Un comerciante, titular del permiso DZC2501 que le faculta para colocarse sobre la banqueta de la Calle Juan Ruiz de Alarcón, frente a Centro de Gobierno, señaló de acoso a Manuel Rodríguez Córdova, jefe de Ingeniería y Mantenimiento de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
La calle “parece sobre-ruedas”, fue la observación que le hizo a principios de junio de 2016 el funcionario, expuso el quejoso, quien optó por el anonimato. Indicó que Rodríguez Córdova le reclamó el no haberlo considerado antes de instalar su negocio, “antes de hacer cualquier trámite, cualquier plan con Reglamentos, yo debí de haber ido con él a ponerme de acuerdo”, lo que el comerciante interpreta como la sugerencia de “un moche”.
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Expuso que el empleado de Oficialía Mayor le concedió 2 semanas para que se reubicara, lapso durante el cual estuvo acercándose al negocio del afectado, sin haberlo hecho durante los 5 años previos en que el mismo ha operado en dicha locación, “solo me hacía saber que la advertencia iba en serio, ya que la indicación venía directamente de Oficialía Mayor (OM)”. El afectado dijo que buscó al delegado de OM en Tijuana, Manuel González Reyes, quien le aseguró ser ajeno a dicha indicación, comprometiéndose a investigar el tema. González Reyes no volvió a recibir al vendedor.
En ese periodo también se presentó personal de Inspección y Reglamentos del municipio de Tijuana, quienes le requirieron su permiso, el cual le fue retenido, “me dijeron que se encontraba vencido y tenían la indicación de desalojarme y cerrar el puesto por una queja de un funcionario de Gobierno del Estado”, comentó. No obstante, los empleados municipales le permitieron operar su negocio en el mismo sitio, aunque el permiso no le fue devuelto.
Entonces el vendedor optó por presentar queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en Contraloría de Gobierno del Estado, mismas que se encuentran en integración. Tanto el Delegado de OM, Manuel González Reyes como Rodríguez Córdova dieron respuesta a ZETA a los señalamientos realizados por este comerciante, negando que haya existido acoso alguno.
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El delegado aseguró que para que un comerciante pueda operar sobre la vialidad pública necesita de la venia o la autorización de los dueños de los locales o domicilios frente a los cuales vaya a colocarse, previo a la otorgación del permiso por parte del Ayuntamiento. Aseguró que Gobierno del Estado no puede otorgar dicha autorización debido a que la zona está prohibida por el artículo 12 del “Reglamento para regular las actividades que realizan los comerciantes ambulantes, de puestos fijos y semifijos, y los de mercados sobre ruedas para el municipio de Tijuana”.
Dicha disposición prohíbe la expedición de permisos para comercio semifijos en el primer cuadro de la ciudad, comprendiendo entre otras vialidades aquellas aledañas a la Primera Etapa de la Zona Urbana del Río Tijuana, por lo que el Ayuntamiento habría violado su propia legislación al expedir permiso al quejoso, señaló Rodríguez Córdova.
“No se le ha restringido”, aseguró González Reyes, aduciendo que por parte del Gobierno del Estado no existe una intención de limitar al afectado en la operación de su negocio, pero sí buscará que el comerciante pueda reubicarse a una zona “donde no sufra afectación”.
Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal informó que el permiso del quejoso se había retenido por la expedición de una multa, la cual le fue cancelada y el permiso devuelto.
