pesos.
Bajo el supuesto de administración fraudulenta, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, han presentado dos demandas penales. “Como asociación civil le vamos a exigir los informes financieros, los informes de gastos que se supone (Romo) debiera tener al dedillo pero que nunca ha rendido, vamos a solicitar la remoción de la mesa directiva”, y muestra los recibos que sus clientes han pagado por cobros de gastos de entrada, de escrituras, gestión, gestoría, Impuesto Predial y Seguro Social.
Testimonios
La maestra jubilada Ofelia Morales Lomelí comenta que desde 2002 demandaron -primero por la vía civil- a Romo, en su caso porque no le quiso entregar su vivienda, ya que no le firmó un pagaré en blanco, aun cuando ya le había entregado al dirigente cerca de 250 mil pesos. “Para argumentar la firma del pagaré dijo una tontería, que era para protegernos, que si él tenía un accidente, con eso nos protegía, con el pagaré”.
A través de Adolfo Ambriz, Romo le solicitaba 120 mil pesos al contado para poder entregarle su vivienda, revisó su casa y aún estaba en “obra negra”, además, le llegaban recibos de energía eléctrica y no tenía ese servicio. La demanda civil no prosperó y ahora emprenderá un litigio por la vía penal. La profesora Morales comenta que le quitaron su casa y aparentemente fue vendida de nuevo.
Por su parte, Eduardo Zamora, uno de los maestros que interpuso demanda, busca regularizar la posesión en la que actualmente viven. Han investigado en el Instituto de la Vivienda, en el Registro Púbico, en el Ayuntamiento y han descubierto que se deben más de 3 millones de pesos en Predial. Solo uno de los polígonos aparece regularizado en el Registro Público de la Propiedad.
En la búsqueda de la regularización de los predios, el departamento de Catastro les pide un deslinde, y cuando intentaron meter al topógrafo se suscitó un incidente: Romo no lo dejó entrar.
“Lo que estamos buscando es la clave catastral provisional, para eso necesitamos la certificación de la posesión”, asegura Zamora. La maestra Amanda Bambilla complementa que hay colonos que han pagado 20 mil o 25 mil pesos por “impuestos prediales atrasados”.
Copias de recibos
“El problema aquí es que hay un fallo de un juicio que ganó el profesor Ricardo Romo junto con Adolfo Ambriz, donde ellos se adjudican de manera personal el polígono, que es el más grande. En lugar de hacerlo a nombre de la asociación civil, el fallo sale a nombre de ellos y el terreno jamás lo inscribieron en el Registro Público de la Propiedad”, argumenta Rodrigo Pedrín.
En su versión, Romo ha estado cobrando a muchos maestros entre 40 mil y 80 mil pesos para escriturar la casa. “Le ha estado apostando a que los maestros ignoran ese fallo y que el terreno no está regularizado, que ni siquiera él tiene la titularidad el terreno”.
Ana Gabriela Rubio comparte que su madre era parte de la asociación y murió hace seis años: “Cuando ella falleció, (Romo) me dijo que no iba a tener ningún problema con esa propiedad. Al principio me la pintó muy sencilla, pero después empezaron a ponernos dificultades, a tratarnos de una manera hostil. Él establece reglas, decide y no toma opinión de nadie”.
Otra de las maestras, María Teresa, comenta que inició en el proyecto en 1991, cansada de dar dinero, se quiso salir antes del año 2000, pero Romo le mandó gente del ISSSTECALI a su salón de clases para insistirle que siguiera en el proyecto, ya que si no firmaba, no podrían obtener el préstamo para la construcción de las viviendas. El líder le aseguró que en ocho años su casa estaría liquidada, por lo que aceptó y firmó. Pero en 2007 le informaron que “se habían equivocado en las cuentas” y que la casa no estaba finiquitada, debía 140 mil pesos. Ella se negó a solicitar otro préstamo.
Un año después le llegó un documento de un despacho jurídico para cobrarle el supuesto adeudo. “Yo le dije que no me negaba a pagarle, pero que me diera las escrituras. Jamás me volvieron a dejar estas hojas de cobro, prácticamente me sacó del grupo”.
El tema “reapareció” a raíz de una demanda mercantil interpuesta por Romo contra ella, donde el ex líder magisterial utilizó un pagaré por 384 mil pesos, documento que ella le firmó en blanco.
“No soy corrupto”: Romo
Ricardo Romo narra que el fraccionamiento se creó con mucho esfuerzo, contando con el apoyo del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel para la gestión de créditos y compra del terreno.
En ese tiempo el director de Inmobiliaria del Estado era Francisco Vega de Lamadrid, “en su oficina de Inmobiliaria se compró un terreno, se compró posesión y propiedad a los dueños que él nos presentó, se hizo un contrato privado. Ruffo nos ayudó a conseguir unos préstamos a través de Banoro, con eso se compraron los terrenos, tres polígonos a tres personas”, detalló Romo, quien no recuerda el precio, aunque aclara se negoció y logró bajarlo un 40 por ciento, “batallamos mucho, incluso la profesora Elba Esther Gordillo se opuso al fraccionamiento”.
Con la llegada de Héctor Terán, lograron un acuerdo de continuar con los apoyos, pero el gobernante murió -octubre 1998- y se perdió la continuidad.
Según Romo, solo una parte de los terrenos fueron escriturados a nombre de la asociación civil: “La otra parte no la escrituramos porque no había movimiento, no teníamos dinero, hubo desánimo, mucha gente se salió”.
Con el apoyo del perredista Abraham Correa -que un tiempo fue presidente del Congreso- se les facilitó dinero para la construcción al parecer con créditos que salieron desde Finanzas del Estado con descuentos vía nómina. Luego obtuvieron créditos del ISSSTECALI de entre 5 mil y 200 mil pesos para la edificación de casas.
Romo refiere que originalmente salió un solo cheque: “A nombre de la asociación civil o a nombre mío, ya después si salían a nombre de ellos, entonces me los endosaban a mí para yo poder entregarles su casa”. Agrega que con la llegada de Carlos Castro a la dirigencia del SNTE 37, el gobierno estatal suspendió el flujo de dinero, por lo que no alcanzaron a terminar el programa de vivienda.
En ese contexto justifica que algunos maestros que ya habían salido del grupo intentaron regresar, mientras otros se pusieron al corriente. También, que hubo intentos desde la dirigente del SNTE de obstaculizar y destruir el fraccionamiento. “Ahí es donde iniciaron los problemas porque alguna gente sí les hizo caso, aun teniendo casas asignadas, empiezan a demandarme, sin ningún motivo”.
Se le pregunta por qué no se ha regularizado el terreno, y responde: “El problema es que yo no soy constructor, no soy proyectista, desconozco todo eso”. Recuerda que desde aquel tiempo se entrevistaron con el entonces alcalde Francisco Pérez Tejada (padre), quien les prometió otorgarles el estudio de Impacto Ambiental.
Hoy día, “hay una fracción que se está escriturando a través de Inmobiliaria. Empezaron a salir los títulos, pero hay un grupo de personas que está contra, no quieren pagar”. En ese rubro menciona la negativa al pago de Impuesto Predial o los guardias de seguridad.
Mas recibos
De los tres polígonos que componen el fraccionamiento, uno ya se está escriturando y los otros dos aparecen a su nombre, pero “ya se hizo la cesión a la asociación civil”, expone Romo. El siguiente paso sería regularizar para empezar a desincorporar, hacer levantamiento casa por casa e inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad.
Informa que ya hay un contrato con el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), y que al publicarse, “doce personas se enfurecieron, andan muy molestos y me andan tirando bronca en todas las oficinas de gobierno, Facebook, en las redes”, personas que, sostiene, “deben la casa, deben el Predial y tienen el cinismo de decir que pagan Predial, que me lo pagan a mí.”, al tiempo que pretende lograr un convenio con el Ayuntamiento para pagar el Impuesto Predial atrasado, para lo cual busca un crédito.
Sobre el cobro de Seguro Social a los colonos, Romo justifica que se debe a la cuota a pagar al organismo por la construcción de las viviendas, la cual se calcula por metro cuadrado. Respecto a la falta de informes sobre las finanzas, niega el señalamiento. “Es completamente falso”, y afirma, al inicio a todos los miembros de la asociación civil se les entregó una clave para que pudieran revisar las cuentas, pero luego -en el marco de una demanda contra la AC por incumplimiento de contrato- “se acordó el no volverá dar todo ese tipo de información”.
